Operación anticorrupción en Girona por un fraude millonario en la empresa del agua

La Guardia Civil realizó ayer una quincena de registros relacionados con el supuesto fraude millonario en la gestión del servicio de aguas de Girona y otras dos localidades. Los agentes se personaron en las sedes de la empresa mixta que lleva la concesión, Agissa; de su socio privado, Girona SA; y de una sociedad vinculada a esta, Prodaisa. También hicieron un requerimiento de documentación al Ayuntamiento gerundense. Las pesquisas abarcan el periodo 1998-2013, en el que la ciudad ha estado gobernada por el PSC y también por el actual presidente catalán, Carles Puigdemont.

La investigación se dirige desde su inicio contra el que fue consejero delegado de Agissa, Narcís Piferrer. Según fuentes jurídicas, a la lista de imputados se han unido en las últimas semanas su sucesor en el cargo y director técnico de la compañía cuando se produjo el supuesto fraude, Xavier Ballell; el secretario de la misma, el abogado Lluis Sibils; el empresario Joan de Llobet, consejero de Agissa; y los exconcejales socialistas Manuel Serra y Tomàs Sobrequés. Los domicilios y despachos profesionales de varios de ellos en Girona, Fornells de la Selva, Bescanó y Navata están entre los registrados en la bautizada como Operación Aquarium.

La Fiscalía Anticorrupción aseguró ayer en una nota que investiga la presunta comisión de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, falsedad y malversación de caudales públicos. La cifra del supuesto fraude supera los 15 millones de euros.

La investigación se inició por una denuncia presentada en 2015 por la CUP contra la concesionaria que gestiona el abastecimiento de agua en Girona, Salt y Sarrià del Ter. Ello propició la apertura de una diligencia de investigación por parte de la fiscalía que derivó en julio de 2016 en una querella ante el Juzgado de Instrucción 2 de la localidad, que abrió la causa. Desde entonces, en ella han confluido datos de otras dos investigaciones. Una iniciada por el Tribunal de Cuentas en el Ayuntamiento de Blanes por el mismo motivo (Girona SA también participa en la empresa mixta de Aguas de Blanes). La segunda, del juzgado de El Vendrell que investiga la supuesta trama de financiación de CDC en el caso 3% y que había avanzado en paralelo por las ramificaciones de algunas empresas cuyas actividades se extendían hasta Girona.

Este juzgado remitió recientemente al de Girona un informe de la Agencia Tributaria incorporado al caso 3% que reveleba el millonario fraude en Agissa. Los beneficios de esta empresa mixta —el 80% está en manos de Girona SA y el resto en las de los Ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter— favorecían, a través de facturas falsas, a la parte privada de la compañía. Mientras Girona SA acumulaba beneficios, la concesionaria mixta acabó descapitalizada.

Agissa nació a principios de los años 90 para asumir el suministro de agua de Girona, Sarrià de Ter y Salt. La investigación apunta a que desde finales de aquel decenio, cuando gobernaba el PSC con Joaquín Nadal y Anna Pagans como alcaldes, la sociedad ha falseado las cuentas. Un sistema que continuó supuestamente también durante parte de la etapa de Puigdemont al frente del consistorio (2011-2016).

Los concejales de la CUP Laia Pèlach y Lluc Salellas criticaron la “utilización interesada” de la operación. “Lo denunciamos en 2015. Durante este tiempo ha habido sobre la mesa suficientes indicios y pruebas para que los registros se hubieran realizado en el último año, pero se llevan a cabo ahora, cuando faltan diez días para el referéndum”, señaló Salellas. En la misma línea, la alcaldesa Marta Madrenas (PDeCAT), recordó que Puigdemont encargó las auditorías cuando era alcalde y que la actuación policial de ayer “tiene que ver con el proceso” independentista.