Aprobada por unanimidad la ley que anula las condenas franquistas

El Parlamento catalán ha aprobado esta tarde por 129 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención una proposición de ley de reparación jurídica a las víctimas del franquismo. Todos los grupos parlamentarios, incluido el PP han apoyado una norma insólita en España que declara ilegales los tribunales militares que actuaron en Cataluña a partir de abril de 1938 y hasta diciembre de 1978.

Esa declaración comporta la nulidad de todas las sentencias y resoluciones de las causas instruidas y de los consejos de guerra dictadas por causas políticas en Cataluña durante el franquismo. En total fueron 63.961 procesos judiciales y 3.358 personas ejecutadas por el franquismo hasta 1975.

El debate de la proposición de ley impulsada por Junts pel Sí, Catalunya sí que es Pot y la CUP y a la que finalmente se sumó el PSC, se ha celebrado en medio de un ambiente de gran emotividad, con decenas de personas que abarrotaban la tribuna de invitados y unas salas anexas al hemiciclo que se han habilitado con ese fin.

Entre los asistentes estaban dos hijos de Manuel Carrasco i Formiguera, el fundador de Unió Democràtica que fue asesinado en la cárcel de Burgos por las tropas franquistas. Después de la votación ha seguido una cerrada ovación y la mayoría de los diputados han cantado Els Segadors mirando a la tribuna de invitados, excepto algunos parlamentarios del PP y Ciudadanos.

El preámbulo de la ley asegura que se declara la nulidad de los juicios y las sentencias del franquismo en “conformidad con el ordenamiento jurídico, que incluye tanto normas de derecho internacional como de derecho interno”. El texto se aprueba “haciendo uso de la soberanía que el pueblo de Cataluña ha concedido a este Parlamento", se dice en otro apartado.

El artículo 2 de la ley prevé que el Departamento de Justicia de la Generalitat emita una certificación de nulidad del procedimiento judicial y de la sentencia correspondiente a petición de los procesados o sus familiares. La disposición final autoriza el Archivo Nacional de Cataluña a que elabore y haga pública una lista de todos los procesos y las sentencias adoptadas en que conste el número de procedimiento, la persona procesada y la condena impuesta.

“La ley es un símbolo que expresa la razón de ser del régimen constitucional, con una fuerte carga simbólica pero plenamente legal porque anula sentencias de la dictadura. Por tanto, no se puede hablar de intromisión del poder legislativo en el judicial”, asegura Xavier Arbós, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona.

La ley incluye un anexo con los nombres de todas las personas afectadas y autoriza también al Archivo Nacional de Cataluña para que, si tiene conocimiento de otros procesos que no se hayan mencionado pero de los que se conserven documentación, se actualice el dictado.

"Es un honor aprobar esta ley porque la Transición no fue modélica, sino que escondió la memoria republicana y ahora estamos restableciendo la dignidad de la gente que sufrió el franquismo. Honrándolos a ellos nos honramos a nosotros", ha asegurado la diputada de Junts pel Sí Montserrat Palau.

Por su parte, el diputado de Ciudadanos Matías Alonso ha explicado que la ley "no es solo un instrumento de justicia y reparación, es también una nueva condena desde una institución democrática española al levantamiento militar y al golpe de Estado de julio de 1936 contra la Segunda República y contra el ordenamiento jurídico entonces vigente".

"Honor y memoria a todos los represaliados por el franquismo", ha proclamado el diputado del PSC Ferran Pedret, quien ha insistido también en la trascendencia de la votación que se iba a producir. "Hay días como el de hoy en que vale la pena ser parlamentario porque hoy les devolvemos la dignidad robada a estas personas", ha asegurado el diputado de Catalunya sí que es Pot Joan Josep Nuet, quien no se ha privado de recordar que el miércoles se condecoró en Madrid "al jefe de la Falange Rodolfo Martín Villa y este Parlament recupera hoy la dignidad de las víctimas".

El diputado del PP Fernando Sánchez ha insistido mucho en "la complejidad de la historia" y no se ha privado tampoco de asegurar que "Lluís Companys no fue un buen presidente, pero su condena y ejecución nunca debería haberse producido", lo que ha motivado algún improperio desde la tribuna de invitados.

Por su parte, Mireia Boya (CUP) ha arremetido contra la tibieza de la ley de memoria histórica, ha resaltado que "en la república catalana no cabrán los torturadores" y ha vaticinado que "si nos dicen que esta ley no es constitucional romperemos el auto judicial".