Palau, ITV y 3%: la corrupción que no cesa

Caso Palau.  El caso Palau arrancó en el verano de 2009 con el registro, por parte de los Mossos d’Esquadra, del Palau de la Música. La Fiscalía había descubierto el desfalco de la emblemática institución cultural catalana a manos de quienes fueron hasta entonces sus dos máximos responsables: Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. Ambos confesaron parcialmente los hechos, aunque finalmente se descubrió que el expolio asciende a más de 20 millones de euros. La investigación no solo destapó que Millet y Montull usaron el Palau para sufragar sus carísimos gastos personales —incluidos viajes a lugares exóticos—, sino que reveló, también, la supuesta financiación irregular de Convergència. Los documentos, anotaciones y, ya en el juicio, la confesión de Millet, Montull y algunos empresarios probaron que el partido nacionalista había recibido 6,6 millones de euros en comisiones ilegales de parte de Ferrovial. La compañía camuflaba los sobornos como donaciones  altruistas al Palau. A cambio, supuestamente, recibió la adjudicación de grandes obras públicas en Cataluña bajo el último Gobierno de Jordi Pujol, como la construcción de la línea 9 del metro o de la Ciudad de la Justicia, el espacio en el que, curiosamente, se celebró el juicio la pasada primavera. El caso está pendiente de sentencia, que podría probar por primera vez la financiación irregular de Convergència. El extesorero Daniel Osácar es el único miembro del partido procesado y la fiscalía pide para él ocho años de cárcel como presunto intermediario en el pago de comisiones. En el juicio, Millet y Montull confesaron que las comisiones eran del 3% y hasta del 4% por obra pública adjudicada. Y que ellos se prestaron al juego a cambio de recibir una parte.

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Caso ITV. El caso de las ITV estalló en marzo de 2012 con la detención de altos cargos de la Generalitat. La Fiscalía Anticorrupción investigaba el presunto amaño de concursos sobre estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) a favor de determinadas empresas. El avance de las pesquisas permitió comprobar que en la trama estaba implicado Oriol Pujol, entonces secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Ya en julio de 2012, un informe de la Agencia Tributaria le situó como jefe político de la trama que, además, pretendía hacer negocios fraudulentos en el sector de la eficiencia energética. Pujol aportaba su influencia política a cambio de favorecer a las empresas de la trama. Según la Fiscalía, Oriol Pujol aprovechó su “doble condición” de presidente del grupo parlamentario de CiU y de número dos de Convergència para colocar a un  hombre de su absoluta confianza como responsable de gestionar las ITV. Las intervenciones telefónicas permitieron ir más allá y probaron que Pujol intermedió para que un amigo suyo, Sergi Alsina, cobrara cantidades millonarias a cambio de negociar en las deslocalizaciones de Sony, Sharp y Yamaha. Pujol cobraba a través de su esposa, Anna Vidal, que emitía facturas falsas a Alsina por supuestos trabajos (inexistentes, en realidad) de asesoramiento. En verano, Oriol Pujol aceptó su responsabilidad en los hechos y asumió una condena de dos años y medio de cárcel, la mitad de los cinco que inicialmente solicitaba la Fiscalía.

Caso 3%. El caso 3% también nació como un asunto relativamente menor: en junio de 2014, ya en pleno proceso independentista, la Guardia Civil detuvo al alcalde de Torredembarra (Tarragona), el convergente Daniel Masagué, por cobrar determinadas cantidades de la empresa Teyco a cambio de adjudicaciones. Pero la labor de los investigadores pronto se extendió y, registro tras registro, lograron probar la existencia de una enorme red de pago de comisiones que involucra, presuntamente, a algunos de los máximos responsables de Convergència. La causa aún se investiga. Están imputados, entre otros, dos extesoreros de Convergència —el citado Osácar y su sucesor, Andreu Viloca—, el director general de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y el exgerente del partido, hombre de la máxima confianza de Mas y diputado Germà Gordó. Todos ellos, junto a diversos empresarios, son investigados por el pago de comisiones. Los empresarios hacían donaciones a dos fundaciones afines al partido que, en realidad, encubrían el pago de mordidas. La Guardia Civil se ha incautado de documentos en los que se pone de relieve la existencia de un porcentaje (el 3%) sobre el importe de adjudicación de las obras.