Guerra de cifras por los papeles de Salamanca

Un certificado expedido por la Confederación del Trabajo a nombre de Guillermo Suils con fecha 25 de febrero de 1937 en Madrid daba fe que el hombre era relojero de profesión. “Nació en Logroño y fue a vivir a Madrid donde fue relojero en la Puerta del Sol. En 1937 se fue a la guerra y cuando terminó regresó y siguió con el negocio de la relojería en el mismo sitio. Él nunca estuvo en Cataluña ni de vacaciones”, explicaba su hijo junto al presidente de la asociación Salvar el Archivo de Salamanca, Policarpo Sánchez, que lleva años enfrascado en lograr que retornen al Centro Documental de la Memoria Histórica de esa ciudad parte de los conocidos como papeles de Salamanca que, según él, no debieron salir nunca. La asociación cifra en unos 400.000 los papeles que no correspondían a personas físicas catalanas o asociaciones o entidades jurídicas con domicilio en Cataluña y pone como ejemplo el del relojero de la Puerta del Sol de cuya existencia su familia no tenía ni idea.

La Generalitat tampoco sabe si en el 4,97 % de los documentos que todavía tiene que examinar está el certificado de trabajo en cuestión. De lo que sí está segura es que la cifra de 400.000 que sostiene la asociación es imposible. “Los documentos entregados fueron 951.531 y de estos ya han sido devueltos a sus propietarios el 84,98 %; un 10,05 % ya han sido identificados y serán retornados a sus legítimos titulares o herederos esta primavera y quedan un 4,97 % que se están investigando”, insistían desde el departamento de Cultura de la Generalitat. Que, por el contrario, subraya que todavía no han recibido la documentación que fue incautada durante la guerra civil a 43 ayuntamientos catalanes.

“Lo que exigimos es que se cumpla la ley – de 2005 de restitución a la Generalitat de los documentos incautados en la Guerra Civil- porque entre todo lo que se envió a Cataluña desde 2006 hay fondos de 23 provincias españolas, como Valencia, Madrid, Murcia, Asturias y de Aragón y que están, indebidamente, en manos de la Generalitat”, puntualizaba Sánchez en Barcelona, donde la asociación ha convocado una manifestación y espera reunirse con el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hacerle entrega de las 32.000 firmas que han recogido exigiendo el retorno del material. También aguardan la resolución judicial de la demanda que plantearon en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el mismo asunto.

La asociación no ha cejado y ha conseguido en el último año que el Ayuntamiento de Salamanca –con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos- aprobara una moción en ese sentido y después lograron lo mismo de las Cortes de Castilla-León con los votos de los diputados del PP, PSOE, Ciudadanos, Ganemos y Grupo Mixto de IU y UPL. “Y también nos apoya Podemos en un manifiesto”, subrayaba Sánchez que intenta desmarcarse del sesgo político que se le atribuye a la asociación que preside y que es notorio en según qué afirmaciones: “los papeles los han robado quienes quieren romper España”, se despachaba Eduardo García, delegado de la asociación en Cataluña.

Los papeles de Salamanca salieron del centro documental –al que fue a parar el Archivo de la Guerra Civil de España - en más de 500 cajas en 2006, una entrega a la que se sumó otra, de 238, en 2014. Una documentación cuya restitución se acordó por la Comisión Mixta de responsables entre el Ministerio de Cultura y el Departamento de Cultura de la Generalitat que se ha encargado de la restitución de los papeles a sus propietarios. “Calculamos que de Salamanca salieron entre 1.100.000 y 1.500.000 documentos”, aseguraba Sánchez. Una cifra que niega haber recibido la Generalitat. Para la asociación, uno de los problemas de origen fue la falta de control –y copia digital de todo- del material antes de que saliera de Salamanca y luego lo que consideran un “incumplimiento” de los plazos de retorno si la documentación no era de Cataluña. “Y todo eso ha pasado por la inacción del gobierno del Partido Popular que ha evitado enfrentarse a Cataluña”, afirmaba el presidente de la asociación que asegura tener identificadas a 200 familias de otras comunidades españolas con documentos de sus antepasados actualmente en el Archivo de la Generalitat.

Sánchez, licenciado en Derecho, se presenta como un investigador reconvertido que se opone a la división de los archivos históricos, como el de Salamanca. " Yo he investigado a veces por encargo como cuando el Partido Comunista de España me contrató para que buscara el patrimonio que le fue incautado en la guerra", puso como ejemplo.