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Independencia para dejar en el olvido el 3%

El avance del secesionismo coincide con la acumulación de pruebas de la corrupción de Convergència

Un guardia civil, durante el registro de la sede de Convergència en 2015. En vídeo, declaraciones de los candidatos en plena campaña electoral catalana. FOTO: EL PAÍS / VÍDEO: ATLAS

Aquella foto es irrepetible. Primero, porque solo uno de sus protagonistas —el defensor del pueblo catalán, Rafael Ribó— sigue en su puesto. Y, sobre todo, porque la situación política en Cataluña la hace, a estas alturas, inviable. En febrero de 2013, con el proceso independentista ya en marcha aunque en estado embrionario, Artur Mas convocó con toda la pompa una “cumbre anticorrupción”. Acudieron a la cita, en el Palau de la Generalitat, todos los cargos institucionales involucrados en combatirla. Entre otros, el fiscal superior de Cataluña, Martín Rodríguez Sol —más tarde forzado a dimitir por defender una consulta “legal”—; el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso —destituido por sus conspiraciones políticas con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz—, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, hoy al frente de Antifraude.

Mas se encontraba ya contra las cuerdas. Tras una primera y breve legislatura en la que había acometido los mayores recortes en salud y educación con apoyo del Partido Popular, el president salió al paso de las críticas anunciando, para las elecciones de noviembre de 2012, la celebración de un referéndum sobre la independencia. El procés se ponía en marcha. Para entonces, el oasis catalán ya era historia y la corrupción de Convergència empezaba a aflorar en los tribunales. El caso Palau había aportado indicios sólidos de que Convergència, el partido de Mas, había cobrado 6,6 millones de euros en comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública durante el último Gobierno de Jordi Pujol (1999-2003). El caso ITV, por su parte, señalaba directamente a un peso pesado del nacionalismo: Oriol Pujol, número dos de Convergència, hijo del expresident y destinado a sucederle. Este verano, el delfín de Mas ha aceptado una condena de dos años y medio por cobrar sobornos y por un delito de tráfico de influencias.

Tras reunir en el Palau a fiscales, jueces y altos cargos institucionales, Mas se mostró satisfecho. Todos habían aportado sus ideas para combatir la corrupción. Él mismo se mostró partidario de hacer “limpieza”. Entre otras cosas, por el bien del procés: “Estamos en un momento muy delicado desde el punto de vista económico y del proceso nacional”, dijo Mas. “Ahora más que nunca”, añadió, “es necesaria esa percepción de que aquí las cosas funcionan bien y de que la gente aquí tiene un comportamiento honesto”.

Casi cinco años después de aquel encuentro imposible —la Fiscalía se querelló contra Mas por la consulta del 9-N y el TSJC le condenó por desobediencia— aquellas promesas de regeneración han quedado en nada. Las propuestas de mayor transparencia murieron ahogadas por una prioridad más perentoria (el procés) y, también, por el estallido de nuevos escándalos de corrupción (el caso 3%) que obligaron a Convergència a reinventarse y a cambiar su nombre por el de PDeCAT.

Huida desesperada

La interpretación más común entre los partidos no independentistas es que la apuesta de Mas —y con él, de la antigua Convergència— por recorrer la senda de la secesión no fue más que una desesperada huida adelante. El expresident necesitaba superar dos circunstancias adversas para garantizar su supervivencia política en Cataluña. Por un lado, las críticas por el tijeretazo: en 2011, durante el debate de los Presupuestos que aprobaron el plan de austeridad, tuvo que acceder al Parlament en helicóptero por las protestas de los indignados, que rodearon el hemiciclo. Por otro lado, el bochorno causado por el alud de casos de corrupción. “Han tapado la corrupción con una gran estelada”, insiste estos días de campaña, por ejemplo, la candidata de Ciudadanos a la presidencia de la Generalitat, Inés Arrimadas.

En sentido contrario, los independentistas creen que el Gobierno de Mariano Rajoy aprovecha el desafío secesionista para ocultar los casos de corrupción que afectan a su partido. Al combatir a los independentistas, argumentan, el Ejecutivo desvía la atención sobre otros asuntos. La alusión a las “cloacas del Estado” y a la “guerra sucia” promovida por sectores del Ministerio del Interior ha sido constante en los años de procés en Cataluña.

Al margen de esa supuesta mano negra, lo cierto es que la corrupción (vieja y nueva) ha seguido aflorando ya en pleno auge del procés. En el verano de 2014, mientras la Generalitat preparaba el referéndum de independencia del 9 de noviembre de ese año —que no tenía carácter vinculante, pero que acabó celebrándose pese a ser prohibido por el Tribunal Constitucional— salían a la luz dos de los casos más sonados. Por un lado, el caso 3%, que investiga cómo el presunto pago de comisiones a Convergència por obra pública siguió en marcha también en época de Mas. Por otro lado, la confesión del expresident Pujol sobre la existencia de una herencia familiar oculta en Andorra y de origen sospechoso.

Olvidada por los independentistas por las urgencias del procés, otros sí que se acuerdan de la corrupción. Como Gimeno, que acudió a la cita con Mas como jefe del TSJC y que desde hace un año dirige el organismo de lucha contra el fraude en Cataluña. Días antes del inicio de la campaña, Gimeno pidió a los partidos que incluyeran, en sus programas, medidas de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, proteger a los alertadores, las personas que denuncian prácticas irregulares. Le han hecho caso a medias. Lo que Gimeno no ha logrado, sin embargo, es que la corrupción ocupe el lugar que, por su repercusión social, merece. El debate sobre cómo combatir esta lacra apenas goza de espacio en los mítines y actos electorales de una campaña polarizada por la independencia. Cuando aparece, la corrupción lo hace solo como arma arrojadiza contra el rival.

