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OPINIÓN

¿Quién erosiona la democracia?

El informe del Síndico sobre el deterioro en derechos humanos no habla de futuribles sino de leyes vigentes la aplicación de las cuales ha implicado multas, procesamientos y condenas

Concentración de apoyo a los miembros de la Generalitat imputados por la consulta del 9-N.
Concentración de apoyo a los miembros de la Generalitat imputados por la consulta del 9-N.

Esta vez, para identificar las amenazas antidemocráticas no era preciso rastrear en YouTube, ni practicar un audaz periodismo de investigación, ni disponer de un Anacleto, agente secreto, infiltrado en las filas del adversario. Esta vez, bastaba con acudir a la rueda de prensa convocada el pasado 28 de abril, en el Parlament, tras la presentación a su presidenta del informe elaborado por el Síndic de Greuges bajo el título Retrocessos en matèria de derts humans: llibertat d'expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d'Espanya.

El documento, de unas 30 páginas, consagra casi la mitad de estas a señalar las regresiones que, en materia de derechos y libertades básicas, se han producido durante estos últimos años en el Estado español. Siempre poniendo tales retrocesos en contraposición al marco legislativo y jurisprudencial europeo, el Síndic subraya las restricciones a la libertad de expresión que suponen la reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Nacional, las tres de 2015. E ilustra las consecuencias prácticas de tal amordazamiento con casos tan notorios como el procesamiento de unos titiriteros por “enaltecimiento del terrorismo”, o la condena a Cassandra Vera por “humillación a las víctimas del terrorismo”, siendo la “víctima” humillada el almirante Carrero Blanco, nada menos.

El texto se ocupa también de la grave erosión del principio de separación de poderes que vivimos. Por mucho que, en un informe de 2016, el GRECO (Grupo de Estados Contra la Corrupción, adscrito al Consejo de Europa) advirtiese —mirando a Madrid— que “las autoridades políticas no deben intervenir en ninguna de las etapas de la designación de los magistrados”, en España la partidización y la ideologización del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional (TC) continúan tan pimpantes.

No solo eso. Por una parte la sentencia 42/2014 del TC —que permite someter a control jurisdiccional las resoluciones parlamentarias de carácter estrictamente político, hasta entonces no impugnables— y por otra la reforma en 2014 de la Ley Orgánica del Constitucional —que dota a éste de capacidad sancionadora—, han modificado profunda y unilateralmente el papel del TC tal como fue consensuado durante el período constituyente y han dañado su independencia, según apuntaba el pasado marzo la Comisión de Venecia. Lo han hecho con la flagrante intención de contrarrestar el proceso soberanista catalán, aunque fuese al precio de poner en manos del Constitucional “medidas exorbitantes desde cualquier perspectiva democrática del derecho sancionador, sea penal o administrativo”.

La segunda parte del informe del Síndic analiza el deterioro experimentado por los derechos y libertades en Cataluña, los casos concretos de persecución penal contra cargos electos de carácter local y autonómico, de Joan Coma a Artur Mas pasando por los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament. Y no deja de expresar estupefacción ante la espesa capa de silencio e impunidad que ha cubierto todos los aspectos de la llamada Operación Cataluña, incluyendo las charlas conspirativas Fernández Díaz-De Alfonso.

Permítanme enfatizar que el documento al que aludo no habla de futuribles, de “qué haremos con los datos fiscales de la ciudadanía si...” o de “qué les ocurrirá a los funcionarios cuando...”. Habla de leyes vigentes cuya aplicación ha supuesto a día de hoy miles de multas, decenas de procesamientos y diversas condenas. Tampoco se trata de un panfleto ni del contenido de una charla propagandística o agitatoria. El Síndic de Greuges es una respetada e independiente institución estatutaria cuyo actual titular —desde 2004— es Rafael Ribó i Massó, exsecretario general del PSUC y expresidente de Iniciativa per Catalunya. A mayor abundamiento, han contribuido al informe los catedráticos Joan Josep Queralt (penalista) y Joan Vintró (constitucionalista), con la colaboración puntual del exfiscal José María Mena. Vamos, no precisamente una banda de maulets...

Sin embargo, el informe ha tenido escaso eco informativo y de opinión. Todas las vestales de la juridicidad, todos los celadores de la salud democrática supuestamente en peligro a causa del proceso callan. Porque la democracia es importante, claro, pero la unidad de España lo es mucho más.

Termino citando dos frases del informe del Síndic; la que previene contra “la imagen de la justicia utilizada como un instrumento servil en contra de una posición política”; y aquella otra que constata: “los sistemas políticos inseguros por su falta de consenso social necesitan recurrir al derecho penal para proteger su prestigio”.

Joan B. Culla es historiador.