Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Las empresas del ‘caso Aneri’ usaban como alumnos a sus propios trabajadores

La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha elaborado un informe sobre el supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados

El empresario cordobés, José Luis Aneri Molina.
El empresario cordobés, José Luis Aneri Molina.

La Cámara de Cuentas ha elaborado un informe sobre el caso del supuesto fraude en los cursos de formación subvencionados por la Comunidad de Madrid, conocido como el caso Aneri y destapado por EL PAÍS, en el que se han conocido más irregularidades. En el documento se constata que la mayoría de las empresas que se beneficiaron de esta subvención y que iban a encargarse de la formación de otros trabajadores utilizaron los nombres de sus propios empleados, desde 2010 a 2013, para acreditarlos como alumnos de los mismos.

Este informe analiza la gestión de las subvenciones, a las que se destinaron casi 318 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid para formar a 500.000 trabajadores ocupados y desempleados.

La Cámara de Cuentas denuncia la excesiva subcontratación por parte de las empresas beneficiarias, ya que estas se convertían en simples intermediarias y las que terminaban impartiendo los cursos eran las segundas. Además, el informe critica la insuficiente justificación de los costes de los cursos, ya que las empresas no aportaban ninguna nómina, facturas o cualquier otra documentación que acreditase los gastos generados.

Según informa el fiscalizador público, las subvenciones se entregaban en su totalidad al principio del contrato sin ninguna comprobación posterior de que ese curso se hubiese impartido. Esta situación conducía a un importante riesgo de no recuperar las ayudas pagadas en exceso, además de permitir al beneficiario solicitar de nuevo una subvención sin terminar de justificar las ya concedidas en ejercicios anteriores.

Los cursos de formación, todos por vía telemática, fueron impartidos por empresas sobre las que, tanto la investigación policial como la realizada por la auditora privada de la consejería, concluyeron que era imposible constatar su realización.En la selección de alumnos se incumplieron los porcentajes de ocupados y desempleados. El 7,6%, el 23,6%, el 27,8% y el 51,9%, desde 2010 a 2013, año en el que se descubrió el fraude. Además, muchos de ellos figuraban varias veces en el mismo o en distinto curso. Otros de ellos, incluso, aseguraron no haber recibido ningún tipo de formación.

Las entidades beneficiarias de las ayudas estaban vinculadas con los alumnos, que en muchos casos eran los trabajadores de estas. Esto les permitió alcanzar los porcentajes de ocupados sobre desempleados que le exigía la ley. Además, la institución denuncia que a la vista de las irregularidades existe “un importante riesgo” de que los trabajadores realmente no recibieran los cursos, después de haber sido incluidos por la empresa, incluso sin su consentimiento, con el único fin de recibir la subvención.

El análisis realizado también ha permitido comprobar que, a nivel general, se incumplió el compromiso de contratación. Se han dado casos en los que la empresa beneficiaria no ha realizado el fin para el que recibió la subvención. A pesar de ello, cobró hasta el 40% de las ayudas públicas.

Inspección ineficaz

El informe señala también que el control que realizó la Comunidad de Madrid sobre la gestión de los cursos fue ineficaz. La inspección consistía en revisar los documentos que presentaban las empresas que, en muchos casos, eran simples formularios rellenados por los propios alumnos y nunca con detalles económicos.

La ineficacia aumentó en el caso de los cursos de teleformación. En estos casos, los inspectores de la Comunidad no pudieron realizar visitas en persona para comprobar que el curso se había realizado, por lo que los auditores públicos no pudieron garantizar la limpieza del proceso. Además, se encontraron discrepancias entre el número de alumnos registrados en las actas de seguimiento y los partes de firmas de los alumnos en las clases.

La auditoría de la Cámara de Cuentas concluye que la plataforma informática con la que se realizaban estos cursos online no registraba la dirección IP desde la que tenían lugar las conexiones. La falta de control se traduce en la imposibilidad de confirmar las acciones que los alumnos realizaron en esta plataforma.

Sigue con nosotros la actualidad de Madrid en Facebook, en Twitter y en nuestro Patio de Vecinos en Instagram