La juez repite la condena a una cooperativa que anuló la Audiencia

La titular del juzgado número 3 de Pontevedra ha vuelto a condenar a José Luis Santiago Pereira, presidente de la Cooperativa Gallega del Mar San Miguel de Marín, a tres años de prisión por fraude de IVA en la venta de pescado, y una multa de 1,8 millones de euros de indemnización a la entidad, sentencia que había anulado la Audiencia y que ordenó repetir.

La magistrada, Julia Monteagudo, reedita básicamente el fallo que el tribunal de la Sección Cuarta de Pontevedra consideró nulo por falta de motivación de las pruebas presentadas, en base a los argumentos que alegó la defensa en el recurso de apelación. La Sala también admitió en su sentencia de nulidad que en el fallo de primera instancia se había vulnerado el derecho de defensa del acusado y quebrantado las normas y garantías procesales, tesis defendida por el letrado, José Fernández, del bufete Garrigues de Vigo.

Este segundo veredicto, que ahora revisará el mismo tribunal, amplia más, si cabe, los fundamentos jurídicos al valorar los hechos que ya consideró como probados para condenar al presidente y a la cooperativa de Marín, en base a la investigación de la Agencia Tributaria sobre sus operaciones como mayorista.

Tanto la fiscalía como la abogacía del Estado, apreciaron la comisión de tres delitos fiscales por defraudación del IVA en las liquidaciones de los años 2008, 2009 y 2010, a través de la doble contabilidad que llevaba la cooperativa. La caja B fue descubierta por Hacienda en el registro de sus oficinas en Marín y Vigo, lo que desató la inspección a decenas de armadores que le vendían capturas.

Las acusaciones pidieron 6 años de prisión pero la condena fue reducida a la mitad y a la cooperativa le impuso dos años de inhabilitación para poder recibir subvenciones públicas e incentivos fiscales, además de la imposición de las costas procesales.

La sentencia en la que intervino como ponente la magistrada Cristina Navares había provocado otro rifirrafe con una anterior –esta vez absolutoria- que acabó en un incidente de nulidad planteado por la Fiscalía de Pontevedra en marzo pasado y que todavía no ha sido resuelto por la Sala. Un segundo choque judicial que podría acabar en el Tribunal Constitucional a instancia de la Fiscalía General del Estado.

En este incidente, el fiscal de delitos económicos, Augusto Santaló, solicitó la anulación de la sentencia firme de la Sección Cuarta por la que revocó la condena al empresario de Sanxenxo, Roberto Martín (hermano del político del PP Telmo Martín), también defendido por el abogado del mismo bufete que intervino en el caso de la cooperativa.

La fiscalía pidió a la Sección Cuarta que dictase una sentencia de rectificación “por la gravedad de los argumentos” por los que absolvió al empresario que fue condenado por el juzgado de lo penal a 3 años y 6 meses de prisión y multa de 2 millones de euros por fraude fiscal en varias operaciones inmobiliarias.

La Sala calificó de “arbitraría”, “ilógica” e “irracional” la valoración de la prueba testifical por parte del juez de primera instancia al considerar que la sentencia vulneró los principios fundamentales como el acusatorio, de contradicción y derecho de defensa de Roberto Martín, tal y como defendió su abogado.

En un extenso escrito de nulidad -al que se sumó el abogado del Estado- también se pide al tribunal que “fundamente el motivo por el que se considera que los documentos privados aportados por la defensa han prevalecido sobre los del Ministerio Público” y creen que en la sentencia de apelación “han quedado en total oscuridad los hechos objetos de acusación”.