Una exdirectora dice que alertó de la “urgencia” de tres casos de hepatitis C

Una exdirectora de Procesos Asistenciales del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) ha asegurado este jueves en sede judicial que comunicó "personalmente" a los cargos del Sergas investigados por supuestos retrasos en los tratamientos contra la hepatitis C la "urgencia" de tres de los casos que figuran en la causa, aunque ha ratificado que ella, desde su posición, no podía hacer nada por estos tratamientos "al margen de la subcomisión".

La exdirectora ha comparecido este jueves ante el magistrado que instruye la causa, Andrés Lago Louro, en calidad de testigo. Su comparecencia deriva de la declaración tomada en el mes de abril a los dos investigados por estos hechos -el exdirector de Asistencia Sanitaria Félix Rubial, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado-, que aludieron a la responsabilidad de esta directiva en relación a tres de los casos investigados y dejaron entrever que no había empleado un procedimiento de urgencia para el tratamiento de estas personas, que finalmente fallecieron.

Sin embargo, ante el juez, la mujer ha "puesto en evidencia" que ella "no tenía capacidad, presupuesto ni medios para actuar autónomamente sin la autorización de la subcomisión" de farmacia que debía autorizar el tratamiento. Así lo ha apuntado el letrado Pedro Trepat, que representa a la acusación ejercida por la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, tras su salida de la vista, que ha considerado "clarificadora".

En relación a estos tres casos, ha dicho Trepat, la testigo "aseguró que, antes de remitir los correos pertinentes, informó personalmente a los investigados de la gravedad de los mismos, poniendo de relieve la preocupación de los médicos por esa situación y por agilizar los tratamientos, pero ellos le remitieron al trámite convencional, que era el de la subcomisión". Esta comunicación sobre la gravedad de estos tres casos se produjo "personalmente" a los investigados en una reunión celebrada el 20 de abril de 2014, ha precisado.

Del mismo modo, el abogado de la acusación ha confirmado que la testigo ha "desmentido tajantemente" que "hubiese capacidad de utilizar un procedimiento de urgencia al margen de la subcomisión" para autorizar estos tratamientos. "Lo único que podían hacer era comunicar la urgencia y esperar a la previa autorización, que fue la que no se recibió", ha sentenciado Pedro Trepat.

En cuanto a los próximos pasos que habrá que dar, el letrado de la acusación está a la espera de que el juez decida llamar a declarar como testigos a los médicos que trataron a los pacientes fallecidos. Del mismo modo, el juez ha ordenado al Imelga la práctica de una prueba pericial para determinar el grado de relación entre las muertes de los pacientes y las decisiones políticas que se tomaron y que la acusación confía enque "ratifique la pretensión de considerar que se cometieron ocho delitos de homicidio" por imprudencia profesional.

Tanto la Plataforma de Afectados como la Fiscalía están también a la espera de que la Audiencia Provincial de A Coruña resuelva su recurso contra un auto del juez Lago Louro, dictado en septiembre, en el que rechaza "clarificar" si, además de prevaricación administrativa, los investigados lo están por homicidio por imprudencia profesional, como recogía la denuncia del Ministerio Público, alegando que no es el "momento procesal" --aunque no lo descarta--.

"Hemos recurrido ese auto ante la Audiencia Provincial porque entendemos que es importante que se delimite el ámbito penal que estamos investigando", ha dicho el portavoz de la Plataforma, Quique Costas, en declaraciones a los medios. Costas ha expresado también su satisfacción con la toma de esta declaración, que permite "reactivar" unas diligencias que "han permanecido paradas durante más tiempo de lo que parecía aconsejable y prudente".

En este sentido, el representante de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ha recordado que el juez "no ha practicado ninguna diligencia nueva" desde la declaración de los dos investigados, que se produjo en el mes de abril. Del mismo modo, ha explicado que la continuación de las diligencias "contradice las pretensiones del Sergas" y las manifestaciones hechas incluso "por el presidente de la Xunta reiteradamente", alegando que la investigación "no tenía recorrido" y que se "iba a cerrar inmediatamente después de la prestación de declaración por parte de los dos altos cargos".

La causa se hizo pública cuando trascendió que dos altos cargos de la Xunta habían sido citados a declarar en calidad de investigados -antigua figura del imputado- por un supuesto delito de prevaricación administrativa en relación con retrasos en el suministro de fármacos a pacientes de hepatitis C, algunos de los cuales habrían fallecido sin llegar a recibirlos.

Los cargos investigados son el gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. El juez les investiga por prevaricación, aunque la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias". Tanto el Sergas, con el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, al frente, como el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendieron en su momento que "siempre" se han usado criterios clínicos para la atención de pacientes.

La plataforma denunció, en su día, y entre otras cuestiones, el "extravío" de expedientes y casos de pacientes a los que se les habría retrasado la medicación. Uno de los casos que fueron relatos es el de un paciente trasplantado por primera vez en el año 2006 y con dolencias agravadas que habría sufrido varios retrasos.