“La aplicación del protocolo contra la ablación es perversa”

El caso de una pareja de Guinea-Conakry a la que la Generalitat detuvo y apartó de sus hijos después de que una pediatra detectase, erróneamente, que sus hijas habían sido sometidas a una ablación, ha despertado de nuevo el debate sobre el abordaje de la mutilación genital femenina (MGF). En España, donde hay unas 17.000 niñas en riesgo de sufrir una ablación, esta práctica es ilegal. Cataluña, donde residen más de un tercio de ellas, cuenta con un protocolo de 2002, en su momento pionero, para abordar los casos de riesgo pero su aplicación es controvertida. La antropóloga Adriana Kaplan, directora de la Fundación Wassu-UAB, que trabaja en la prevención de la MGF y ha colaborado en la creación de una ley que prohíba esta práctica en Gambia, alerta de que las políticas contra la ablación no están funcionando. “El protocolo de la Generalitat no funciona porque su aplicación es perversa. El primer nivel del protocolo habla de que desde los servicios de atención a las personas [atención primaria, colegios y servicios sociales] hay que hacer un trabajo de sensibilización. El problema es que se están saltando este nivel y la prevención la hacen los Mossos d’Esquadra. Han asumido que ellos forman parte de ese primer nivel cuando no lo son”, apunta.

El cúmulo de errores administrativos que sufrió la familia de Guinea-Conakry residente en Sabadell no es un caso aislado. Con Bintou Kebeek, una gambiana de 39 años y madre de seis hijos (tres de ellas niñas), también se equivocaron. “Iba a viajar a mi país y, pese a tener el aval médico y firmar elcompromiso contra la MGF [un documento que suscriben los padres para garantizar la integridad de sus hijas cuando viajan a sus países de origen, donde la ablación es una práctica común], la policía no me dejó salir y nos retiraron los pasaportes”, explica Bintou, que además colabora con la Fundación Wassu-UAB y viajó a Gambia con Kaplan para participar en talleres de formación en su poblado. La segunda vez que lo intentó, ya con el beneplácito de la policía, tampoco pudo viajar a su país por un retraso burocrático en los juzgados, que no habían retirado la denuncia. La familia, que dispone de unos recursos económicos limitados, ha perdido más de 4.000 euros en los pasajes que no ha podido utilizar.

Sobre el papel, el protocolo de la Generalitat defiende una “respuesta integral” a través de la “mediación comunitaria” en las familias y la “formación” de los profesionales. Hay tres niveles: prevención, detección y atención. La vía judicial, señala el documento, “es el último escalón del proceso y únicamente” se utilizará cuando los primeros niveles de asistencia —salud, enseñanza y servicios sociales— hayan fallado. Kaplan señala, sin embargo, que estas pautas no se están cumpliendo. “En Cataluña hay dos vías: la cohercitiva y punitiva, capitaneada por la Generalitat y que ejercen los mossos; y la preventiva, basada en el conocimiento, la formación, la transferencia del conocimiento y el acompañamiento en los casos”, lamenta la investigadora. “Con quien tienen relación las madres es con la pediatra, la enfermera, la trabajadora social… y es con ellas con las que tiene que hablar y trabajar la prevención. Conmigo no interlocuta un policía, interlocuta la maestra de mis hijos”, zanja la investigadora.

Kaplan insiste en que los profesionales “no están formados”, como ordena el protocolo. “Los mossos hacen intervenciones in extremis o rutas por los colegios y centros sanitarios pero en una charla de una hora y media no puedes deconstruir los prejuicios. Es una práctica que, a nuestros ojos y los de los derechos humanos, se considera bárbara y aberrante pero a los ojos de esta familia es lo mejor que pueden hacer por estas niñas. Mientras tú piensas que la madre es una criminal que no cuida a sus hijas, tu mirada va a ser diferente. El tiempo, el contenido y el conocimiento son fundamentales”, explica. Por su parte, la Generalitat, que a raíz del caso de la familia de Guinea-Conakry anunció que revisará el protocolo, aseguró hace unos días que el Departamento de Salud ha formado a 255 sanitarios en 2016.

La investigadora apunta que la metodología de Wassu-UAB se ha aplicado con éxito en algunos municipios del País Vasco, en Aragón y próximamente en Andalucía, gracias al apoyo económico de la fundación La Caixa o el Ministerio de Sanidad. Sin embargo, pese a tener base en Barcelona, la fórmula de la fundación no ha penetrado en Cataluña excepto en contados municipios como Badalona o Santa Coloma de Gramenet. “Cataluña está excluyendo la vía preventiva sistemáticamente y va siempre por la vía punitiva”, denuncia.

Y lo peor, advierte, es que por el camino desaparecen niñas. La fundación dispone de un mapa de mutilación genital femenina que les ayuda a monitorizar los movimientos demográficos de la población en riesgo. Kaplan ultima una nueva edición del mapa pero sospecha que muchas niñas pueden haber vuelto sus países de origen. Ante el temor de que la policía llame a la puerta, los padres las mandan de vuelta. “No sabemos cuántas niñas han vuelto a su país. En este nuevo mapa queremos comparar si el número de niñas que se han marchado es igual al número de niños. Lo que sí sé es que entre 2012 y 2015 hay 412 niñas gambianas que ya no están”, lamenta.