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El ‘procés’ ha roto 37 pactos de gobierno en los que estaba el PSC

Los presidentes del AMI y ACM mantienen el pacto con los socialistas en sus municipios

El PSC está pagando una factura cara por la aplicación del artículo 155 de la Constitución que ha supuesto la suspensión del autogobierno catalán. Hasta ahora se han roto 37 pactos municipales: 31 en ayuntamientos, el más importante de todos, el de Barcelona, y seis en consejos comarcales donde los socialistas gobernaban con partidos independentistas. Varios concejales y alcaldes han entregado el carné o han renunciado al cargo y han perdido la alcaldía de Sant Hipòlit de Voltregà (Osona) tras una moción de censura de ERC y PDeCAT. La mancha de aceite puede extenderse en las próximas semanas.

Miquel Iceta en el consejo nacional del PSC.
Miquel Iceta en el consejo nacional del PSC. EL PAÍS

Por contra y por paradójico que parezca, se mantienen los pactos con el PSC en las alcaldías gobernadas por los presidentes de la Asociación de Municipios por la Independencia y la Asociación Catalana de Municipios. Los alcaldes Miquel Buch (Premià de Mar) y Neus Lloveras (Vilanova i la Geltrú) que han actuado estos meses como catalizadores del independentismo han optado por seguir gobernando con los socialistas.

“Mi responsabilidad es garantizar la gobernabilidad en la ciudad. Esta es la única manera posible en estos momentos”, justifica Lloveras. El mismo argumento esgrime Buch, aunque matiza que “todo está abierto”. Desde el PSC, Xavier Amor, secretario de política municipal, lamenta que se haya querido “municipalizar el conflicto” catalán e incide en que se debe “aislar” a los ayuntamientos de las tensiones de la política catalana.

Iceta: “Hay que cerrar heridas y coser agujeros”

El candidato socialista a la Generalitat, Miquel Iceta, destacó ayer que su candidatura es un “instrumento para cerrar heridas y coser agujeros” que se han producido los últimos años en la sociedad catalana.

En el acto de presentación de la candidatura en Girona afirmó que la última legislatura del Parlament ha sido la peor desde la Transición llamó a cambiar esta situación “con un espíritu de fraternidad, no para pasar cuentas, sino para superar los errores” cometidos en los últimos años. También asistió al acto de homenaje a Ernest Lluch, donde reivindicó su figura como un referente del “diálogo entre los que piensan diferente”.

El mundo local se mueve por sus reglas y se pueden encontrar matrimonios políticos impensables a nivel catalán o español. Eso explica que el PSC esté sufriendo de forma desigual las consecuencias de su posición con el procés. “Todo depende de las relaciones personales y de los cimientos que tengan en cada municipio”, explica Amor.

Las sacudidas que ha recibido el PSC en los últimos meses se han concentrado en dos momentos: cuando se negaron a ceder espacios municipales para el referéndum del 1 de octubre y cuando apoyaron al Gobierno del PP en la activación del artículo 155. A raíz de ello se han producido sonoras bajas del partido, como la de los alcaldes de Terrassa y Blanes -que dimitieron del cargo-, la del edil de Gimenells (que ha fichado por el PP) y el de Castellar del Vallès (que mantiene la vara). También han roto el carné ediles de Badalona, Vilanova i al Geltrú o Vilassar de Mar, entre otros.

La ruptura de los 37 pactos de gobierno ha dejado en una posición débil a los socialistas en algunas plazas donde ostentan la alcaldía, que podrían llegar a perder. De hecho, así ha pasado en Sant Hipòlit de Voltregà. Y el PSC teme una moción de censura en Blanes, Tiana y en los consejos comarcales del Montsià y Baix Ebre. El pasado jueves salvó in extremis la alcaldía de Terrassa, que también peligraba tras la dimisión de Jordi Ballart. En algunos municipios, el divorcio ha sido amigable, como en Sant Cugat del Vallès, donde hablan de “suspensión” del pacto hasta que pasen las elecciones.

Pero las consecuencias de los divorcios no acaban aquí y la situación se podría tensionar más en las próximas semanas, cuando se tengan que aprobar las ordenanzas y los presupuestos. También admite perjuicios económicos (por la reducción de ingresos de cuotas y de aportaciones por los cargos electos), aunque los minimiza. “Si se hubiera marchado el 20% de la militancia se habría hablado en alguna ejecutiva, pero no ha sido así”, apunta Amor.

 

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