Un polígono fallido y arruinado, así es el ente público más moroso de la Comunidad de Madrid

Hace 10 años, el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció con gran entusiasmo la creación del consorcio urbanístico Puerta del Atlántico. Su misión era levantar en Móstoles un imponente puerto seco, una plataforma logística de 800.000 metros cuadrados destinada a convertirse “en el centro de conexión del transporte de mercancías entre Madrid y el Corredor de Lisboa”. Una década después, el Gobierno regional admite que no saldrá adelante y que disolverá el consorcio. Con ese fin deberá preparar un plan para saldar la deuda de 1,6 millones. El otro 50% del consorcio, el Consistorio de Móstoles (que cuando se formó el convenio estaba gobernado por el PP, igual que la Comunidad, y ahora tiene un alcalde socialista), insiste sin embargo en que la decisión aún no está tomada.

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El gran agujero del proyecto proviene del acuerdo firmado entre el consorcio y la empresa pública de gestión del suelo Tres Cantos, SA para que esta sacara adelante la plataforma (con la redacción de planes, la petición de permisos, la compra y venta de terrenos, etcétera) a cambio de 70.000 euros al mes desde enero de 2008. Durante los dos primeros años se pagó, pues fuentes de la Consejería de Medio Ambiente aseguran que la deuda actual se empezó a generar en 2010. Y, aunque Tres Cantos, SA (ya absorbida por otra empresa pública llamada Nuevo Arpegio) redujera a una 35ª parte el precio de sus trabajos de gestión desde enero de 2012 (a 2.000 euros al mes), para entonces la cuenta a pagar ya estaba desorbitada.

Y eso que en todos estos años la iniciativa no ha pasado de la fase de redacción: “El objetivo fundamental del consorcio [Puerta del Atlántico] a corto y medio plazo es finalizar la tramitación del planeamiento”, dicen los presupuestos de 2016 de la Comunidad de Madrid. De hecho, en los terrenos destinados a albergar la infraestructura, entre la autovía de Extremadura y el Parque Natural el Soto, no ha llegado a haber ni el más mínimo rastro de naves industriales. Solo se puede ver allí el cadáver de otro proyecto frustrado: el tren de Cercanías que debía conectar Móstoles con Navalcarnero, con parada en el polígono, pero que está abandonado porque la concesionaria, perteneciente al Grupo OHL, solicitó el pasado mes de mayo un concurso voluntario de acreedores por insolvencia. Dan fe de este otro fracaso las placas de hormigón de los túneles, apiladas como si fueran gigantescas piezas de Lego a la espera de ser retiradas.

70.000 euros al mes

Si en el caso del Cercanías han sido las peleas de dinero entre la Comunidad y la concesionaria (que han acabado con una multa de 34 millones a esta última) las que han acabado con el proyecto, en el de la plataforma logística no está tan claro lo que ha ocurrido, más allá de la explicación genérica de los retrasos burocráticos seguidos de la llegada de la crisis económica y el desinterés por un proyecto logístico de ese tipo. Tampoco está muy claro qué pasó con los 50 millones de euros que el anterior presidente de la Comunidad, Ignacio González, prometió inyectar al plan en enero de 2015; el actual equipo de gobierno, también del PP, no sabe aclararlo.

Tampoco se pronuncia sobre el precio acordado inicialmente en la encomienda de gestión. Esos 70.000 euros mensuales están muy por encima de otras encomiendas de gestión parecidas firmadas en los últimos años, por ejemplo, de los 12.300 euros por administrar desde 2012 el consorcio del Área Tecnológica del Sur, en Getafe, o los 6.700 por hacer lo mismo con desarrollo residencial de El Bañuelo, en Fuenlabrada. Sin embargo, el monto está en la misma línea de otros convenios firmados antes de la crisis, como los 67.000 euros acordados con el consorcio residencial de Los Molinos Buenavista de Getafe. Con la gran diferencia, en todo caso, de que este proyecto sí se llevó a cabo.