Manos Limpias pierde el control sobre las querellas que impulsó
Los casos Pujol, ITV y 9-N seguirán vivos pese a que el sindicato 'ultra' se aparte o desaparezca
Las causas judiciales que Manos Limpias impulsó en Cataluña contra dos de sus enemigos declarados (el soberanismo y la corrupción) han escapado a su control. El sindicato ultra se solapó con la Fiscalía e incluso se anticipó a ella en la denuncia de escándalos como el caso Pujol. Esa premura le permitió llevar las riendas de los procesos judiciales. Ahora, con la caída en desgracia de su presidente y líder único, Miguel Bernad, las tornas han cambiado. Las causas que Manos Limpias engendró ya caminan sin la muleta del sindicato y seguirán haciéndolo al margen del destino de Bernad y de su entidad.
El 25 de julio de 2014, Jordi Pujol confesó que su mujer y sus hijos habían mantenido, durante más de tres décadas, una fortuna oculta a Hacienda que procedía de una herencia paterna. Manos Limpias fue el más rápido entre todos los que quisieron echar el lazo al expresidente de la Generalitat. Apenas tres días después, se querelló contra Pujol y su mujer, Marta Ferrusola, por seis delitos. Y depositó la fianza de 6.000 euros que le exigió la juez para ejercer la acusación popular.
La Fiscalía Anticorrupción reaccionó también de inmediato. Pero, al haberse admitido ya a trámite la querella, no pudo iniciar una investigación por su cuenta y la causa quedó en manos de la juez de Barcelona. Ser el primero no solo le permitió eclipsar al ministerio público, sino también obtener la "dirección letrada" por encima del resto de particulares y formaciones políticas (ICV, Podemos y Guanyem) que se personaron en la causa. Esa circunstancia originó fricciones, ya que partidos de izquierdas se veían obligados a someterse al criterio jurídico de un franquista como Bernad, que llegó a ser mano derecha de Blas Piñar, exlíder de Fuerza Nueva.
Algo parecido ocurrió en la causa del 9-N. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña otorgó a Manos Limpias el liderazgo sobre las otras cinco acusaciones populares que se sumaron al proceso contra el expresidente Artur Mas por la consulta sobre la independencia del 9 de noviembre de 2014. No fue por capricho: el pseudosinciato, una vez más, había sido el primero en ejercer la acusación (Bernad tenía por costumbre interponer querellas tras la sola lectura de un artículo de prensa) por delante de los partidos Vox y UPyD, la Asociación Pro Justicia XXI, dos sindicatos de policía y un particular.
En el 9-N, sin embargo, la Fiscalía llevó la batuta y fue su denuncia por desobediencia la que llevó al TSJC a abrir diligencias contra Mas, contra la exvicepresidenta Joana Ortega y contra la exconsejera de Enseñanza Irene Rigau. Idéntico protagonismo ostentó la Fiscalía en otro de los grandes casos de corrupción en Cataluña en los últimos años: el caso ITV. Manos Limpias se sumó como acusación popular (o sea en defensa, a priori, del interés general) para investigar al ex número dos de Convergència, Oriol Pujol, por cobrar comisiones en una presunta trama de corrupción.
El caso ITV está a un paso de cerrarse. Manos Limpias ha solicitado ya una pena de 12 años de cárcel para el exdiputado, mientras que la Fiscalía ultima su propio escrito de acusación. En paralelo, las partes están tratando de alcanzar una sentencia de conformidad. A cambio de aceptar los delitos, Oriol Pujol sería condenado a una pena de cárcel menor. A diferencia de las sospechas que existen con la infanta Cristina y el caso Nóos, destapadas en la Operación Nelson que ha llevado a Bernad a prisión, aquí no hay visos de que se trate de un pacto espurio por parte de Manos Limpias. Entre otras cosas, porque también la Fiscalía y una de las empresas de ITV afectadas por la trama corrupta también ejercen la acusación.
El derrumbe de Manos Limpias no pone en riesgo ninguno de los procesos en los que está inmerso el sindicato. Primero, porque por ahora no hay señales firmes de que vaya a retirarse de asuntos como el 9-N o el caso ITV. "No tenemos ninguna instrucción del cliente ni hemos tenido más contacto", explican los abogados, quienes asumen que, en ausencia de nuevas indicaciones, deben mantenerse en su papel. Tampoco ha recibido instrucciones el abogado de Manos Limpias en el caso Pujol, Sebastián de Juan, que por ello mismo ha renunciado a pedir la personación del sindicato en el caso Pujol ahora que, definitivamente, se ha trasladado a la Audiencia Nacional (Bernad estaba personado en la causa de Barcelona, pero no en la de Madrid).
El caso Macedonia, que investiga una extraña y presunta red de corrupción policial, es quizá la única excepción. Ocurre, como en el caso de la infanta Cristina, que Manos Limpias y la Fiscalía discrepan abiertamente sobre el enfoque del caso. En especial, en lo que atañe a la presunta connivencia entre investigadores de los Mossos d'Esquadra y un grupo de traficantes. El fiscal no ve indicios de delito contra esos policías, que llevan cinco años imputados a la espera de que el juez cierre la instrucción y decida si los envía o no a juicio.
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Los grandes fiascos del sindicato
Manos Limpias ha estado presente en los grandes casos de corrupción de Cataluña y del conjunto de España. Ha sido una máquina de interponer querellas, lo cual no significa que todas ellas se hayan siquiera llegado a investigar. De hecho, ocurre justo lo contrario: la mayoría de denuncias interpuestas por los abogados de Miguel Bernad son rechazadas de plano por falta de pruebas. En algunas ocasiones, incluso, con advertencia expresa de los jueces contra el gatillo fácil de Bernad.
Estos son los casos más reciente en los que Manos Limpias fracasó en su intento de llevar ante los tribunales, especialmente, a los protagonistas del proceso soberanista en Cataluña.
- La sedición de Mas y Forcadell. En noviembre de 2015, el TSJC rechazó la ampliación de la querella del 9-N presentada por Manos Limpias. El sindicato al expresidente Artur Mas y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, de los delitos de sedición y rebelión por la declaración de desconexión con España del pasado 9 de noviembre de 2015. El tribunal fue contundente: "Aparte de que la querella viene redactada en términos futuribles, no se dan en modo alguno ninguno de los elementos de los tipos penales referidos".
- La moratoria de Colau. En octubre de 2015, una juez de Barcelona inadmitió la denuncia presentada por el sindicato contra la alcaldesa Ada Colau por aprobar una moratoria sobre establecimientos turísticos. Colau acordó congelar las licencias para reformar o inaugurar hoteles, algo que, a juicio del sindicato, constituía un delito de prevaricación. La juez recordó al sindicato que el Código Penal "no es una alternativa a la jurisdicción contenciosa" y no vio "motivos plausibles de incriminación", por lo que dio carpetazo al tema.
- Los negocios de Junqueras. En marzo de 2015, el TSJC (tras dar traslado a la Fiscalía) decidió no admitir a trámite una querella contra el vicepresidente de la Generaltat, Oriol Junqueras. Le acusaban de beneficiar, a través del Ayuntamiento de Sant Vicenç dels Horts, a una empresa en la que trabajaba su hermano. Los magistrados concluyeron que la denuncia era "infundada" y lamentaron la "ausencia de indicios de verosimilitud".
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