La Comisión Europea advirtió a España del riesgo del vertedero de Seseña

En un "quiero y no puedo" están metidos la Junta de Castilla-La Mancha, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Medio Ambiente desde hace más de una década. La limpieza del mayor vertedero de neumáticos de España, declarado ilegal por la justicia, no se termina de cerrar. Según el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, su departamento estaba ahora "preparando" el proyecto para la retirada de los residuos. "Había un riesgo ecológico por el peligro de que se quemara", admite ahora desde Seseña, donde se ha trasladado para seguir los trabajos de extinción. 

Ese mismo temor era compartido por la Comisión Europea. Bruselas envió hace dos semanas un requerimiento al Gobierno español sobre el vertedero de Seseña. En ese escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la Comisión Europea reclama a España "información sobre las medidas adoptadas o previstas por las autoridades competentes para solucionar el problema del enorme vertedero ilegal ad hoc de neumáticos en el norte de Toledo". Además, se apunta al problema que se ha producido ahora. Bruselas cree que este depósito podría incumplir la directiva 1999/31/CE. Y explica que, a través de esa norma europea, se "prohibió el depósito en vertederos de neumáticos usados" para, precisamente, "prevenir la inestabilidad de los emplazamientos en los que se depositan" y "reducir el riesgo de incendios". 

La Comisión también solicita que se le informe sobre los procedimientos judiciales abiertos y si existen otros casos en Castilla-La Mancha y Madrid. El Ministerio de Medio Ambiente, al que le llegó este requerimiento, trasladó el pasado 4 de mayo la queja a los responsables medioambientales de Madrid y Castilla-La Mancha para que respondieran a la Comisión. En su comunicación, el ministerio también pide a estas dos Administraciones que informen a Bruselas sobre las "medidas adoptadas para prevenir el riesgo de incendio" en el vertedero de Seseña. 

El escrito de Bruselas es un pilot, una figura previa a la apertura de un expediente sancionador que la Comisión Europea suele utilizar para hacer requerimientos a los países miembros de la Unión. Si el Estado no responde y no soluciona el problema detectado, se abre entonces el procedimiento sancionador, que puede acabar en una condena de la justicia europea. En el escrito también se menciona y se pregunta por otro vertedero de neumáticos similar en Fuerteventura. 

Martínez Arroyo asegura que el Gobierno de su comunidad ya le ha trasladado a la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea el proyecto de limpieza. Castilla-La Mancha solicitó a las empresas públicas Tragsa (Ministerio de Medio Ambiente) y a Emgrisa (Ministerio de Industria) que realizaran un proyecto de restauración de la zona. Emgrisa remitió el pasado 9 de mayo un presupuesto a la Junta en el que se cifraba en 5,6 millones de euros el coste de limpieza.

Las gastos deberían correr a cargo de Madrid y Castilla-La Mancha. Aunque Martínez Arroyo admite que aún no estaba cerrado el acuerdo definitivo con la comunidad vecina. El consejero sostiene que parte de esta actuación podría acometerse con fondos FEDER de la Unión Europea. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha lamentado este viernes que el fuego, que la Junta apunta a que puede ser intencionado, se haya producido "cuando la solución conjunta" entre los tres Gobiernos "estaba ya en marcha".

Ruedas en el punto de mira de la Fiscalía

La justicia lleva años siguiéndole la pista al vertedero ilegal de Seseña. La fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo, que dirige Antonio Vercher, ha abierto este viernes diligencias. Vercher, que ha ordenado al Seprona de la Guardia Civil que comenzara a investigar, ha recordado que su departamento ya tuvo abiertas unas diligencias, que se archivaron cuando el Ayuntamiento cerró un acuerdo en 2013 con una empresa para empezar la limpieza del vertedero. Pero esta sociedad quebró hace unos meses.

El fiscal Vercher ha apuntado que ahora, con el incendio, se podría estar ante un delito medioambiental debido a la "contaminación" que se está produciendo.

En 2001, los agentes del Seprona interpusieron la primera denuncia por "vertido incontrolado de neumáticos" contra la empresa que era propietaria entonces de este depósito. Finalmente, el dueño de la empresa fue condenado en 2008 por delito contra el medio ambiente. Desde entonces, la limpieza y restauración del vertedero está pendiente.