La Audiencia envía a prisión al jefe de una cooperativa de Marín por vender pescado en B

La Sección Cuarta de la Audiencia de Pontevedra ha condenado a José Luis Santiago Pereira a tres años de prisión y multa de más de un millón de euros por fraude del IVA en las ventas de pescado a través de la cooperativa San Miguel de Marín de la que era presidente. La Sala, que había ordenado hace un año repetir la sentencia al juzgado de primera instancia, confirma ahora que la entidad vendió mercancía en B en el puerto del Berbés de Vigo entre 2008 y 2010, fraude que se destaparon tras una inspección de la Agencia Tributaria.

Considera la sentencia, contra la que no cabe recurso, que el responsable de la cooperativa fue autor de tres delitos contra la Hacienda Pública por los ejercicios fiscales en los que se defraudó el IVA, por lo que le impone un año de cárcel por cada uno, aunque anula la sanción a la cooperativa de casi 750.000 euros de IVA. El juzgado de primera instancia tendrá ahora que ejecutar el veredicto de la Audiencia.

El fallo sostiene que durante el período de inspección, la cooperativa llevaba una doble contabilidad de las compras a proveedores y ventas a terceros. En la oficial aparecen facturas con el IVA repercutido, mientras en la B no se aplicaba el impuesto.

El asunto arrancó en 2013 con la inspección de Hacienda en la sede de la cooperativa en el puerto de Vigo que destapó la doble contabilidad en sus oficinas y presuntas prácticas ilegales de armadores en connivencia con trabajadores portuarios para que las descargas de pescados no pasasen por la lonja y se vendieran en negro.

Armadores implicados

Una inspección que derivó en una investigación por parte de la Fiscalía de Pontevedra sobre los supuestos sobornos que cobraban los trabajadores de la lonja del Berbés para que las ventas no pasasen estos controles. También Hacienda amplió su inspección al colectivo de armadores y casi 150 de ellos acabaron reconociendo las compras en B a la cooperativa por lo que esta ya no tenía escapatoria. Todos ellos firmaron actas de conformidad con el fisco y fueron multados.

Finalmente las diligencias penales abiertas por una presunta red de sobornos se archivaron por falta de pruebas y sólo se sentó en el banquillo al presidente, José Luis Santiago. El fiscal pedía seis años de prisión pero la condena fue reducida a la mitad, mientras que la sentencia considera responsable civil subsidiaria a la cooperativa para garantizar el pago de las indemnizaciones al Estado.

En un principio, la Sala apreció falta de motivación en la sentencia de primera instancia por lo que obligó a repetirla, aunque ahora la ha confirmado en apelación. Para la Audiencia, el fallo inicial había vulnerado derechos fundamentales como el de defensa del condenado, José Luis Santiago Pereira, cuando este lo recurrió, y también consideró que se habían quebrantado las normas y garantías procesales, así como el razonamiento de las pruebas aportadas.

El tribunal se limitó a remitir los autos al juzgado de primera instancia para que su titular emitiera un nuevo veredicto abundando en sus fundamentos jurídicos, por lo que no se pronunció sobre los hechos que se consideraron probados para condenar al presidente y a la compañía como responsable civil.