Frente común de Barcelona y Madrid por la financiación del transporte
Las concejales de movilidad reclaman una ley de financiación estatal que garantice una cobertura "estable"
Los Ayuntamientos de Barcelona y Madrid han escenificado este viernes en el consistorio de la capital catalana el frente común que van a hacer ante la Administración central para reclamar una ley de financiación del transporte urbano. Actualmente, la parte de la financiación al transporte que aporta el Gobierno está prevista en los presupuestos, que varían cada año y según la población de cada ciudad. Las concejales de movilidad de Barcelona, Mercedes Vidal, y de Madrid, Inés Sabanés, han asegurado que "es necesaria una ley de financiación de transporte público para conseguir una estabilidad que no tenemos" en un servicio que, dicen, es básico y lo usa la mayor parte de la ciudadanía. En los próximos días, los casi 20 Ayuntamientos de las áreas metropolitanas que tienen esta reivindicación pondrán la reclamación.
Para el 2016, el Consejo de Ministros aprobó destinar 98 millones de euros a la Autoridad del Transporte Metropolitano de Barcelona, la misma cifra que el año anterior. Esta supone solo el 15,8% del total de los recursos públicos, mientras que hace cinco años proporcionaba el 31%, cuando el Estado proporcionó 119 millones. En Madrid, la aportación estatal es del 10%. En 2011, el Gobierno tenía asegurados los recursos al transporte con un contrato bianual, pero más tarde decidió apostar por hacer asignaciones presupuestarias vinculadas al número de habitantes de cada ciudad. Así, para este año el transporte de Barcelona ha recibido 98 millones y el de Madrid 126, partidas significativamente inferiores respecto a lo que recibían con el contrato.
El resto de las aportaciones las hacen las administraciones autonómicas y locales. En Cataluña, para el año 2017 todavía no están previstas estas cifras, pero para 2016 la Generalitat ha proporcionado 291,03 millones de euros, el Área Metropolitana 116,01 y el Ayuntamiento de Barcelona 110,92. Los consistorios consideran que la partida estatal es insuficiente, algo que se nota especialmente en Cataluña, donde las administraciones centrales han tenido que aumentar las aportaciones últimamente. Este esfuerzo extraordinario fue a causa de las ampliaciones de la red que se han llevado a cabo y de las dificultades financieras de la ATM, que en 2014 tuvo que pedir un crédito de más de 400 millones de euros.
Vidal y Sabanés han pedido que se redacte con urgencia esta ley de financiación estatal, y han argumentado que el resto de los países europeos ya disponen de esta legislación. Respecto a la posibilidad de que, con el gobierno en funciones, los presupuestos se retrasen, Vidal ha explicado que están "poniendo deberes a la Administración del Estado sea cual sea el color político que la gobierne". Sabanés ha expresado que, por lo transversal de esta problemática, "que afecta a muchas ciudades", esperan conseguir la ley con la fuerza de los Ayuntamientos".
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