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Puigdemont solo ha aprobado la mitad de las leyes que prometió

La escasa actividad legislativa del Gobierno catalán ha motivado abundantes encontronazos de los grupos de Junts pel Sí y la CUP con los de la oposición

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. EFE

El presidente catalán, Carles Puigdemont, llegó a la presidencia de la Generalitat hace más de un año y medio con la promesa, no solo de llevar Cataluña a la independencia, sino también de aprobar 45 leyes en 18 meses, unos textos legales que debían dar respuesta a todo tipo de problemas del día a día. Transcurrido el plazo que se autoconcedió, y al margen de sus compromisos sobre la independencia, la actividad legislativa de su Gobierno se ha quedado lejos de los objetivos. Solo ha conseguido aprobar 23 de las 45 leyes previstas.

El plazo de 18 meses no era una cuestión baladí. Era el plazo que los independentistas se dieron para alcanzar la independencia después de las elecciones del 27 de septiembre de 2015. Aunque la hoja de ruta ha ido variando en el tiempo, el plan inicial era que por estas fechas, y sin ni siquiera un referéndum, ya se habría producido la llamada “desconexión” y que ahora tocaría convocar unas elecciones constituyentes. La apuesta por un referéndum de independencia fue posterior.

Entre las leyes aprobadas por el Gobierno de Junts pel Sí destacan la de los Presupuestos de la Generalitat de 2017 y la del Código Tributario de Cataluña, que sienta las bases de una futura hacienda catalana que recaude todos los impuestos y que forma parte de una de las tres leyes de ‘desconexión’ que quieren hacer los independentistas.

De los ‘correbous’ al referéndum

Según la web de la Cámara, actualmente hay seis proyectos de ley en trámite que ha impulsado el Govern, entre los que destacan la ley del voto electrónico para los catalanes que viven en el extranjero y la de igualdad de trato y no discriminación.

Además, el Parlament está tramitando una cuarentena de proposiciones de ley presentadas por los grupos y varias ILP, una de ellas para prohibir los ‘correbous’ en Cataluña. Entre las proposiciones de los grupos parlamentarios, destaca la ley del referéndum, con la que quieren convocar, organizar y celebrar el referéndum del 1 de octubre.

El Parlament también ha aprobado la Ley de Comunidad Catalana en el Exterior, que crea un registro de catalanes en el extranjero; la de reparación jurídica de las víctimas del franquismo, que anula todos los juicios de la dictadura, y la creación de una Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) de 664 euros mensuales para luchar contra la exclusión social, entre otras.

El ritmo legislativo de la cámara catalana, donde Junts pel Sí y la CUP mantienen un acuerdo que dista de dar estabilidad al Ejecutivo, ha ido en aumento. En 2016 solo se aprobaron cinco leyes, mientras que este año se han votado un total de 18. El Govern lamenta que buena parte de las medidas que se han aprobado han acabado recurridas por el Gobierno central, lo que está dificultando o impidiendo su aplicación.

La escasa actividad legislativa del Gobierno catalán ha motivado abundantes encontronazos de los grupos de Junts pel Sí y la CUP con los de la oposición. Uno de los más contundentes se registró el pasado junio, cuando el líder del PSC, Miquel Iceta, preguntó a Puigdemont por todas las leyes pendientes y acusó a la mayoría soberanista de haber “fracasado en sus objetivos”.

Puigdemont atajó las críticas de Iceta recurriendo a los proyectos que el Gobierno tiene en marcha y recordando las trabas legales que están encontrando. “Cuando queremos aprobar algunas de estas leyes nos encontramos con que nos llevan al Tribunal Constitucional y nos amenazan con ampliar la querella presentada, por ejemplo, contra la Mesa del Parlament”. 

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