Patriotas y evasores

Algunos evasores fiscales tienen nombres y apellidos. La mayoría, no. Si el dinero negro no aflora con la solidaridad que es exigible por ley, tampoco le van a la zaga la salida a la luz de los nombres y apellidos de gentes de bien que ha decidido tomarse vacaciones fiscales bajo el patrocinio del Gobierno de Mariano Rajoy. Solo se conocen 60 identidades. Han aflorado gracias a diversas causas judiciales. Se trata del 0,19% de los 31.484 declarantes, beneficiarios de la misericordia del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. La generosidad fue tal que, en ocasiones, quienes legalizaron dinero negro pagaron menos del 3% al fisco, a años luz del marginal más bajo del IRPF que prevé el 19% para unos ingresos de 12.400 euros. Muchos no pagaron el 10% fijado por el decreto. Finalmente, por 40.000 millones de euros, Hacienda recaudó 1.200. Montoro decidió hacer suya la máxima de Santa Faustina: que el pecador más empedernido no tenga temor de acercarse a mí. Ahora la sentencia del Tribunal Constitucional ha considerado la amnistía fiscal como “la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos”, porque “legitimó la quiebra del objetivo de justicia del sistema tributario”. Se ha anulado la medida pero se han mantenido sus consecuencias. Y no pasa nada: el revés no ha tenido de momento consecuencias para un Gobierno que, aun en minoría, luce piel de paquidermo. El Ejecutivo central incluso llegó a alabar post-sentencia la ímproba labor de Montoro, que en breve pasará a engrosar la lista de ministros que continúan en el cargo a pesar de haber sido de reprobados por el Congreso de los Diputados.

Se incumple la Constitución, pero eso no afecta a quienes se erigen en sus garantes y guardianes. Lo más importante es la presunción de inocencia y que la lista de patriotas evasores esté bajo llave. Entre las identidades que han trascendido se encuentran algunos que quisieron sentar cátedra sobre ese mercado laboral desregularizado y cuarteado que paga más impuestos que él. Lo hizo Rodrigo Rato desde su poltrona de terciopelo episcopal del Fondo Monetario Internacional. Al apologeta de la austeridad le seguía un acompañamiento plural. Junto a Rato, en esa relación de defraudadores, figuraban y figuran Francisco Granados, exconsejero de Madrid que fue mano derecha de Esperanza Aguirre; el extesorero del PP Luis Bárcenas; dos de los hijos de Jordi Pujol, Josep y Oleguer; los hermanos Antonio y Jorge Gallardo, propietarios de Laboratorios Almirall, que afloraron más de 113 millones de euros; el empresario Fernando Martín, principal accionista de Martinsa Fadesa; el sindicalista José Ángel Fernández Villa, del minero SOMA-UGT; la hija de Blas Tello, que fuera gobernador civil de Toledo y jefe provincial del Movimiento; cuatro borbones que comparten los mismos testaferros y bufetes que Bárcenas, Rato o los Pujol… La lista es interminable y falta conocer las identidades de más de 30.000…

Los evasores fiscales son plurales. Diversas son sus hablas y sus procedencias. Hay nacionalistas españoles, nacionalistas catalanes, sindicalistas, empresarios, industriales del mundo de las pipas de girasol, escritores… La Agencia Tributaria informó en febrero pasado que de los 31.484 ciudadanos que se habían acogido a la amnistía, 705 estaban siendo sometidos a investigación al existir indicios de blanqueo. Y ya se sabe de dónde sale todo lo que es preciso esconder o encalar. Por eso la amnistía fue tan ecuménica. Salió adelante gracias a los votos del PP a los que se sumaron los tan matemáticamente innecesarios como ideológicos de Convergència i Unió. Claro que la CDC de entonces no pensaba todavía en crear una república independiente. Votó con el PP por hacer un guiño business friendly. Ya se sabe que quien evade a paraísos fiscales trata de ocultar fondos procedentes de operaciones non sanctas o clara y directamente delictivas. Y es que el dinero no tiene patria, aunque quienes lo esconden den lecciones de patriotismo, de constitucionalismo o de ambas cosas a la vez. Por eso las operaciones que apuntan a la financiación de partidos españolísimos o catalanísimos pueden llevan nombres en alemán, como Gürtel. O emplear la lengua del país opresor: los empresarios que contribuían al óbolo convergente pagando mordidas en el caso 3% habían puesto nombres en castellano al gerente del partido, al tesorero o al responsable de régimen interno. Les llamaban Gregorio, Antonio o Fernando. Claro que todo eso pasaba hace muchos años.