Trapero ordena investigar si algunos Mossos desobedecieron la orden de cerrar colegios el 1-O

Los Mossos han abierto una investigación interna sobre el 1 de octubre. La cúpula ha ordenado revisar la actuación de sus policías para comprobar si alguno de ellos incumplió la instrucción en respuesta al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de cerrar colegios y levantar actas para impedir el referéndum. En algunos vídeos en las redes sociales se ve a mossos bromeando con los concentrados o no actuando. En un informe, la Guardia Civil asegura que la actitud de muchos agentes "podrían clasificarse como totalmente contrarias a las órdenes" del TSJC.

En diversos lugares, como Barcelona, la División de Asuntos Internos (DAI) ha pedido ya informes sobre la actuación de los mossos, según fuentes policiales consultadas por este diario. La instrucción es al margen de las investigaciones que ya están judicializadas (una docena de juzgados de Cataluña investigan la presunta pasividad de los agentes), según esas mismas fuentes. Hasta el momento, ningún sindicato de Mossos tiene constancia de que alguno de sus afiliados haya recibido una notificación conforme se les ha abierto un expediente. Oficialmente, la policía catalana no confirma la investigación interna. Otras fuentes aseguran que el viernes se comunicó la decisión a diversos mandos del cuerpo.

En su informe, la Guardia Civil insiste en que la presunta inacción de Mossos se debió "más que a conductas aisladas e individuales" de los agentes, "a unas instrucciones o pautas de actuación derivadas de la cadena de mando". El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, está investigado por un delito de sedición, y tiene la obligación de comparecer una vez cada quince días ante el juzgado, además de la retirada del pasaporte.

Los Mossos presentaron ante la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un informe la semana pasada en el que aseguran que impidieron el voto en 99 centros de votación; en otros 50, aunque no consiguieron impedir el voto, afectaron a la posibilidad de hacerlo llevándose material. En total, requisaron 400 urnas de 141 colegios, según los datos de Mossos, que aseguran que en total no se pudo votar en 446 centros (297 no llegaron a abrir). La Guardia Civil y la Policía Nacional informaron de que cerraron 92 locales de votación.

De esa manera, la policía catalana defiende que el 1 de octubre se dieron instrucciones claras para cumplir con la orden del TSJC con el límite de no golpear con las porras a personas que practicaban “resistencia pasiva”. El dispositivo, que fue duramente criticado dentro y fuera de los Mossos, contemplaba que una patrulla de uniformados acudiese a cada colegio para proceder a la identificación de las personas y al cierre del mismo. En caso de que lo necesitasen, podían pedir apoyo a las policías locales y a los agentes de orden público.

En ese sentido, el miércoles, el sindicato de Mossos SPC remitió un escrito a la fiscalía donde pidió que los agentes de “escala básica e intermedia” queden “exentos” de las posibles responsabilidades penales en las causas abiertas por pasividad el 1 de octubre porque únicamente “cumplían órdenes” de acuerdo con “los recursos previstos en el dispositivo”. Y pidieron que sean “los responsables del dispositivo” quienes comparezcan.