Las elecciones al rectorado de la UB fijan los retos de la universidad

Siete candidatos. Todos hombres. Nunca antes unas elecciones a rector de la Universidad de Barcelona (UB) había contado con tantas candidaturas. A dos días de la primera vuelta de los comicios —si no sale ninguno por mayoría absoluta, los dos candidatos más votados irán a una segunda vuelta el 1 de diciembre—, la campaña electoral toca a su fin. El relevo generacional, la estabilización de las plantillas y la mejora de la financiación pública han marcado el camino hacia el rectorado de la universidad española mejor posicionada en las listas internacionales.

Los siete candidatos coinciden en su postura ante las cuestiones universitarias más controvertidas. En cualquier caso, el rector que salga de estos comicios tendrá que enfrentarse y liderar los retos futuros que se ciernen sobre las universidades catalanas, mermadas por los tijeretazos de los últimos años.

Financiación. Según un informe de la Asociación Catalana de Universidades Públicas, la financiación pública de las universidades se ha reducido un 18,4% desde 2010. La Administración pasó de destinar 901,5 millones de euros a transferir 735,1 en 2015. “Es un atentado que a la primera institución académica del país nos miren de una forma tan injusta. Tenemos que reivindicar el valor estratégico de la universidad pública”, dice Joan Guardia. Eduardo L. Mariño propone “renegociar la financiación haciendo valer la posición de la UB en los ránquines y buscar fuentes alternativas de financiación”. En ello insiste también Norbert Bilbeny, que apuesta por “denunciar el daño de los recortes y contribuir a corregirlos”, y Joan Elías, que apunta a que el gobierno “ha de poner a la universidad en la agenda política como una prioridad”. David Vallespín apuesta además por “buscar diferentes vías para complementar la financiación pública y fomentar la vía del mecenazgo”. Rafael Franco aboga por “adelgazar la estructura no académica que está burocratizada excesivamente, ir con datos objetivos a pedir más presupuesto a la Generalitat y generar recursos propios”. Marius Rubiralta ve necesaria “una negociación profunda con las Administraciones y una corrección de ciertos aspectos del modelo de financiación”.

Decreto 3+2. El proyecto que abre la posibilidad a que los campus establezcan voluntariamente carreras de tres años y másteres de dos ha generado el rechazo de buena parte de la comunidad educativa, por miedo al encarecimiento de los precios y a que no asegura la igualdad de oportunidades. “El 3+2 puede ser adecuado en otros países pero no para el modelo español. No tiene sentido que el máster sea más caro que el grado o que cada grado tenga un precio distinto”, sostiene Franco. Vallespín opta por “instar a las Administraciones a retirar el modelo mientras no se haga un análisis amplio de lo que implicaría su aplicación”. Rubiralta dice que “se ha de trabajar para que los estudios de grado y máster tengan el mismo precio por crédito”. Elías[TEX]<MC> [/TEX]apunta que “no todas las enseñanzas son iguales y en algunas tiene sentido este proyecto y en otras, no”, pero, en cualquier caso, pide “consenso” entre las instituciones y que el precio del grado y del máster “sea el mismo”. Bilbeny asegura que “cada centro debe examinar el interés por aplicar el decreto” pero, si se pone en marcha, “se hará cuidando la calidad académica y sin sobrecoste para ella o el estudiante”. Mariño apuesta por ver cada caso en concreto y, si el grado de tres años da el mismo nivel de formación sin ningún incremento del coste de grado y postgrado, “se podía pensar en alguna iniciativa para nuevas titulaciones”. Joan Guardia limita el modelo 3+2 “sólo a titulaciones nuevas y diversas”. 

Situación laboral. Un informe del Observatorio del Sistema Universitario revela que las facultades públicas han perdido casi a uno de cada cuatro profesores en los últimos cinco cursos. Mariño denuncia “la brecha generacional de difícil solución” que se ha producido y plantea “un plan de choque lo más rápido posible”. Guardia exige “recuperar el control del capítulo I de los presupuestos” y tacha de “obsoleto” el modelo de financiación. Rubiralta apuesta por “actuar con rapidez para evitar una mayor destrucción del tejido docente, evaluando la estabilización con una estrategia equilibrada de las necesidades de los centros”. Bilbeny defiende “un plan de choque” en el que “se revisen los contratos para ajustarlos a los intereses académicos de cada profesor y a las necesidades docentes y facilitar recursos para la acreditación y promoción del personal”. “No puede ser que un catedrático se jubile y en vez de entrar un lector, entren cuatro asociados. Hay que poner en funcionamiento la rueda otra vez”, exige Elías. Vallespín pide que “la Generalitat retorne a las universidades su autonomía en políticas de profesorado” y promete “medidas de estabilización y reclamar la figura del profesor ayudante”. Franco quiere hacer “una planificación inmediata, definiendo las proporciones del modelo mixto funcionarial-contractual” y “estabilizar a los profesores que ya tienen acreditaciones”.

Tasas universitarias. Cataluña es la comunidad española donde más caro resulta estudiar muchas carreras. Elías dice que “hay que plantarse para que bajen las tasas universitarias”. Vallespín aboga por alcanzar “una reducción de las tasas del 30% pero que no se implemente a costa de la financiación pública de las universidades”. Bilbeny defiende “una política de becas equitativa, reducir drásticamente los precios e incrementar la oferta propia de becas”. Rubiralta quiere “volver a la situación de precios de 2010” y propone “reducir al menos un 10% los precios públicos” y mantener el programa de ayudas de la UB. Mariño apoya “adecuar los costes a los ingresos familiares, mejorar el sistema de becas y reducir un 30% sobre el coste del año pasado”. Franco propone crear un vicerrectorado de igualdad de oportunidades “para que ninguna persona con capacidad se quede sin grado o máster por problemas económicos y para romper el techo de vidrio que hace que sólo un 20% de mujeres sean catedráticas”. Guardia aboga también por reducir un 30% los precios de las matrículas y ampliar la política de becas.