El exalcalde de Arganda reconoce que Arpegio compró un terreno que “no se podía urbanizar”

López ha defendido en la comisión de investigación sobre la corrupción que, aunque él como alcalde y Arpegio contaban con este obstáculo, sabían que “después de la tramitación de los permisos a los que obliga el plan de reordenación urbana” esta situación podía cambiar. “El proceso para desarrollar una plataforma logística y crear 6.000 puestos de trabajo sigue abierto. No hubo ninguna irregularidad por parte del Ayuntamiento, de la Comunidad o de Arpegio”, ha explicado López.

El convenio entre Nuevo Arpegio, empresa investigada en la trama Púnica, y el Ayuntamiento de Arganda se firmó en 2006 tras adquirir un terreno, sectorizado y calificado como industrial, en el municipio por 20 millones de euros. El objetivo de este acuerdo, según López, que dimitió en 2009 tras ser imputado en el caso Gürtel, era construir una plataforma logística que iba a recibir 13 millones de euros de inversión directa dela Comunidad y generar 6.000 puestos de trabajo. Además, en dichos terrenos el Ayuntamiento de Arganda acordó con Arpegio la construcción de un nuevo hospital.

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“La cesión obligatoria que establece la ley del suelo es el 10 % para el Ayuntamiento. En la negociación con Arpegio conseguimos que nos dieran un 5% más, y que se aprobase la construcción de un centro de salud”, ha sostenido López.

Hoy, 11 años después, el terreno sigue sin urbanizar y el grupo Airina, al que pertenece Gallina Blanca, exige a la Comunidad 72 millones de euros por incumplimiento de contrato. La empresa pactó en su momento dos modelos de pago con la Comunidad de Madrid, cinco millones de euros de pago en efectivo y el resto en especie: parcelas urbanizadas por Arpegio en estos terrenos, que no se han llevado a cabo.

Un proyecto urbanístico que se convirtió en un festival

En 2007, se construyó en estos terrenos, ubicados en el kilómetro 32 dela A-3 lo que se conoce como Ciudad del Rock. Allí se celebró durante tres ediciones el festival Rock in Río, pese a que el contrato firmado por Arpegio y Gallina Blanca no contemplaba este uso. El exalcalde de Arganda ha explicado que esta decisión fue posible gracias a la firma de una adenda, a la que después sucedieron cinco más. “El Ayuntamiento de Madrid estaba buscando una ubicación y a nosotros y a Arpegio nos pareció una excelente oportunidad de promoción para nuestro municipio. No hay nada ilegal”, ha justificado López.

El exalcalde ha añadido que el festival “fue una oportunidad sobrevenida” para poner en desarrollo el ámbito empresarial de Arganda y que “solo se utilizaron 2.000 metros cuadrados”. El portavoz del PSOE en la Asamblea, Rafael Gómez Montoya, ha recordado a López que el festival tuvo un coste de 38 millones de euros para los madrileños en ese momento, y que actualmente el mantenimiento de las infraestructuras supone medio millón al año.

Por su parte, el portavoz de ciudadanos, César Zafra ha lamentado la falta de explicación del exalcalde. “No entendemos muy bien cómo llegó Rock in Río a Arganda, ni cuánto dinero dejó al Ayuntamiento de la localidad, ni cómo López consiguió convencer a Arpegio de que le cediese terrenos, le montase las infraestructuras y Arganda tuviese un trato favorable respecto a otros municipios”.

 A continuación ha comparecido Ignacio Palacios, exmiembro del consejo de Arpegio, quién se ha acogido a su derecho a no declarar. Palacios, en libertad bajo fianza e imputado por el caso Púnica junto a su mujer, está considerado como el hombre de confianza de Francisco Granados; el exconsejero madrileño del PP acusado de ser el cabecilla de esta trama de corrupción.

PSOE, Ciudadanos y Podemos han lamentado la actitud de Palacios, a quién han acusado de “no dar la cara”. “Nos da pena, hubiese sido una oportunidad perfecta para aclarar las cosas. Nos quedamos con saber la duda de saber que ocurrirá”, ha asegurado el portavoz de Ciudadanos.

Por otro lado, Alfonso Serrano, portavoz del PP, ha defendido el derecho a no declarar de Palacios. “Es inútil tratar en la Asamblea temas que están siendo judicializados y hacer comparecer a gente que está imputada en esos procesos. Tienen derecho a no declarar en esta comisión. Entiendo y respeto que lo hagan”. Serrano ha añadido que “es muchísimo más grave que grupos como Podemos hagan amenazas veladas como si esto fuese la camorra italiana, amenazando a Palacios con que si no habla llamarán a su mujer a declarar”.