El Canal solicita a su socio dominicano investigado por corrupción que deje su cargo

Más información

La fiscalía dominicana investiga por corrupción a un “socio estratégico” del Canal de Isabel II

El Canal cierra 12 de las 20 filiales que controla en Latinoamérica

“Poco podemos hacer hasta que se determine de verdad si tiene alguna responsabilidad”, dijo el pasado martes el consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, sobre la investigación que apunta a Ángel Rondón en un caso de presuntos sobornos. Se refirió Garrido, además, al complejo entramado de compañías y de socios sobre el que se sostienen la la veintena de filiales de la empresa pública madrileña en Latinoamérica. En el caso de AAA Dominicana, Rondón controla un 35% de las acciones (el 10% a su propio nombre y el resto como representante de otras dos empresas) y el otro 65% está en manos de Inassa. Esta última compañía, con sede en Colombia y perteneciente en un 81% al Canal, es la que controla a su vez el resto de filiales americanas (son 20, pero el Gobierno regional ha anunicado que va a cerrar 12).

Así que, en ese trabalenguas de sociedades, lo que ha hecho el Gobierno madrileño es instar a Inassa, a través del Grupo Canal, para que solicite a Rondón que abandone su puesto como copresidente del consejo de administración de AAA Dominicana. Lo hizo el pasado miércoles en una carta en la que le pide la separación temporal del puesto, pues las informaciones sobre la investigación del caso de los sobornos del gigante brasileño de la construcción Odebrecht pueden afectar negativamente a la imagen de la firma, que, con 300 empleados en plantilla, se dedica a prestar servicios de apoyo a la gestión del ciclo integral del agua, de asesoría, consultoría, ingeniería, abastecimiento y saneamiento.

Copresidente hasta 2021

En la asamblea general de accionistas de AAA Dominicana celebrada el pasado 9 de marzo de 2016, la compañía aprobó por unanimidad la composición hasta septiembre de 2021 del consejo de administración. Será copresidido hasta esa fecha por Ángel Rondón, según el acta de aquella reunión, a la que ha tenido acceso este diario.

El otro copresidente renovado aquel día para los próximos cinco años es Diego García Arias, responsable a la vez de Inassa y la persona que firma la carta enviada el miércoles a Rondón para que deje su puesto. García Arias ha llevado a la práctica los deseos del Canal de Isabel II, empresa pública presidida y controlada por el Gobierno regional.

Sin embargo, el pasado mes de junio se negó a comparecer en la Asamblea de Madrid para explicar los negocios de las filiales latinoamericanas del grupo, sobre las que pesan desde hace meses numerosas y crecientes sombras de irregularidades. El responsable de Inassa argumentó entonces que tenía que pedir permiso a sus accionistas antes de someterse a las preguntas de los diputados madrileños, pues durante la comparecencia se podría ver obligado a “revelar públicamente información privilegiada de la compañía”.

De momento, a las oficinas del Canal no ha llegado ninguna respuesta por parte de Rondón a la petición de abandono, según fuentes cercanas a la empresa pública madrileña. Mientras, la Fiscalía General de la República Dominicana continúa con la investigación de uno de los mayores casos de corrupción ocurridos en el país caribeño.

Una trama internacional

La constructora Odebrecht —una de las principales protagonistas del caso Petrobras, el escándalo de corrupción que ha sacudido la política brasileña— ha reconocido en un acuerdo con la justicia estadounidense que sobornó con 788 millones de dólares (737 millones de euros) a funcionarios de una docena de países de África y América Latina. De ellos, 92 millones de dólares (algo más de 85 millones de euros) fueron a parar a autoridades de la República Dominicana entre 2001 y 2014 a cambio de 17 contratos. Además, el responsable de Odebrecht en el país caribeño, Marcelo Hofke, señaló hace apenas unas semanas a Ángel Rondón como el receptor de ese dinero. Rondón, por su parte, ha reconocido que recibió una cantidad similar, pero negó durante un interrogatorio de más de 12 horas el pasado 11 de enero que fuera para pagar sobornos, sino que se trataba del “pago de sus servicios como representante comercial”.