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Fernández defiende la legalidad de las ayudas concedidas a Ojeda

El exconsejero de Empleo declara que desconocía que las subvenciones eran para las empresas de Ojeda

Antonio Fernández (izquierda), en la comisión sobre la formación en el Parlamento.
Antonio Fernández (izquierda), en la comisión sobre la formación en el Parlamento.

El exconsejero de Empleo Antonio Fernández ha defendido este martes ante la juez del caso de los cursos de formación, María Núñez, la legalidad de todas las ayudas que firmó tras la crisis de la empresa Delphi, que sumaron 105 millones, de los que 33 fueron para el grupo de empresas del también exconsejero Ángel Ojeda. En su declaración judicial como investigado, Fernández ha cuestionado por qué se investiga las subvenciones concedidas a las empresas de Ojeda y no se hace lo mismo con el resto de las ayudas para los trabajadores de Delphi que se concedieron a otras empresas.

El abogado de Fernández, Alfonso Martínez del Hoyo, ha subrayado a los periodistas que el exconsejero, también imputado en los ERE, ha dicho que cuando firmó los expedientes de los cursos para los trabajadores de Delphi estaban "perfectamente justificados" y con los trámites legales cumplidos, informa Efe. La Intervención General de la Junta de Andalucía no puso ningún reparo ni planteó ninguna duda "en relación con la oportunidad y necesidad" de conceder las ayudas por la crisis industrial de la Bahía de Cádiz, ha señalado el abogado. Ya en su comparecencia en la comisión de investigación sobre la formación en el Parlamento, Fernández tildó de “bluf” el fraude de los cursos y achacó esta causa, que investigan 18 juzgados andaluces además de la Cámara, al “nerviosismo” que provocó el caso ERE en la Administración andaluza.

Fernández ha negado que participara en el proceso de selección de las empresas que dieron los cursos, que se hizo tras una convocatoria informal del Servicio Andaluz de Empleo con la treintena de empresas que cumplían los requisitos. A preguntas del letrado de Ojeda, Fernández ha dicho que no sabía que las ayudas eran para las empresas del exconsejero y ha matizado que, si lo hubiera sabido, no habría puesto reparos porque los expedientes venían "perfectamente amparados en la legalidad". El abogado de Ojeda, Juan Carlos Alférez, ha resaltado que el Estado le concedió a sus empresas el 18% de toda la formación nacional mientras era ministra Fátima Báñez. Martínez del Hoyo ha insistido en que el plan formativo de la Bahía de Cádiz recibió felicitaciones de Europa y de España y ha reiterado que todos los cursos tuvieron fiscalización previa del gasto público.

Ojeda ya declaró ante la juez Núñez el pasado 24 de mayo. El empresario alegó ante la magistrada que los cursos de formación han sido "la ruina" para su grupo de empresas, a las que la Junta de Andalucía adeuda cinco millones de euros. "En la experiencia global la formación ha sido la ruina del grupo de empresas. Con todo este escándalo nos han ido quitando cursos por el tema de la alarma social creada por los cursos de formación", lamentó Ojeda. El exconsejero de Hacienda andaluz en 1987 recuperó su actividad empresarial después de cesar en el Gobierno, y dos décadas después sus empresas lograron convocatorias de subvenciones para la formación.

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