El Tribunal de Cuentas investiga a otro exalcalde y exdiputado del PP

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El Tribunal de Cuentas investiga la gestión de otro exalcalde y exdiputado del PP valenciano por aparentes desmanes en la gestión municipal. Se trata de Guillermo Moratal, exregidor de L’Orxa (Alicante). La etapa de Moratal ha sido denunciada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas tras recibir un demoledor informe remitido por el actual equipo de Gobierno de L’Orxa, integrado por independientes.

Entre las “numerosas irregularidades” apreciadas por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas figura el uso de una misma factura de 177.000 euros para justificar dos subvenciones, una del Ministerio de Industria y otra de la Consejería de Agricultura valenciana. El supuesto fraccionamiento de contratos para adjudicar servicios a dedo y el pago por servicios inexistentes.

Moratal mantiene, a preguntas de este diario, que siempre ha cumplido la ley y actuado bajo el control del interventor.

Moratal fue alcalde del pequeño municipio de L’Orxa, de 676 vecinos, entre 2003 y 2015, y ahora es jefe de la oposición. Al dejar el cargo de regidor, el Ayuntamiento presentaba una deuda de “1,6 millones de euros más intereses”. “Un nivel de endeudamiento desproporcionado dada la entidad y número de habitantes de la población”, señala el “Informe especial de revisión de cuentas municipales del Ayuntamiento de L’Orxa” que ha servido de base a la denuncia de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

La deuda local por vecino es de 2.430 euros, intereses aparte. Y el Consistorio está obligado a devolver diversas subvenciones recibidas en los últimos años por no haber justificado el uso de los fondos.

El examen de la firma TDM asesores para el Ayuntamiento de L’Orxa, al que ha tenido acceso EL PAÍS, describe unas cuentas municipales con expedientes de contratación que carecen de justificantes, un registro de movimientos bancarios incompleto y un patrimonio público ignoto. El último inventario de bienes del Consistorio se hizo en 2001.

También constata la contratación de servicios “muy dispares” por varios cientos de miles de euros a una misma empresa. Desde la redacción del proyecto de construcción de una nave industrial a un "taller de pensamiento positivo”. La adjudicataria comparte, además, domicilio social con otras empresas contratadas por el Ayuntamiento.

Moratal cuestiona el trabajo realizado por la consultora TDM y destaca que no tiene carácter de auditoría. “Ni siquiera disponía de toda la documentación”, añade.

Los autores del informe económico, de 35 páginas, visitaron uno de los proyectos para los que L’Orxa pidió subvenciones: un museo de energías renovables: “Hemos podido constatar la desproporción entre las cantidades abonadas por el Ayuntamiento (299.000 euros) con las dotaciones y los equipamientos técnicos que allí se encontraban. Mobiliario casi inexistente, servidores de equipos informáticos, tablets en las paredes y murales explicativos de lo que debía ser un polígono ecoindustrial”.

La actuación policial en el Ayuntamiento de Sagunto (Valencia) del pasado 19 de octubre, la llamada Operación Flotador, se inició con una denuncia del Tribunal de Cuentas sobre la gestión como alcalde de Alfonso Castelló, actual diputado autonómico, que está siendo investigado junto a otros 11 concejales y exconcejales. Las diligencias del Tribunal de Cuentas sobre la gestión de Moratal se hallan en fase inicial en el departamento segundo de la Sección de Enjuiciamiento, al frente del cual está Margarita Mariscal de Gante, que fue ministra con el PP.

Moratal entró en las Cortes Valencianas a mitad de la legislatura pasada para ocupar el escaño que dejó al dimitir como diputada la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo, investigada por diversos delitos de corrupción.