Las investigaciones apuntan ya a la inacción de algunos ‘mossos’

La Guardia Civil se presentó ayer en la comisaría de Lleida, de la región policial de Poniente, para requerir el volcado de los teléfonos. Los agentes, además, en calidad de policía judicial, solicitaron una copia de las comunicaciones internas por radio de los mossos durante el 1 de octubre en Lleida, unas horas antes y unas horas después de las votaciones.

El juzgado instruye una causa por la presunta inacción de la policía catalana el día del referéndum, cuando tenían la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de impedir la votación. En toda Cataluña hay una docena de juzgados con procesos abiertos por denuncias similares en contra de la actuación de los mossos.

El martes, el juzgado de instrucción de Gandesa ordenó también a la Guardia Civil que interviniese las comunicaciones internas de radio de los Mossos d'Esquadra que se conservan en el edificio del 112 de Reus, donde hay una sala de la policía catalana de la zona de Tarragona y de las Terres de l'Ebre.

Los sindicatos de Mossos han querido transmitir calma a los agentes. El miércoles, tras una reunión con la cúpula policial del cuerpo, informaron a sus afiliados de las principales investigaciones que pueden afectar a los mossos. Por una parte, la Audiencia Nacional ha recibido 41 vídeos aportados por la Guardia Civil donde se ve a agentes que presumiblemente no cumplen con las órdenes dadas. La División de Asuntos Internos de los Mossos está identificando a esos policías por orden de la Audiencia. Además, el tribunal ha pedido a la policía catalana que les detalle también los números de identificación policial (TIP) de los mossos que dirigieron, coordinaron y ejecutaron el dispositivo del día 1 de octubre, así como información detallada colegio a colegio. Aquel día participaron más de 7.800 agentes de la policía catalana. Para dar respuesta a ello, los agentes deben cumplimentar un acta de tres folios que requiere información detallada de su actuación durante el dispositivo. Por último, la propia cúpula de Mossos abrió el 3 de octubre una investigación interna para aclarar las actitudes que se pudieron ver en diversos vídeos en las redes sociales, con agentes simpatizando con los concentrados, encarándose con los agentes de Policía Nacional o Guardia Civil, etc.

Hasta el momento, los sindicatos no tienen conocimiento de que alguno de sus afiliados haya sido formalmente imputado (investigado). Pero todos han ofrecido ya los servicios jurídicos de sus organizaciones a los agentes. "En ningún caso los agentes actuantes deben asumir ningún tipo de responsabilidad", insistió en un comunicado interno el sindicato SPC, que desconfía de la actitud de la cúpula hacia la base.

Comunicados sindicales

"No nos gusta escuchar por parte de los responsables del dispositivo expresiones como 'determinadas actitudes no se pueden defender' o 'todos somos policías y sabemos lo que hemos de hacer", señalaron en su comunicado. SPC argumenta que las "actitudes" de los agentes el 1 de octubre "están directamente relacionadas con el dispositivo que ellos diseñaron y desplegaron", en referencia a la cúpula policial, y con las "instrucciones recibidas por los agentes en los briefings por parte de algunos mandos".

La semana pasada, en un escrito remitido a la fiscalía, el SPC pidió que la escala intermedia y básica de Mossos quedasen exentos de cualquier responsabilidad penal porque únicamente obedecían órdenes.

El sindicato mayoritario en el cuerpo, SAP-Fepol, lamentó, también en un comunicado a sus afiliados, que las últimas investigaciones judiciales e internas corroboran "que las decisiones políticas están afectando a los miembros de los Mossos d'Esquadra" y por ello reclaman "una defensa del cuerpo y de los efectivos que lo conforman". También exigen disponer de "la máxima información necesaria" sobre el requerimiento de la Audiencia Nacional.

USPAC pide a sus afiliados que no expliquen "nada más allá" de lo que se hizo. "No les demos motivos para poder ir en nuestra contra", añade. También desde el SME y el CAT ofrecen sus abogados a los afectados. "Los servicios jurídicos del sindicato estaremos a vuestro lado", explica el CAT, pero añade que les han asegurado que los servicios jurídicos del Departamento de Interior "supervisarán" los escritos antes de enviarlos a la Audiencia Nacional.