Trabajadores de la Generalitat rechazan el artículo 155

Unos 500 funcionarios de la Generalitat protestaron ayer contra la aplicación del artículo 155 en la plaza Sant Jaume de Barcelona por considerar que “vulnera sus derechos laborales”. Convocados por la llamada Asamblea de Trabajadores por la Defensa de las Instituciones Catalana (ADIC), dos funcionarios leyeron un manifiesto en el que aseguraron que la intervención del Gobierno es un “ataque directo a los trabajadores”. Los convocantes de la protesta, creen que el 155 les deja en una situación de “incertidumbre legal”, además de “bloquear la actividad ordinaria” del gobierno catalán, que ayer cumplió un mes bajo las órdenes de La Moncloa.

Algunos trabajadores de departamentos como Cultura o Economía se han reunido en asambleas en las últimas semanas para decidir acciones de protesta en contra de la medida coercitiva del Gobierno. Trabajadores de Enseñaza o Salud se concentran dos días a la semana durante cinco minutos delante de sus sedes para rechazar el 155. Ayer se reunieron por primera vez de manera conjunta funcionarios de, al menos, seis consejerías; Justicia, Territorio y Exteriores, además de las antes citadas.

Por ahora la aplicación de 155 se ha desarrollado con relativa calma. Lejos del augurio del exconsejero de Exteriores, Raül Romeva, que aseguró, dos días después de la intervención, que los funcionarios desobedecerían el mandato de los cargos enviados desde Madrid, la actividad de las consejerías ha seguido adelante. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, ha defendido en varias ocasiones que gracias al 155 las prestaciones públicas se siguen concediendo. Desde el IAC-CATAC, sin embargo, el segundo sindicato de los funcionarios catalanes, aseguran que la intervención está provocando que partidas medioambientales y del tercer sector están paradas.

Al grito de “fuera los okupas de las consejerías”, los funcionarios aplaudieron al expresidente Carles Puigdemont, que a través de una carta leída por el periodista Antoni Bassas “agradeció” su “coraje”. Los trabajadores públicos, apoyados también por la ANC y Òmnium, denunciaron el encarcelamiento de la mitad del Govern “legítimo”. Las entidades soberanistas anunciaron ayer un concierto el 2 de diciembre para seguir llenando la caja de solidaridad, que ya ha servido para pagar tres millones de euros en fianzas y multas a dirigentes políticos relacionados con el proceso independentista.