La consulta ilegal afronta la recta final con la tensión en máximos

El pulso independentista en Cataluña entra hoy en su semana decisiva. La Generalitat y las entidades secesionistas aprovecharon un fin de semana lleno de actos a favor del referéndum ilegal para reafirmar su intención inamovible de celebrar la votación este próximo domingo. El mensaje es claro: creen que ni los golpes judiciales a la logística ni la disolución del ente garante de los resultados ni la suspensión dictada por el Tribunal Constitucional frenarán la cita con las urnas. El presidente catalán, Carles Puigdemont, volvió a explicar ayer en Twitter cómo burlar las restricciones judiciales para consultar en Internet las mesas de votación. El Gobierno central cree que la organización del 1-O está muy tocada pero permanece alerta para paralizar cualquier plan alternativo.

Tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como Puigdemont se enviaron hace una semana sendas advertencias que terminaron siendo proféticas de los acontecimientos de los últimos días y que serán determinantes en el sprint final del 1-O. “No subestimen la fuerza de la democracia española”, advirtió Rajoy. “No subestime la fuerza del pueblo catalán”, le respondió el president.

La corpulencia del Estado de cara a mantener el orden constitucional quedó patente el pasado martes, con la intervención de la tesorería de la Generalitat por parte del Ministerio de Hacienda. O el miércoles, después de que la Guardia Civil se incautara de unos 9,8 millones de papeletas para el referéndum, material electoral y las citaciones para los jurados de las mesas de votación. No paró ahí. En una operación ordenada por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona, fueron detenidos 14 cargos de la Generalitat por su implicación en los preparativos de la votación. Entre ellos, la mitad del equipo de confianza del vicepresidente Oriol Junqueras. Todos han sido ya puestos en libertad.

Los dispositivos policiales fueron fuertemente contestados en la calle. La manifestación más notoria fue la del jueves, cuando unas 40.000 personas se concentraron en el centro de Barcelona mientras la policía y la comitiva judicial registraban la sede de la Consejería de Economía. Desde entonces, cada día a las diez de la noche el estruendo de las cacerolas se deja oír en las calles de diversas poblaciones catalanas.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural celebraron ayer la Maratón por la democracia, un acto masivo de pegada de carteles en municipios catalanes. En el acto de la plaza Universidad de Barcelona, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, pidió una “movilización social permanente” para defender la votación. Las entidades aseguraron que repartieron un millón de papeletas “oficiales” para el referéndum. Jordi Sánchez, presidente de la ANC, se mostró confiado de que el Govern “garantizará” que ese material electoral esté en todas las mesas el sábado, pero recordó que los ciudadanos también las pueden “traer desde casa”.

A pesar de los golpes logísticos al referéndum, el Govern insiste en que habrá votación y que, en el caso de ganar el sí, dos días después el Parlament proclamará la independencia. Ni la disolución de la Sindicatura Electoral para evitar a sus miembros las cuantiosas multas impuestas por desobedecer al Constitucional hace cambiar los planes de Puigdemont. La caída del ente encargado de verificar el escrutinio implica saltarse la propia ley que aprobó el Parlament para dar cobijo a su referéndum y renunciar al último barniz de garantía de reconocimiento de cara a la comunidad internacional.

Puigdemont volvió a compartir ayer, a través de Twitter, los pasos para saltarse las restricciones técnicas con las que la justicia impide el acceso a la web donde se puede consultar el sitio de votación, justificando que “no se pueden poner puertas al campo”. El líder catalán ya lo había hecho la semana pasada, cuando un juez ordenó el cierre de la página del referéndum.

El mensaje fue compartido por Julian Assange, el activista político fundador de Wikileaks: “Cuando el presidente de Cataluña está tuiteando cómo usar proxies para evitar la censura estamos en la edad del ciberpunk”, dijo. La Generalitat anunció ayer que envió una carta a Andrus Ansip, el vicepresidente de la Comisión Europea para el Mercado Único Digital, para pedirle que intervenga ante “la censura” en Internet que, asegura, aplica el Estado español en Cataluña.

La respuesta en la calle de los últimos días da confianza al Govern para encarar la recta final. “Pueden detener consejeros, pueden hacer cualquier cosa. Pero cada paso que dan [el Estado] es un bumerán para ellos. Si nos han de detener, que nos detengan. ¡Esto ahora está en manos de la gente!”, dijo ayer Jordi Turull, portavoz del Ejecutivo catalán, en una entrevista en RAC-1.

‘Operación tumulto’

“Está en marcha la operación tumulto. Quieren hacer ver que aquí hay violencia, pero no la hay ni la ha habido ni la habrá. No hay que caer en provocaciones”, advirtió ayer la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en el acto de plaza Universidad.

El escenario de medidas extremas se ha ido normalizando en las intervenciones de los altos cargos catalanes. El pasado sábado, durante un acto del PDeCAT en Figueras, el consejero de Empresa y Conocimiento, Santi Vila, quitó hierro a la posibilidad de acabar en prisión por desobediencia. “Si la semana que viene tenemos que ir unos días a la cárcel, iremos; si nos tenemos que jugar el patrimonio, nos lo jugaremos, y si acabamos en prisión, acabaremos, porque nos jugamos la dignidad personal y colectiva”, dijo.

Los procesos judiciales relacionados con el referéndum siguen su curso. Esta semana continuarán las declaraciones de los alcaldes que mostraron su apoyo al referéndum. El turno hoy es para el diputado y alcalde de Tortosa, Ferran Bell (PDeCAT), que comparece voluntariamente ante la Fiscalía del Tribunal Supremo.

Poble Lluire, una formación de la órbita de la CUP, informó ayer de que la Fiscalía General del Estado presentó una demanda por enaltecimiento del terrorismo contra cuatro de sus miembros, entre los que está el diputado Albert Botran.

Los presidentes de la ANC y Òmnium aparecen en la denuncia por sedición presentada por la fiscalía ante la Audiencia Nacional por la manifestación ante la sede del departamento de Economía durante la operación policial.

Ahora el Govern está a la espera de cómo se concreta el papel de control del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos sobre los operativos de los Mossos de cara a impedir la votación del domingo, una intervención que rechaza de plano. Fuentes del Ejecutivo catalán también admiten cierta preocupación ante las declaraciones de dirigentes del PP sobre el papel de las escuelas e institutos y temen que haya presiones por ese flanco. “Lo que está ocurriendo no es una cuestión de referéndum sí o no, es de legitimidad del Estado en Cataluña”, replicó ayer el líder del PP en Cataluña, el diputado Xavier García Albiol, durante un acto de partido en Lleida.