Juicio a la exalcaldesa de Melide por certificar obras que no se hicieron

La exalcaldesa del municipio coruñés de Melide (7.500 habitantes) entre 2007 y 2011, Socorro Cea Vázquez (BNG), responderá a partir de este miércoles ante el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia provincial de los delitos de prevaricación y falsedad, por dar como acabadas las obras de una depuradora en un parque empresarial que ni siquiera llegaron a iniciarse. La Fiscalía cree que lo hizo para ajustarse a los plazos administrativos y no perder una subvención de la Xunta de 366.000 euros, por lo que pide para ella una condena de 4 años de prisión y 8 de inhabilitación.

La Fiscalía concluye que la acusada, dictó un decreto “afirmando, con mendacidad, que la obra fue efectivamente realizada, a sabiendas de la palmaria arbitrariedad de su decisión, dejando sin efecto la suspensión en la tramitación del expediente y aprobando tanto la certificación de las obras como las facturas”.

También será juzgado por los mismos delitos Ricardo Aneiros, arquitecto municipal durante el mandato de Socorro Cea, y la Fiscalía pide para él una pena de privación de libertad de 4 años y otros tres de inhabilitación. En el banquillo también se sentará Xavier Uría, jefe de la obra que nunca se ejecutó y representante de la empresa constructora, Macraut Ingenieros S.L., acusado de falsedad en documento oficial que afronta la máxima condena, cinco años y medio de prisión y tres de inhabilitación.

La causa que instruyó el Juzgado de instrucción número uno de Arzúa, surgió a raíz de la firma, en septiembre de 2008, de un convenio entre el Ayuntamiento y la Consellería de Innovación e Industria del Gobierno bipartito de la Xunta, entre socialistas y nacionalistas, para la construcción de una estación depuradora de aguas residuales en el parque empresarial de A Magdalena.

En ese documento público se acordó que la Xunta aportaría el 75 % del coste total de la obra que ascendía a medio millón de euros, nombrando director del proyecto al arquitecto municipal y a la empresa como adjudicataria de las obras. “Pero a pesar de las maquinaciones ningún desembolso hizo el Ayuntamiento a la empresa ni tampoco este llegó a recibir la subvención”, al dejar la Xunta sin efecto el convenio en 2010, sostiene la Fiscalía.

El documento público establecía un período de vigencia de catorce meses, por lo que finalizaría el 29 de noviembre de 2009, y se resolvería por incumplimiento total o parcial de cualquiera de sus cláusulas si no se llevaban llevarse a cabo las actividades acordadas, según recoge el escrito de acusación del fiscal.

Pero por causas que no constan en los autos, las obras no se iniciaron, y en el lugar en el que estaba proyectada su ubicación sólo se hizo acopio de material de obra, ni siquiera se hizo movimiento alguno de tierra ni se colocó cartel anunciador del proyecto en el polígono industrial. “Siendo esta la situación, con el más basto desprecio al deber de fidelidad a la fe pública, el arquitecto emitió la certificación número uno en la que falazmente afirmaba que se habían ejecutado las obras”, señala el escrito de acusación de la fiscal Luisa Suárez Cabo.

La certificación contenía una descripción detallada de las distintas partidas que fue rubricada en diciembre de 2008 por los tres acusados, “siendo plenamente conscientes de que con ello creaban un documento que no reflejaba la realidad física de la obra y cuya incorporación al expediente resultaba apremiante y necesaria para evitar la pérdida de la subvención”, señala la acusación pública, a pesar del informe de reparo con efectos suspensivos que emitió la interventora municipal.