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El Gobierno metropolitano exige a Agbar que pague a ATLL

La filial de Suez ingresaba a la Generalitat el dinero de las cuotas mensuales al considerar ilegal la concesión

Dani Cordero
La planta depuradora de Sant Feliu de Llobregat.
La planta depuradora de Sant Feliu de Llobregat.Massimiliano Minocri

El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), gobernado por Barcelona En Comú, el PSC y ERC, dio ayer un paso para limitar los efectos de la guerra que enfrenta a Agbar con Aguas Ter-Llobregat (ATLL) y que llevaba a que, desde octubre de 2014, la filial de Suez Environnement evitara pagar directamente las facturas a la empresa privatizada de la Generalitat. Consideraba que su contrato de concesión era ilegal, tras interpretar un auto judicial.

El AMB se ha unido a la Agencia Catalana del Agua en su demanda para que las facturas mensuales (de unos diez millones de euros) se paguen directamente a ATLL, para evitar así un procedimiento que suma ya unos 140 requerimientos judiciales en casi dos años.

Si el AMB ha decidido inmiscuirse en el proceso es porque la principal empresa afectada por ese procedimiento es la sociedad mixta Aigües de Barcelona, de la que controla el 15% del capital. Por decisión de Agbar (principal accionista con un 70% de las acciones; otro 15% pertenece a La Caixa), esta empresa, que suministra a 24 municipios de Barcelona, consignaba la cuantía de cada mensualidad (más de siete millones de euros) en una cuenta de la Generalitat, que después pagaba a ATLL. Agbar exprimía al máximo los calendarios legales, lo que provocaba retrasos en el pago de hasta 150 días.

El AMB considera que no se trata de una cuestión interna, sino que el no pagar a ATLL podría suponer la “suspensión de suministro” si la sociedad controlada por Grupo Acciona llevara su respuesta al extremo. Agbar aseguró ayer no conocer ningún requerimiento por parte del Gobierno del AMB.

La historia judicial de ATLL y de la sociedad mixta Aigües de Barcelona es paralela. Ambas esperan una resolución del Tribunal Supremo que decida si se han de deshacer o pueden continuar tal y como se constituyeron. En el caso de ATLL porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cree que el concurso incurrió en defectos de forma. En el de Aigües de Barcelona porque no se abrió un concurso y se concedió la sociedad a Agbar sin publicidad. El AMB se plantea remunicipalizar el servicio.

El Área Metropolitana ya tomó la pasada semana un decisión respecto a la sociedad público-privada, cuando anunció una rebaja de tarifas del 2,39%, que fue aprobada definitivamente ayer. Agbar había hecho una propuesta para elevarlas.

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Sobre la firma

Dani Cordero
Dani Cordero es redactor de economía en EL PAÍS, responsable del área de industria y automoción. Licenciado en Periodismo por la Universitat Ramon Llull, ha trabajado para distintos medios de comunicación como Expansión, El Mundo y Ara, entre otros, siempre desde Barcelona.

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