Nunca es buen día para ser detenido

Los todoterrenos blancos y verdes de la Guardia Civil aparcados frente a los Ayuntamientos y sedes de Convergència son la seña de identidad de los registros por el caso 3%. El último del pasado jueves se produjo cuatro días antes del juicio contra el expresidente Artur Mas por la consulta del 9-N. Esa circunstancia despierta recelos entre los sectores independentistas, que ven en ella una “intención política”. “Se trata de hacer el mayor daño posible”, concluyó el expresidente catalán. La pregunta está en el aire: ¿Existe una intención oculta que lleve a lanzar operaciones en fechas clave?

La Guardia Civil ha llevado a cabo cuatro oleadas de vistosos registros y detenciones, dirigidos por la Fiscalía Anticorrupción, en dos años en Cataluña por el 3%. El más sonado fue el de la sede de la antigua Convergència el 28 de agosto de 2015, a un mes de las elecciones municipales del 27-S. “Buscan influir en la campaña electoral”, repitió entonces la cúpula del partido. Dos meses después, cuando vieron llegar de nuevo a los todoterrenos verdes y blancos, el secretario del partido, Josep Rull, afirmó: “No es coincidencia que en un día señalado como es el de la firma de la constitución del Parlament entren nuevamente a las sedes”. “Nunca es un buen día. Además, en Cataluña, en la situación que vive, siempre te pilla cerca de una fecha importante”, afirman fuentes policiales.

El discurso de la conspiración, siempre bajo la apariencia de sutiles (o no) insinuaciones, no es patrimonio exclusivo de CiU. Lo han practicado otros partidos involucrados en escándalos de corrupción. Como el PP. En febrero de 2016, tras la victoria electoral de los populares en las elecciones del 20-D, el entonces ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que le “llamaba la atención” que las actuaciones judiciales sobre corrupción que afectan al PP solo se producen en momentos políticos “delicados”. Y aseguró que no creía por norma general “en la espontaneidad ni en la casualidad”. En mayo de 2016 —a un mes de las elecciones generales del 26-J— fue la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. “Normalmente, no sé por qué este tipo de cosas suelen coincidir con periodos electorales, hay una actividad inusitada”, dijo tras la fianza impuesta al PP por el caso Bárcenas.

En el caso de los ERE de Andalucía, fue la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, quien se despachó con la jueza Mercedes Ayala. “Si uno acude a la hemeroteca, son más bien los anuncios de las decisiones [de Alaya] los que han ido coincidiendo con el calendario de la Junta”, dijo, cuando José Antonio Griñán, cercado por la investigación, dejó el cargo.

Las fuentes judiciales consultadas señalan que, en ocasiones, las operaciones no pueden esperar. O que se fijan sin tener en cuenta el calendario político. Sin embargo, existe cierto consenso de que no deben tomarse decisiones de calado en campaña electoral para que los ciudadanos puedan decidir sin interferencias. Pero es un arma de doble filo. En los casos de corrupción los partidos implicados pueden verse beneficiados por esa invisibilidad. “Hacer o dejar de hacer... Todo acaba influyendo”, subrayan.

Policías, fiscales y jueces consultados insisten en que no hay conspiración. Entre otras cosas, porque no es técnicamente posible. “A nivel logístico, una operación como la del 3% exige un gran esfuerzo. Hay que coordinar a guardias civiles, secretarios judiciales, agenda del juzgado... Y eso exige un tiempo de preparación”. Por lo general, los cuerpos de seguridad proponen un dispositivo y una fecha aproximada y acuden al juez para cuadrarlo con su agenda. “Hay demasiados actores implicados”.

Por el juicio del 9-N que empieza mañana, el TSJC citó a declarar a Mas casi un año después de que la Fiscalía se querellara contra él. Muchos vieron en esa decisión una “intencionalidad” porque fue dos días después de las elecciones que le dieron la victoria. “Al citarle tras las elecciones, ¿se le estaba perjudicando o beneficiando? Nunca llueve al gusto de todos”, señalan esas fuentes.

Pero lo más curioso es la fecha elegida por el magistrado, Joan Manel Abril: el 15 de octubre, en el 75 aniversario del fusilamiento del expresidente Lluís Companys. La decisión indignó al soberanismo. La realidad es más prosaica: Abril no tenía idea de la efeméride. El comentario jocoso es de un juez de Barcelona: “Para evitar suspicacias, antes de lanzar una operación tendremos que consultar los almanaques y el santoral”.