Los Pujol ganan la ‘batalla de Andorra’ a los banqueros de BPA

La nota manuscrita en la que Marta Ferrusola se presentó como "madre superiora" para ordenar una transferencia a su banco andorrano se ha convertido en un bumerán. El escrito fue aportado a la Fiscalía por los expropietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA), Higini y Ramon Cierco, y sirvió de base para que el juez del caso Pujol ordenara registrar la casa del expresident Jordi Pujol y de su mujer el pasado abril. Los Pujol reaccionaron a esa filtración y dieron la batalla en Andorra. Denunciaron a los banqueros por revelación de secretos. Y se han anotado un tanto. El jueves, un juez de ese país ordenó el registro de la casa de los Cierco para averiguar si cometieron un delito al entregar esa información.

La batalla de Andorra es una consecuencia de la guerra que, desde hace años, libran, cada uno por su lado, los Pujol y los Cierco. La familia del expresidente catalán trata de salir airosa de la investigación que dirige la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales y fraude fiscal. Pujol confesó que su familia había ocultado una fortuna a Hacienda durante más de 30 años. Y explicó que procedía de una deixa (legado) de su padre. Los investigadores opinan, en cambio, que tiene su origen en la corrupción política. Los Cierco, por su parte, batallan para recuperar el control del banco -que les fue arrebatado por indicios de blanqueo de capitales hace dos años- y, también, para eludir sus problemas con la justicia.

Los Pujol y los Cierco no están, de entrada, enfrentados. Tienen un enemigo común: el Estado español -y el andorrano, para los banqueros- que les investiga. Y que lo hace con tácticas poco ortodoxas, según han denunciado ambos a propósito de las maniobras policiales para obtener cierta información. Tienen, además, algo que les une: entre 2010 y 2014 -cuando la familia se vio obligada a regularizar, BPA guardó el dinero opaco de los Pujol. En esas guerras particulares, sus intereses han colisionado. Y se han producido daños colaterales.

El último conflicto lo provocaron los Cierco. En marzo de 2017, Higini Cierco acudió a los fiscales anticorrupción que investigan el caso Pujol y les entregó documentación bancaria relacionada con los Pujol. Lo hizo, según fuentes judiciales, para buscar un pacto en la causa abierta en España por blanqueo contra la filial de BPA, Banco Madrid. En la documentación constaba la nota sobre la madre superiora, pero también una información que situaba a la mujer de Oriol Pujol, Anna Vidal, como titular de una cuenta en Andorra, lo que motivó que fuera citada como investigada.

Los Pujol sospechan que parte de esa información ha podido ser alterada o manipulada. Admiten que Marta Ferrusola usaba el alias de "madre superiora" para operar con la banca, pero creen que el papel aportado por los Cierco es un fotomontaje y no lo reconocen como auténtico. Además, la información entregada no es de BPA sino de Andbank, la entidad rival en el Principado que custodió el dinero de los Pujol hasta 2010, cuando les expulsó. Esta entidad ha negado que Anna Vidal tuviera cuentas.

Revelación de secretos

Fidedignos o no, los documentos no cayeron en saco roto. Sirvieron para que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenara, en abril, el registro en las casas y los despachos de Pujol. Y para citar a declarar, de nuevo, como imputado, al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que desde entonces permanece en prisión provisional sin fianza. Por eso, en mayo, tras el ingreso en prisión de Júnior, los Pujol denunciaron a los Cierco ante la justicia andorrana.

La denuncia les atribuye dos delitos del código penal andorrano: descubrimiento y revelación de secretos y creación de documento inauténtico, dos delitos que contempla el Código Penal andorrano. Y argumenta que los Cierco "no podían facilitar esa documentación a una autoridad extranjera sin vulnerar la obligación de secreto bancario que le incumbe".

No es la primera vez que los Pujol buscan auxilio judicial en Andorra. Lo hicieron ya en el verano de 2014, nada más salir a la luz los pantallazos de las cuentas de la familia en ese país -publicados por El Mundo- que obligaron al expresident a confesar. Dos años más tarde, los Cierco acusaron a mandos policiales españoles por haberles coaccionado y amenazado para entregar información bancaria de la familia. Los Pujol pusieron entonces nombre y apellidos a esa "revelación del secreto bancario" que, a su juicio, los Cierco "han reiterado durante el año 2017", según la denuncia, que animaba a las autoridades a adoptar "medidas cautelares".

El fiscal y el juez de Andorra tomaron cartas en el asunto y el jueves registraron las casas y oficinas de los Cierco en busca de documentación. Los Cierco se han mostrado indignados. Creen que, mientras su denuncia contra policías españoles por amenazas está "en vía muerta", cualquier acción que tiende a "proteger los intereses de los Pujol" se decide "con prontitud".