Bruselas investiga si Botella usó un ardid para reducir la contaminación en Madrid

Ha pasado tanto tiempo que casi nadie se acuerda ya de la enorme polémica que se generó cuando, en 2009, Ana Botella anunció que iba a remodelar la red de medición de la calidad del aire de la ciudad. Ese año era el último en el que Bruselas pasaba de recomendar unos niveles máximos permisibles de contaminación a exigir que no se superaran. A partir de 2010, los países miembros que no evitaran que sus ciudadanos respiraran aire contaminado se iban a enfrentar a cuantiosas sanciones. El Ayuntamiento propuso pasar de 27 estaciones a 23, y lo hizo eliminando algunas, cambiando de sitio otras y añadiendo nuevas.

Lo que hizo que oposición y ecologistas pusieran el grito en el cielo fue la selección de las que debían desaparecer. Precisamente las situadas en los puntos negros de la contaminación de la ciudad, las zonas con más tráfico y que tradicionalmente registraban los niveles más altos de dióxido de nitrógeno (NO₂), un gas tóxico que irrita las vías respiratorias y que proviene principalmente de los tubos de escape de los coches diésel. De los 15 puntos con los peores registros en 2009, Botella eliminó 11.

Siete años después y con la polémica olvidada, la Comisión Europea se ha dado cuenta de que Madrid dejó de medir la contaminación precisamente en las estaciones más comprometidas y cree que los datos que le ha enviado España desde 2010 pueden no corresponder a la realidad de la situación: “Las altas concentraciones medidas en el pasado en los citados puntos de muestreo y la ausencia de mediciones en los últimos años ponen en cuestión la situación real de la zona de calidad del aire ES1301 Madrid”, señala el documento que la Comisión envió a España en febrero dentro del procedimiento de infracción abierto por la mala calidad del aire en Madrid, Barcelona y la zona del Vallès-Baix Llobregat.

Según fuentes comunitarias consultadas por EL PAÍS, en estos últimos meses Bruselas ha enviado una comunicación oficial a España preguntando específicamente por esta cuestión y España acaba de responder. La contestación se está analizando en el departamento de Medio Ambiente, que aún no ha tomado una decisión sobre el caso. El equipo de Vela también deberá decidir en breve si lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por incumplir la directiva de calidad del aire, como ya ha hecho con Bulgaria y Polonia, por las partículas PM10, otro contaminante en el que España también ha incumplido la legislación europea.

Además de constatar que entre 2010 y 2015 España superó los límites permitidos de NO2, “la Comisión observa que la notificación de datos se interrumpió en varias estaciones en 2008 y 2009 (sin que se reanudara con posterioridad), y que las estaciones en las que se interrumpió la notificación fueron aquellas en las que se midieron las concentraciones más elevadas en ese periodo”, asegura el documento enviado a España en febrero.

Una de las estaciones por las que pregunta Bruselas es la que obtuvo el récord de contaminación en 2009, la situada en la plaza del doctor Marañón, donde convergen los 10 carriles del paseo de la Castellana con los seis de José Abascal y María de Molina. A partir de 2010, la Comisión Europea obligaba a que la concentración media anual de dióxido de nitrógeno no superara los 40 microgramos por metro cúbico, como límite de protección a la salud. En Doctor Marañón se registraron más del doble, 82. La solución fue retirar esa estación y poner otra unos 200 metros más al norte, abrigada del meollo del tráfico, en los jardines del Museo Nacional de Ciencias Naturales.

El Ministerio de Medio Ambiente no comentó la nueva investigación de la Comisión Europea. El Ayuntamiento de Madrid señaló que “no defiende el cambio que se hizo en la red”, pero recordó que estuvo “avalado por el Ministerio de Medio Ambiente y cumple las exigencias de la directiva comunitaria”. Una portavoz añadió: “La Comisión no ha pedido más estaciones, pero el Ayuntamiento está abierto a cambios si así se considerara”. 

La Fiscalía avisó

Cuando Madrid, con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde, dejó de medir la contaminación en las zonas del centro con más tráfico no solo se quejaron la oposición y los ecologistas. Un año después, el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, envió un contundente informe de 34 páginas al Ayuntamiento de Madrid en el que le acusaba de “maquillar” el nivel de contaminación que estaban respirando los ciudadanos. “Ni siquiera la reubicación de algunas estaciones de medición ha servido para maquillar un resultado que a todas luces cabe calificar de grave”, decía el escrito, en el que Vercher solicitaba que se identificara a quien había ordenado la reubicación, con qué informes y qué técnicos informaron a favor, como un primer paso para actuar contra el responsable del cambio.

Vercher llegó a mandar al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares de donde habían desaparecido las del Consistorio. Las mediciones mostraron que la calidad del aire seguía siendo igual de mala. Sin embargo, sobre el papel, la ciudad estaba menos contaminada. Con los cambios de estaciones, Madrid había reducido en solo un año de 55 a 44 la media anual de NO2. Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, recuerda que el cambio se hizo in extremis, antes de que entrara en vigor la normativa europea que prohibía eliminar estaciones o cambiar su ubicación si en ellas se habían superado los límites, precisamente para poder comparar la evolución en el tiempo. Su organización decidió no insistir en la denuncia de la trampa. “Fue un auténtico fraude, pero legal”, asegura.