Productores catalanes plantean un fondo para financiar el sector audiovisual

Mientras países de Europa como Francia, Italia o Alemania han redoblado sus esfuerzos y fondos para la producción audiovisual, España permanece a la cola tanto en recursos como en sistemas de buscar financiación. Es el diagnóstico que hace el sector, en general, y la asociación Productors Audiovisuals Federats (PROA) en la propuesta de creación del Fondo Nacional Público de Apoyo al Sector Audiovisual (FASA) que se someterá a debate el próximo 17 de noviembre en Sitges en una reunión a la que han sido convocados productores del resto de España. “Es un punto de partida y si hay consenso la presentaríamos al Instituto de la Cinematografía y de las Artes audiovisuales (ICAA) —el organismo del Ministerio de Cultura competente en cine—”, explica Raimon Masllorens, presidente de PROA.

La propuesta parte de un análisis previo del sistema de financiación y ayudas a la producción audiovisual de distintos países, especialmente del entorno más próximo, en los que el sistema de subvenciones y ayudas directas de los presupuestos generales se coadyuva con otras impuestos sobre la distribución y exhibición de películas y otros sobre televisiones y compañías telefónicas que revierten en el sector. También es común la introducción de importantes incentivos fiscales. Italia creará un fondo destinado a su industria audiovisual que no bajará de los 400 millones de euros, Alemania ha duplicado las ayudas y en 2018 los fondos no bajarán de los 170 millones, en Reino Unido se ha aprobado un plan quinquenal de 550 millones y Francia el año pasado destinó más de 600 millones. En España, el Fondo para la Protección de la Cinematografía era para este año de 66 millones de euros —vía presupuestos generales del Estado— más siete de otras ayudas, según los datos recabados por PROA. “Hay una fuerte dependencia de los Presupuestos Generales del Estado y pensamos que hay que buscar otras fórmulas para que el sector se independice financieramente”, agrega Masllorens que opina, además, que el Gobierno central tiene una decidida política “que va en contra del cine”.

El nuevo fondo que proponen se nutriría de los Presupuestos Generales del Estado que calculan en 66 millones de euros, de las inversiones que están obligadas a hacer tanto las televisiones públicas —un 6% de sus ingresos— como las privadas —un 5%— que reportarían 25 millones, de la introducción de una nueva tasa de un 1% de la facturación anual en España de las empresas que ofrecen servicios a la demanda —por ejemplo Netflix o YouTube, algo que acaba de anunciar Francia— que estiman en 13 millones y de la anunciada bajada del IVA del cine del 21% al 10%, una cantidad calculada en 54 millones de euros en un año y que, según la propuesta, se debería destinar íntegramente a la producción del sector. Una contribución directa del precio de las entradas del cine que ya se aplica en Alemania y Francia, según destaca la propuesta de PROA. Siguiendo esa hoja de ruta, los recursos pasarían de los actuales 66 millones a 158.

“Hace falta, además, un cambio de mentalidad cuando se habla de lo audiovisual porque va más allá del cine. Está la animación, los videojuegos y la producción de documentales que son sectores muy potentes”, subrayan desde PROA, una federación que sí engloba a esas familias y que ha crecido en los últimos años hasta agrupar a 175 empresas.

PROA estuvo integrada en la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) de la que salió por desacuerdos, volvió a entrar en 2012 con la intención de formar una confederación —que no fructificó— y definitivamente salió en 2015 por decisión acordada por referéndum del 95% de sus asociados. Insisten en que la idea del nuevo fondo es un primer paso: “Se trata de una propuesta abierta a todo debate pero que sale del convencimiento de que será el propio sector el que deberá buscar soluciones a sus problemas", concluye Masllorens.

La iniciativa de PROA está bien vista por el Institut Català de las Empresas Culturals (ICEC) que ha notado como los fondos que proceden de las ayudas de la administración central a la producción audiovisual que se hace en Cataluña han bajado, por efecto de la crisis económica, un 26% desde 2010. Según sus datos, las ayudas del ICAA a las películas producidas en Cataluña se han reducido en 10,3 millones de euros.

El organismo de la Generalitat que vehicula las ayudas y subvenciones considera que cualquier reducción provocará un serio perjuicio a un sector “estratégico que genera un volumen de negocio de 1.662 millones de euros formado por 2.235 empresas y que da ocupación a 14.000 trabajadores”.