Junqueras entierra la herencia de Mas-Colell para atraer a la CUP
El Gobierno de Puigdemont propone reformar la ley de Estabilidad y frena el plan de privatizaciones
Cinco meses de mandato han bastado para que el Gobierno de Junts pel Sí haya enmendado la política económica que se llevó a cabo bajo la batuta del ex consejero de Economía Andreu Mas-Colell. El cambio va más allá de la recuperación del gasto social que ha propiciado la mejora de los ingresos. La necesidad de lograr el apoyo de la CUP ha hecho que el Ejecutivo de Carles Puigdemont haya parado el plan de privatizaciones de Mas-Colell y haya puesto sobre la mesa de negociaciones medidas como recuperar la gestión de ATLL, promover una auditoría ciudadana de la deuda e incluso modificar la ley de Estabilidad Presupuestaria, que iba más allá de la estatal al avanzar dos años la consecución del equilibrio en las cuentas públicas.
El exconsejero: "La CUP no cumple su palabra"
El exconsejero Andreu Mas-Colell auguró ayer que la CUP no levantará el veto a las cuentas. “Si me pregunta si tengo confianza en la CUP, no la tengo. La realidad demuestra que no cumplen con su palabra y no creo que sea conveniente que el proceso sea demasiado dependiente de la CUP”, dijo.
Junqueras ya marcó diferencias con su antecesor en la cartera de Economía al asegurar que, “por primera vez” en muchos años, las cuentas de 2016 no tendrán “ingresos pintados”. Ayer Mas-Colell respondió al vicepresidente. En una entrevista a TV3, el exconsejero afirmó que el anteproyecto de este año “es tan o tan poco riguroso como todos los Presupuestos que ha habido hasta ahora” y recordó que las cuentas que Junqueras ha llevado al Parlament contienen una partida de 500 millones de euros para financiar los Mossos d’Esquadra que dependen del Gobierno central.
Sin embargo, este no es el primer desencuentro entre la actual y la anterior consejería. El que fuera número dos de Mas-Colell, Albert Carreras, ya criticó por “electoralista” la rebaja del IRPF que planteó Junqueras y advirtió de que subir la presión fiscal a las rentas altas puede suponer “deslocalizaciones”. Aunque esa reforma fiscal no está dentro de la ley de Medidas Fiscales y Financieras, Junqueras explicó que se discutirá en el Parlament en paralelo a los Presupuestos.
El Gobierno catalán no ha precisado, sin embargo, si esa modificación tributaria supondrá una subida del IRPF para las rentas más elevadas. Ante los empresarios del Círculo de Economía, Puigdemont aseguró que no lo haría, pero Junqueras prefirió no contestar. La última oferta de Junts pel Sí a la CUP para que esta levante el veto a los Presupuestos recoge el “estudio de una eventual modificación de la estructura impositiva en las principales figuras tributarias”.
Los cambios, no obstante, también son de fondo. En septiembre de 2011, Mas-Colell enviaba al Parlament la ley de Estabilidad Presupuestaria catalana, que suponía adelantar dos años —a 2018— el límite de déficit estructural del 0,14% del Producto Interior Bruto (PIB) que podrá alcanzar el Ejecutivo catalán. Junts pel Sí ha propuesto a la CUP “modificar” esa norma, que sacó adelante con el apoyo del PP.
Freno a las concesiones
Los ajustes presupuestarios realizados en plena recesión llevaron a Mas-Colell a llevar a cabo privatizaciones y sacar a concurso concesiones para hacer caja. Esa estrategia respondía, en parte, a la necesidad de reducir el déficit público catalán desde el 4,2% del PIB, pero el exconsejero en varias ocasiones defendió la prestación de servicios públicos por parte del sector privado. Ayer mismo, Mas-Colell afirmó que “ideológicamente” no está “en contra de una concesión de la gestión a una empresa privada”.
Sin embargo, Junqueras ha parado el plan de privatizaciones que había puesto en marcha Mas-Colell y que todavía tenía pendiente la venta de algunos inmuebles y la concesión de algunos equipamientos públicos, por ejemplo, depuradoras. Es más, el Gobierno de Puigdemont ha traslado a la CUP que formulará una “propuesta” para “recuperar la gestión directa” de ATLL, la privatización estrella del Ejecutivo de Artur Mas que después de tres años de la concesión sigue su periplo judicial. Además de esa operación, el Ejecutivo está revirtiendo medidas que Mas-Colell apoyó públicamente. El consejero de Salud, Toni Comín, fulminó el proyecto Visc+, que el exconsejero defendió durante las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para un pacto de estabilidad parlamentaria.
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