Los candidatos están pasando, al menos por ahora, de puntillas por la corrupción. Si la mencionan, nunca es para admitir la propia, sino para denunciar la de los demás. Se convierte así en un argumento más para combatir al adversario. Lo hizo en el arranque de campaña el expresident Carles Puigdemont. Afirmó, por videoconferencia desde Bruselas, que los catalanes tienen memoria, “no como los discos duros” del PP. Una alusión a la reciente decisión de una juez de Madrid de llevar a juicio al PP por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas.

Puigdemont eludió, en cambio, los casos que afectan a su partido, Convergència. Centrado en denunciar la represión del Estado (155, “presos políticos”...) ni Puigdemont ni su equipo parecen recordar las viejas promesas convergentes de hacer más transparente la gestión pública. Evitar otro caso Palau o un nuevo caso 3% ya no es una prioridad. Ni siquiera cuando está próxima a conocerse la sentencia por el expolio del Palau de la Música, que podría probar por primera vez la financiación irregular de la formación nacionalista.

Arrimadas sí recuerda el caso 3% que, aunque está en fase de investigación, acumula indicios sólidos contra figuras como el exdiputado Germà Gordó. La candidata de Ciudadanos no desarrolla demasiado el discurso, sino que cita el 3% solo como una razón más para acabar con el procés. La munición la tenía preparada ya en la recámara el primer día de campaña y dispara con ella a diario: “Hemos escuchado cosas como el ‘Espanya ens roba’, esa frase maldita que han utilizado para tapar lo que se estaba robando con el tres, el cuatro y el cinco por ciento en Cataluña”.

Los rivales directos de Junts per Catalunya —en el bloque independentista— y de Ciudadanos —en el constitucionalista— mantienen un calculado silencio. Esquerra Republicana apenas ha abordado el asunto: la número dos de la candidatura, Marta Rovira, ha aludido a una “república sin corrupción”, mientras que Toni Castellà ha pedido a la gente “honesta” que antes votaba a Convergència que lo haga esta vez en favor de los republicanos. Las referencias del PSC también son tangenciales. El candidato a la presidencia de la Generalitat, Miquel Iceta, dice que será un presidente honesto. “No porque no robe, sino porque no engañaré a los catalanes”.

Nadie hace bandera

Más a la izquierda, la CUP y Catalunya en Comú-Podem tampoco han hecho por ahora bandera de la lucha contra la corrupción en sus mítines, pero son los dos partidos que recogen en sus programas un mayor número de propuestas. Los anticapitalistas abogan por una “república con corrupción cero” y plantean incorporar el delito de enriquecimiento ilícito —que existe en Francia, pero no en España—; por dotar de más recursos a policía y jueces y por fiscalizar al mismo nivel a los partidos que a sus fundaciones afines. La candidatura de Xavier Domènech, por su parte, plantea que las empresas con condenados por corrupción o con sucursales en paraísos fiscales no puedan contratar con la Administración pública.

Casi todos los partidos aluden a la necesidad de blindar a los alertadores, de limitar los aforamientos y de controlar mejor las puertas giratorias y las incompatibilidades de altos cargos. Con variantes, la CUP, Podem, Ciudadanos y ERC —esta última subraya que sea Antifraude la que asuma esas competencias— coinciden en esos planteamientos.

Los más rácanos con la corrupción en sus programas electorales son el PSC, el PP y Junts per Catalunya. Los socialistas ni siquiera mencionan la palabra “corrupción” y hablan solo de mayor “transparencia” e “integridad” en la contratación pública y en la Administración. También de forma genérica, la candidatura que encabeza Puigdemont pide “fortalecer los mecanismos” de prevención y adoptar, en la futura república, los “estándares más avanzados” para lograr “tolerancia cero”. El PP, por su parte, solo se compromete a “un Gobierno limpio y leal” y a no llevar imputados en sus listas.

Dos comisiones, pero pocos avances reales

El Parlamento catalán ha debatido a fondo sobre la corrupción en dos ocasiones a lo largo del procés. La primera fue en 2015 en la llamada “comisión de investigación sobre el fraude y la evasión fiscal”, que se constituyó tras la confesión del expresidente Jordi Pujol de que su familia había mantenido una herencia oculta a Hacienda, durante más de 30 años, en Andorra. Además del show provocado por la presencia de casi todos los miembros de la familia Pujol —la matriarca, Marta Ferrusola, defendió que su familia no tiene apenas patrimonio—, la comisión no sirvió demasiado para avanzar en medidas contra la corrupción. Pujol fue reprobado, lo mismo que otros cargos políticos (Alicia Sánchez Camacho, Manuel Bustos o Jorge Fernández Díaz).

En abril de 2017 concluyó una segunda comisión de investigación, bautizada en esa ocasión como “comisión de estudios de medidas contra la corrupción”, en el que se dio vía libre a casi 250 propuestas para mejorar la transparencia y las buenas prácticas en la administración. Entre otras recomendaciones, la Cámara autónoma pidió el despliegue de la ley de transparencia, que se facilite el acceso a la información por parte de la ciudadanía, que se refuerce el régimen de incompatibilidades, que no haya candidatos imputados en las listas electorales o que se prohíban las donaciones a las fundaciones de los partidos. Con todas las energías del Gobierno catalán y de los partidos puestas en el referéndum del 1 de octubre —para impulsarlo o para evitarlo, según los casos—, las propuestas han quedado por ahora en un cajón.

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