Pozuelo del Rey se plantea acoger el vertedero del Este para pagar su deuda

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En la Mancomunidad del Este, el organismo que gestiona la recogida de residuos de los 31 municipios del Corredor del Henares, saben desde hace tiempo que deben buscar una alternativa al vertedero de Alcalá de Henares, donde acaba la basura de los 650.000 vecinos de la zona. Porque esta infraestructura que funciona desde hace 35 años tiene sus días contados, y no solo por la incompatibilidad de un vertedero a cielo abierto con los estándares ambientales actuales, sino sobre todo porque dentro de poco allí no cabrán más desechos urbanos. Al ritmo actual, de unas 250.000 toneladas sin ningún tratamiento, el quinto y último vaso abierto en 2012 (se hacen enormes agujeros en los que la basura se va superponiendo por capas y luego se compacta) estará completamente colmatado a finales en 2018.

Por eso, tras un primer intento frustrado —se había proyectado un complejo en una zona muy cercana a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz—, en 2009 la mancomunidad planteó la construcción de una planta recogida y tratamiento de residuos en el municipio de Loeches, una localidad de algo más de 8.000 vecinos entre Alcalá de Henares y Arganda del Rey. En abril de 2011, el entonces alcalde socialista de Loeches votó a favor del proyecto que luego aceptó el siguiente alcalde del PP, Antonio Notario, aunque este exigió que la planta no tuviera incineradora y que Loeches reciviera compensaciones por acogerla.

Notario volvió a ganar las elecciones de 2015, pero se quedó en minoría, a merced de una oposición que rechaza forntalmente el llamado complejo medioambiental de reciclaje Ecoparque. “Los grupos de la oposición aprobaron una moción que impide que se construya aquí”, explicó Notario el pasado enero a este periódico.

Una deuda insalvable

En ese contexto, en el Ayuntamiento de Pozuelo del Rey —gobernado desde el pasado mes de octubre por el PP, apoyado por dos exconcejales del PSOE— empezó a rondar la idea de dar un paso al frente. “Hemos pedido la información, sobre todo ambiental, para ver qué posibilidades hay”, explica el concejal de Urbanismo de Pozuelo del Rey, Salvador Aceituno (PP). Asegura que solo ofrecerían su término municipal para acoger la nueva planta si estuviera garantizado que no habrá consecuencias negativas para los vecinos.

Pero admite que merece la pena pensárselo porque se trata de un proyecto que podría acabar con el paro en el pueblo (hay 70 desempleados y la plata generaría 71 trabajos) y les aportaría un canon que podría superar los 360.000 euros anuales. “Tenemos una deuda insalvable de 1,5 millones de euros. Cuando llegamos al Ayuntamiento nos vimos obligados a acogernos a un plan de pago a proveedores, no tenemos industria, hace poco nos amenazaron con cortarnos la luz por falta de pago...”, relata Aceituno.

Pero, más allá de la decisión final de Pozuelo del Rey, el tiempo apremia por el agotamiento en 2018 del espacio en el vertedero de Alcalá de Henares y un cambio de ubicación requeriría volver a empezar de cero, lo que supondría unos cinco años de tramitaciones ambientales, aseguran fuentes de la Mancomunidad del Este. La Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha insistido en todo momento en que la ubicación de las nuevas instalaciones no les compete a ellos, sino que depende única y exclusivamente de la mancomunidad. Ellos, por su parte, solo pueden seguir con la tramitación del expediente que se les ha presentado, es decir, el de Loeches.

La resistencia de Loeches

El alcalde de Alcalá de Henares y presidente de la Mancomunidad del Este, Javier Rodríguez, aseguró el pasado mes de marzo, en una comisión de la Asamblea de Madrid, que decidieron aplazar el debate sobre la ubicación de la nueva planta hasta tener el visto bueno ambiental definitivo de la Comunidad. La pregunta, en todo caso, es si habría alguna posibilidad de llevarlo a término si el municipio en cuestión se opone, por más que haya un convenio firmado de por medio.

De hecho, en la misma comisión de la Asamblea, el alcalde de Loeches insistió en que ya han comunicado su decisión a la mancomunidad, que les han pedido que se suspenda el convenio y que, si no ocurre, propondrán “tomar todas las medidas legalmente posibles para que esto no se lleve a cabo”, dijo Notario.