Barcelona acusa a Airbnb de “tomarles el pelo” con los pisos turísticos

Lejos de calmarse las aguas, el enfrentamiento que el Ayuntamiento de Barcelona mantiene con Airbnb por alojar anuncios de pisos turísticos ilegales se recrudece. En un intento de acercarse al gobierno de la alcaldesa Ada Colau, el único del mundo que les ha multado, el responsable europeo de Asuntos Públicos de la compañía Patrick Robinson ha explicado que el portal limitará los anuncios sin licencia en el distrito de Ciutat Vella a uno por propietario. La respuesta del concejal de turismo del consistorio, Agustí Colom, ha sido contundente: "Es una tomadura de pelo. Airbnb se equivoca, no se pueden publicitar pisos sin licencia, hemos dicho que seremos contundentes contra los pisos turísticos ilegales".

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Ciutat Vella concentra los cuatro barrios más presionados por el turismo y hay barrios donde la mitad de escaleras de vecinos tienen pisos turísticos. Airbnb tiene 4.500 en la zona, el 25% de toda la ciudad. Robinson ha añadido que solo los profesionales con licencia podrán tener más de un piso anunciado, siempre que muestren visiblemente los datos de la empresa. Y ha asegurado que no descarta ampliar la restricción de anuncios a otras zonas de la ciudad. Sobre la posibilidad de que los anunciantes intenten colgar más de un anuncio, han asegurado que la herramienta de datos que solicitará la web lo detectaría.

El responsable de la compañía de negociar con Ayuntamientos y Gobiernos europeos ha insistido, esta vez formalmente, en ofrecer al ejecutivo de la alcaldesa Ada Colau cobrar la tasa turística. Y ha asegurado que la recaudación para la ciudad sería de seis millones de euros anuales. El gobierno de Colau siempre ha rechazado este cobro, porque entiende que sería legitimar la oferta ilegal. En cualquier caso, la tasa depende del departamento de Economía de la Generalitat, que "en la Ley de Acompañamiento habla de habilitar a las plataformas a través de un convenio previo" para que la cobren, ha recordado Colom. Pero solo ha los que tienen licencia, entiende el concejal: "No esperamos otra cosa, solo podrá ser para las plataformas que publiciten oferta legal".

Con la cautela que suele caracterizar el tono de cualquier comunicación de Airbnb, que no se cansa de insistir en que ha llegado a acuerdos con 300 gobiernos y Ayuntamientos en todo el mundo, tanto Robinson como el responsable de relaciones institucionales para España, Ángel Mesado, han reconocido que Barcelona plantea "más desafíos que otras ciudades", pero que el diálogo con las autoridades es "esporádico pero continuado". "Compartimos la voluntad de tener un turismo responsable y sostenible en Barcelona y estamos convencidos de que somos parte de la solución", han afirmado tras asegurar que se han reunido también con vecinos y anfitriones.

Por su parte, la concejal de CiU, Sònia Recasens, ha denunciado: “No puede haber excusas en el cumplimiento de la ley y existe una norma de la Generalitat que obliga a las plataformas que gestionan viviendas de uso turístico a publicitar pisos legales con número de registro”. Pese a ello, el principal grupo de la oposición ha animado al gobierno de Ada Colau: “Sin renunciar a la exigencia en el cumplimiento de la ley, a abrir un proceso de diálogo y negociación con estas plataformas para alcanzar su colaboración en el camino de mejorar la gestión y cualidad del turismo en la ciudad de Barcelona”. Recasens apuesta por la negociación ya que por el camino de la sanción acaba en los tribunales que “están fallando a favor de las plataformas”.