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La Generalitat a un empresario: “Debería catalanizar su empresa”

Un constructor donó 17.000 euros y empezó a ganar adjudicaciones públicas

La Guardia Civil registra la sede de Bimsa.
La Guardia Civil registra la sede de Bimsa. EFE

Sergio Lerma, presidente de la constructora Oproler, no estaba teniendo demasiado éxito en Cataluña. La Generalitat le había adjudicado una obra menor, pero le había dejado fuera en multitud de concursos públicos (hasta 25) en lo sucesivo pese a que su oferta era competitiva. Siempre quedaba segundo, o tercero, pero nunca ganaba la obra. Lerma pidió explicaciones entonces a un cargo de Infraestructures.cat -la mayor licitadora de obra pública del Gobierno catalán- que le respondió: "Es usted un empresario de Madrid, debería catalanizar su empresa".

Eso es lo que Lerma, uno de los empresarios detenidos en la última fase del caso del 3%, contó ayer en su declaración ante la Guardia Civil, según han informado a EL PAÍS fuentes cercanas a la investigación. El constructor identificó el cargo, pero no el nombre de su interlocutor en Infraestructures. Tampoco citó la fecha concreta del encuentro. Pero agregó que esa persona le indicó que existía una "lista" de empresas y le sugirió "integrarse" en la sociedad catalana.

No era la primera vez que le habían lanzado un consejo similar. Ya lo había recibido antes de una persona cercana y, desde entonces, decidió dar pasos adelante para que su empresa, dirigida desde Madrid, pudiera "abrirse camino" en Cataluña. Uno de esos gestos lo llevó a cabo en 2010, cuando Lerma donó un total de 17.000 euros a las dos fundaciones afines a Convergència: CatDem y Fundación Fòrum Barcelona. La estrategia parece que funcionó porque, posteriormente, empezó a recibir adjudicaciones.

Según los investigadores, esas dos fundaciones vehicularon el pago de comisiones ilegales a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y sospechan que la trama camuflaban como donaciones lo que, en realidad, eran supuestamente mordidas. Las donaciones de Lerma lo fueron a título personal, no de Oproler. Lerma sostiene además que le habían indicado que se trataba de dos entidades de fomento de la cultura catalana.

En esa misma línea de adentrarse en el mercado catalán, Lerma fichó, entre otros, a su delegado en Cataluña, Josep Manuel Bassols. Según revela hoy El Mundo, constan correos electrónicos de empleados de Oproler que citan una reunión entre Bassols y el representante de otra empresa (Jordi Soler, del Grupo Soler) con el exsecretario de Gobierno de Artur Mas, Germà Gordó. Lerma no fue preguntado, según las mismas fuentes, por esos correos ni por la presunta participación de Gordó en la trama.

Entre los 18 detenidos en la operación del jueves figuran el extesorero de Convergència, Daniel Osácar; el abogado del partido, Francesc Sánchez, el ex número dos de Infraestructures.cat, Josep Antoni Rosell, y el exconcejal de Urbanismo de Barcelona Antoni Vives. Todos ellos quedaron en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar en la comandancia de la Guardia Civil en Tarragona. Los investigadores tratan de acreditar que los máximos responsables de Convergència estaban al tanto del cobro de comisiones, lo que atañe supuestamente no solo a Gordó, sino también a Mas.

En un comunicado, Vives ha defendido este sábado que “es mentira, una calumnia y una falsedad" que se lucrara cuando era concejal en Barcelona, y anunció que está recopilando las informaciones publicadas que apuntan a la comisión de delito.

“He comenzado a recogerlas para ponerlas en manos de mis abogados y finalmente interponer una querella contra quien las difunde y las sigue difundiendo”, aseguró, y mantiene que las adjudicaciones hechas por Barcelona d’Infraestructures Municipals (Bimsa) en su etapa como edil siguieron los controles y procedimientos preceptivos. Asimismo, Vives rechaza las acusaciones de presunto lucro personal que se está investigando, que ha tachado de mentira: “Solo hace falta analizar mis declaraciones del IRPF, mis declaraciones de bienes al propio Ayuntamiento o las cuentas de mi empresa”.