El Govern busca juristas extranjeros para avalar el 1-O

El Gobierno catalán busca a juristas extranjeros para integrar una comisión de expertos que vele por las garantías legales del referéndum de independencia que quiere celebrar el 1 de octubre y que le dote de prestancia internacional tras el desmarque de la diplomacia. Ese grupo de trabajo, cuya constitución pactó Junts pel Sí con la CUP en 2016 pero aún no ha creado, debería avalar el eventual censo de votantes, la conformación de las mesas electorales y la campaña del sí y del no.

Una vez fijada la fecha de la consulta, el calendario de la hoja de ruta que ha fijado el Gobierno catalán empieza a pesarle como una losa. El Govern trata de limar los flecos que le quedan para asumir la convocatoria del 1 de octubre. Nada fructíferas sus llamadas a Mariano Rajoy para negociar una consulta, el president Carles Puigdemont afronta la recta final del proceso con diferencias internas sobre cómo perfilar el referéndum y desobedecer las resoluciones judiciales y con la obligación de seguir buscando el apoyo de Catalunya en Comú. El partido de Xavier Domènech y Ada Colau se resiste a clarificar su posición, sabedor de que, según qué rol tome, puede hipotecar los resultados de las primeras elecciones catalanas a las que concurra.

La campaña que iniciará la Generalitat la próxima semana, el 4 de julio, con la que prevé explicar con qué garantías va a convocar la consulta, evidencia que el Gobierno catalán es consciente de las dudas que suscita un desafío que prohibirá el Tribunal Constitucional. A ese punto llega sin haber dado aún cobertura a la comisión de expertos que debía contribuir a dar garantías a todo el proceso. La CUP reclamaba —y Junts pel Sí se avino votando en 2016 una resolución a su favor, que fue anulada por el Tribunal Constitucional— a crear un grupo de expertos internacionales y de conocidos juristas de prestigio que avalaran la forma en la que la Generalitat convocara la consulta independentista sin apoyo del Gobierno central y de la comunidad internacional.

Censo electoral

De esa forma, pretendían asegurarse el aval necesario para aplicar los resultados y proclamar la independencia si se impone el sí en ese hipotético referéndum. El objetivo de ese grupo de trabajo pasaba por controlar la elaboración del censo electoral —la Generalitat no podrá contar con el que en cada elección le facilita el Gobierno central—, participar en la configuración de las mesas electorales o avalar la campaña electoral en la que participasen tanto los partidarios de la independencia como quienes se oponen a ella. La CUP demandaba una función adicional: que esa comisión analizara también cómo respondía La Moncloa a los pasos dados desde la Generalitat, por lo que urgían a la creación del grupo de trabajo, el nombramiento de sus miembros y una presentación pública. Todo está en el aire.

Fuentes de la CUP señalan que se ha avanzado en el diseño de ese equipo y que incluso ya se han decidido algunos nombres que lo formarán. Su respuesta ahora choca con la respuesta que ofreció hace dos semanas el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, al diputado Benet Salellas. “Es a partir de este momento en el que podemos empezar a trabajar en lo que usted pide”, le dijo en el Parlamento cuando Salellas le inquirió sobre la comisión de expertos, a lo que el anticapitalista le replicó: “Confiamos en que el Gobierno haya ido trabajando en ese tema”.

La Generalitat evita hablar de ese asunto y desde el Departamento de Asuntos Institucionales e Internacionales, que dirige Raül Romeva, se emplaza a esperar al acto que protagonizará el Gobierno catalán el 4 de julio. Las únicas explicaciones que ha ofrecido el consejero sobre el equipo legal que reclamaba la CUP es que lo integrarán “desde juristas hasta observadores del seguimiento periodístico”.