El Gobierno deniega ayudas millonarias por enviar un papel en gallego

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), un organismo adscrito al Ministerio de Industria, ha denegado ayudas por valor de casi cinco millones de euros a al menos dos Ayuntamientos de la provincia de A Coruña porque uno de los documentos que remitieron en la solicitud estaba escrito en lengua gallega. Ni siquiera el envío durante el periodo de alegaciones de una copia del documento en castellano ha logrado que el ente que preside el popular Alberto Nadal, secretario de Estado de Energía, dé marcha atrás a una medida que deja sin fondos a los municipios de Santiago y Teo para modernizar su alumbrado público con farolas menos contaminantes.

El organismo estatal sostiene que la inclusión de un documento en gallego entre la abultada solicitud de la ayuda (en concreto, el informe de la intervención municipal) no es un defecto formal subsanable, ni siquiera cuando la corporación alega un “error” involuntario y le envía su versión traducida al castellano. Pese a ello y según se puede leer en la respuesta al recurso presentado por el Ayuntamiento de Santiago, el ente dependiente de Industria no duda incluso en acusar a la Administración local de incurrir en una “resistencia a la observancia” del punto de las bases de la subvención que requería la documentación en lengua castellana. Y para rechazar la apelación del gobierno compostelano a lo dispuesto en la Ley 3071992 de régimen jurídico de las Administraciones públicas, que advierte que no todos los defectos de forma son anulables, el IDAE se escuda en que como “entidad pública empresarial” no está sometida a esa norma porque las subvenciones las concede dentro de su “ámbito de actividad sujeto a derecho privado”.

Los dos municipios coruñeses habían solicitado un préstamo a interés cero al organismo de Industria para renovar miles de puntos de luz con tecnología más sostenible, lo que permitiría un ahorro en la factura eléctrica y una menor contaminación lumínica. El montante del crédito pedido por Teo es de 3,2 millones de euros y el de Santiago, de 1,4. Otro Ayuntamiento, el de Santa Comba, está inmerso en el mismo problema con una solicitud de 500.000 euros, pero sus responsables, del PP, no han aclarado si han recibido la misma respuesta que Santiago y Teo, gobernados respectivamente por la plataforma de unidad popular Compostela Aberta y por una coalición del partido nacionalista Anova y el PSdeG-PSOE.

El Ayuntamiento de Santiago ha decidido presentar una nueva reclamación ante el organismo de Industria y, si esta fuera desestimada, el gobierno de la capital de Galicia no descarta acudir a la Audiencia Nacional. El alcalde de Teo, Rafael Sisto, también ha anunciado que presentará otro recurso administrativo y ha acusado al presidente del IDAE, Alberto Nadal, de “emplear las instituciones públicas para una guerra política”.