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Un exsocio de Aneri asegura que no había control en la formación ‘on line’

El empresario cordobés comparece por videoconferencia desde la cárcel de Soto pero se niega a declarar

La última sesión de la comisión que investiga el caso Aneri, el presunto fraude de los cursos de formación de la Comunidad de Madrid, ha concluido este viernes en la Asamblea de Madrid con el silencio desde la cárcel de José Luis Aneri, principal imputado de la trama, y la denuncia de uno de sus exsocios. Víctor Porta, también imputado, aseguró que el control de la Comunidad en los cursos a distancia “era muy escaso, por no decir nulo”. Ana Isabel Mariño, que era consejera de Empleo entonces, replicó: “Si no se hubiera vigilado, no habría este final”. El Gobierno regional tardó cuatro meses en acudir a los tribunales desde que saltó el escándalo.

Jose Luis Aneri declara por videoconferencia en la Comision de Investigacion sobre corrupcion politica en la Comunidad de Madrid. Ampliar foto
Jose Luis Aneri declara por videoconferencia en la Comision de Investigacion sobre corrupcion politica en la Comunidad de Madrid.

De alguna forma, en la última sesión estaban representados los actores principales. El supuesto cabecilla de la trama, José Luis Aneri, que guardó silencio desde la cárcel. Uno de sus exsocios, Víctor Porta, que llegó con la intención de no hablar y acabó contando lo “fácil” que resultaba defraudar en los cursos de formación online, en los que se había especializado Aneri. Las investigaciones periodísticas, policiales y judiciales que comenzaron hace casi cinco años han sacado a la luz el modus operandidel empresario cordobés, que replicaba alumnos falsos con listados de nombres y DNI que conseguía de asociaciones, de boletines oficiales y hasta de listas de afiliados del PP.

También compareció, a petición propia, un representante de 13 de las 38 asociaciones que trabajaron con Aneri: Miguel Arresti. Desde la plataforma que integran, cuyos principales responsables están imputados en el caso, han sostenido siempre que fueron víctimas de la trama y no cómplices. Arresti insistió este viernes en este punto y denunció la “arbitrariedad absoluta” en la gestión de la Comunidad de Madrid. La última compareciente, la exconsejera de Empleo Ana Isabel Mariño, lo negó de forma tajante y sostuvo que su gabinete investigó el asunto “hasta el final”.

“No quiero ser irrespetuoso, pero no voy a declarar nada”

Sentado tras una mesa de una sala blanca en la cárcel de Soto del Real, la comparecencia de José Luis Aneri por videoconferencia en la Asamblea de Madrid dio este viernes para poco. El empresario cordobés, detenido el 24 de mayo por un nuevo presunto fraude en la formación, se acogió a su derecho a no declarar y permaneció 23 minutos como una estatua. “No quiero resultar irrespetuoso, pero no voy a declarar nada”, dijo. Los diputados aprovecharon sus turnos de palabra para dejar constancia de preguntas pendientes. Entre otras, si Aneri tuvo trato con cargos públicos de la Comunidad de Madrid, como indicó otro compareciente del día, el representante de 13 de las asociaciones que trabajaron con Aneri, Miguel Errasti. Cuando comenzaron las llamadas de la Comunidad a las asociaciones en otoño de 2013 porque no habían justificado las ayudas, “me dijo que no me preocupara, que tenía contactos muy influyentes allí para arreglarlo todo”, señaló. También le preguntaron por lo que dijo en su última declaración ante la juez del caso el 11 de mayo. Aneri aseguró que había llegado a un acuerdo tras su primer arresto con la Fiscalía de Madrid, dirigida entonces por Manuel Moix [exfiscal anticorrupción que acaba de dimitir], para salir de prisión si “exculpaba” a la Comunidad de Madrid de sus posibles responsabilidades. Miguel Ongil, diputado de Podemos, le preguntó si haber revelado ese pacto le había traído consecuencias “como volver a la cárcel”. Una investigación policial de la UDEF le sitúa como integrante de una nueva red de empresas con Antonio Arroyo, calificado por la policía como “el mayor estafador hipotecario de España”. Ambos fueron detenidos el 24 de mayo con otra docena de personas.

Tras cinco sesiones, concluyeron las comparecencias de la investigación política del caso. Desde el 24 de marzo, han acudido a la Asamblea 18 personas. Ocho son miembros o exmiembros de la patronal madrileña CEIM y la Cámara de Comercio, entre los que se encuentran dos de los principales imputados junto a Aneri: el citado Porta, exvicepresidente de la comisión de transportes de la Cámara de Comercio, y Alfonso Tezanos, exvocal de CEIM y expresidente de la comisión de formación de la cámara.

También comparecieron seis integrantes de la Consejería de Empleo en algunos de los años investigados —de 2011 a 2014—. Entre ellos, la ex directora general de Formación, Patricia Herreros, imputada también en el caso que investiga el juzgado de Instrucción 9 de Madrid. Herreros se acogió a su derecho a no declarar cuando compareció en la Asamblea. Quien sí habló fue otro de los cargos convocados. Miguel Ángel González Durán, que era jefe del área de Evaluación, Seguimiento y Control, aseguró el 24 de marzo en la comisión que no tenía personal ni medios para detectar un caso como este, en el que se investiga el posible fraude de hasta 4,4 millones de euros de fondos para cursos de formación de la Comunidad de Madrid y 11 millones de fondos estatales.

“El control en teleformación era muy escaso, por no decir nulo”, coincidió este viernes Víctor Porta, uno de los socios de Aneri hasta 2011 y la persona que le presentó a Alfonso Tezanos, el tercer supuesto cabecilla. Porta inició su intervención asegurando que su intención era no declarar, igual que Aneri. Pero acabó respondiendo a todas las preguntas de sus señorías. “Yo me caliento más fácilmente”, confesó.

La primera cuestión, del diputado de Ciudadanos César Zafra, era si consideraba que todo el entramado para el presunto fraude lo podía haber montado Aneri solo, como sostienen sus exsocios. “Estoy convencido de que sí”, dijo. “No tanto por méritos propios de Aneri, sino por negligencia y falta de control” de la Comunidad. Porta aseguró que él llegó a revisar a posteriori expedientes de Aneri en los que figuraban alumnos que eran trabajadores autónomos conectados ocho horas al día y cinco días a la semana sin que saltaran las alarmas de la Administración.

Desde la perspectiva de las asociaciones, Errasti dio un paso más y acusó a la Comunidad de “todo tipo de irregularidades”. Aseguró que el exjefe del Área de Formación Continua, Vicente Ferreras, fue quien les contó que estaban siendo objeto de “una estafa” y que él “no quería comerse solo ese marrón”. En otra ocasión, según su testimonio, este mismo técnico les dijo que “estaba harto de que Aneri viniera [a la sede de la consejería en Vía Lusitana] con firmas y sellos falsificados”. Ninguno de los dos extremos figura en las declaraciones que Ferreras hizo en la Asamblea y en juzgado.

“Hicimos que los técnicos investigaran para ir hasta el final”, recalcó la exconsejera Mariño en su turno. Aseguró que su consejería colaboró con la policía, aunque el cargo que hizo esa visita fue destituido a los tres días de acudir a la policía judicial. Según Mariño, Patricia Herreros le destituyó “por falta de sintonía y por no hacer bien su trabajo”. Explicó también que los cursos de formación a distancia se revisaban una vez hechos porque “había trazabilidad”, es decir, dejaban huella online. Aunque lo cierto es que, una vez destapado el caso, su consejería anuló cualquier subvención a la teleformación.

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