Tres meses para abordar el volcán catalán

Pocos factores han influido tanto en la parálisis institucional española de este año como la crisis territorial en Cataluña. Los independentistas no han conseguido por ahora sus objetivos pero sí han provocado que, durante más de diez meses, ninguno de los grandes partidos consiguiera sumar una mayoría suficiente para gobernar. El cordón sanitario erigido alrededor de los soberanistas catalanes ha dificultado como nunca dicha suma y las heridas que ha dejado tardarán en cicatrizar. La parálisis se ha superado en el último minuto —hay Gobierno— pero el volcán independentista amenaza con desestabilizar de nuevo la política española si no se logra, ya no pactar una salida con los independentistas, sino al menos abrir vías de diálogo.

Tres meses. Este es el plazo con el que trabajan muchos sectores del independentismo para evitar lo que ven como el choque de trenes definitivo. La situación es la siguiente: el Gobierno catalán, formado por la antigua Convergència y Esquerra Republicana y apoyado siempre in extremis por los anticapitalistas de la CUP, mantiene invariable su última hoja de ruta. Esto es aprobar en verano las llamadas “leyes de desconexión” de España para intentar organizar un referéndum de independencia la segunda quincena de septiembre del que la Generalitat no da ningún detalle. Lo único que dice es que lo convocará haya o no acuerdo con el Estado.

Al otro lado el Gobierno mantiene también inamovible su estrategia de atacar el independentismo desde los tribunales. Ya son cerca de tres centenares los cargos electos que tendrán que responder ante la Justicia por todo tipo de actos relacionados con actos de desobediencia vinculados al proceso independentista. Muchos de estos casos, comenzando por el de la consulta del 9 de noviembre de 2014, llegarán a juicio antes de la primavera. De ahí que los independentistas no vean más de dos o tres meses de margen para intentar abrir una vía de diálogo que, esta vez, el Gobierno parece dispuesto a explorar.

Los independentistas ven casi imposible que se encuentren vías para el acuerdo una vez comience el rosario de inhabilitaciones y condenas, que dan casi por seguras, y que podrían alcanzar al mismo expresidente, Artur Mas.

Los independentistas no ven más de dos o tres meses de margen para intentar abrir una vía de diálogo

“Veo dos o tres meses de margen para que se puedan, ya no cambiar los proyectos, que en nuestro caso es y seguirá siendo el referéndum, sino para al menos abrir un diálogo que nos permita a todos modular los tiempos”, explica Francesc Homs, diputado del Partit Demòcrata Europeu Català y uno de los que se exponen a ser inhabilitados por haber organizado la consulta del 9 de noviembre de 2014. Homs, que no entra en detalles sobre qué se puede modular, forma parte del grupo de dirigentes que, sin renunciar a una votación sobre la independencia, creen que hay margen para la política. Defienden la posibilidad de poner en marcha para Cataluña una “operación de Estado” tan ambiciosa como la que en 1977 permitió legalizar el Partido Comunista. El presidente catalán, Carles Puigdemont, ha ahondado reiteradamente en esta tesis los últimos meses, especialmente en sus mensajes dirigidos al Gobierno: “El independentismo debe ser reconocido como un actor político porque no va a desaparecer”.

El Gobierno ha dado pocas pistas sobre qué piensa hacer. De momento, los gestos se han limitado a prometer diálogo y a nombrar como delegado del Gobierno en Cataluña a Enric Millo, que representa el ala más catalanista del PP de Cataluña. A su vez, Millo ha prometido centrar el debate en dos asuntos que, cree, pueden ayudar a rebajar el malestar del que se alimenta el independentismo: financiación y mejora de las infraestructuras en Cataluña. “Hay poco margen para más”, explican fuentes del partido.

Millo, a las órdenes directas de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, dice estar dispuesto a intentar este diálogo, si bien mantiene que no se desviará del objetivo de perseguir cuantos actos de desobediencia detecte entre los cargos electos independentistas. “No dejaremos de intentar el diálogo porque sea difícil”, ha dicho a modo de declaración de intenciones.

Puigdemont pide que el independentismo sea reconocido como "actor político"

La situación del socialismo no ayuda a encontrar una solución. El PSOE se mantiene firme en su defensa de la Declaración de Granada, pactada en 2013 y que da tintes federalizantes a la organización del Estado, eso sí, sin romper con el actual sistema. “No se trata de una reforma que nos sitúe en el comienzo de nuestra andadura democrática, como si se iniciara un nuevo momento constituyente, sino como la evolución natural del Estado autonómico”, reza el documento. Para la gestora que dirige el partido este documento es el “punto de llegada” para solucionar la cuestión catalana, mientras que el PSC la considera solo “punto de partida”. La gestora ha dejado claro al primer secretario de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que no se moverá de estas tesis.

Las demandas de los socialistas catalanes, que pasan por reconocer Cataluña como “nación”, han recibido cierto espaldarazo con el pacto que los socialistas vascos han cerrado con el PNV. El acuerdo reza que no se van a poner líneas rojas a asuntos como el “reconocimiento de Euskadi como nación”. Con todo, a nadie se le escapa dentro de la familia socialista que poco tiene que ver, y menos ahora, la situación política vasca con la catalana.

En cualquier caso, una salida a la situación de Cataluña basada en el acuerdo de gobernabilidad del País Vasco o en una mejora de la financiación no solo resulta insuficiente para el independentismo catalán, sino que requiere tiempo, algo que precisamente escasea en estos momentos. Y dejarlo todo en manos de los jueces, insisten los independentistas, no lo solucionará. “Nos preguntamos a cuánta gente tendrán que procesar para que se den cuenta de que la solución no está en la judicialización”, dice el consejero catalán de Justicia, Carles Mundó (ERC). “Podrán apartar a los cargos que quieran, pero después de éstos llegarán otros que defenderán lo mismo”, insiste.

La gran incógnita que el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá que resolver más a medio plazo, es si Cataluña realmente vivirá otro simulacro de referéndum en septiembre, como prometió el president Carles Puigdemont en la apertura del curso parlamentario. La Generalitat mantiene que esta votación se celebrará sí o sí pero también insiste en que solo puede celebrarse si el referéndum es “vinculante y tiene todas las garantías”, lo que resulta jurídicamente imposible si el Gobierno no lo acepta, aunque políticamente estas garantías quedarían a expensas de que los comunes se añadieran a la inciativa. El previsible forcejeo que se prepara entre Puigdemont y Colau será determinante en los próximos meses.

El calendario está más o menos abierto según quien hable del entorno de la coalición independentista Junts pel Sí. Para unos la creciente judicialización del conflicto solo puede hacer que adelantar los acontecimientos e incluso plantean el referéndum para junio. Otros lo ven en otoño, y solo si hay garantías de ganarlo con un buen índice de participación.

Mundó admite que el referéndum es el verdadero reto, y que solo se podrá celebrar si detrás hay una gran movilización popular. “Ni las instituciones solas ni la sociedad civil [entidades independentistas] podrán conseguir el objetivo por separado”.

La situación que el nuevo gobierno tendrá que gestionar en Cataluña estará marcada pues a corto plazo por el curso de los casos que se han judicializado y por una inmensa oleada de propaganda que las entidades soberanistas ya están organizando para calentar los motores del eventual referéndum de otoño. El reto del Gobierno, explica un alto cargo del gobierno catalán, será buscar “una rendija para el diálogo” entre tanta exaltación.