Junqueras delega en el titular de Exteriores la cita con Montoro

El consejero de Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, acudirá este viernes a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera convocada por el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro en sustitución del vicepresidente y consejero de Economía, Oriol Junqueras, que asegura que no puede cancelar un viaje a Roma que tiene previsto ese mismo día para reunirse con inversores italianos con intereses en Cataluña. La portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, restó intencionalidad y simbolismo a la designación de Romeva para asistir a la cita y la basó en su condición de presidente de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que no se reúne desde hace años, y en que ostenta además el cargo de relaciones institucionales.

Romeva y el Gobierno central mantienen una relación especialmente tensa desde que La Moncloa presentó un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional contra el departamento que dirige el ecosocialista contra el departamento del ecosocialista al estimar que invade atribuciones del Ministerio de Asuntos Exteriores. El alto tribunal suspendió artículos del decreto de creación de la consejería, pero la Generalitat lo ha ignorado. El Parlament aprobó una moción en ese mismo sentido y respaldó la Acción Exterior del Gobierno catalán al considerar que está ejerciendo esa función desde hace 30 años.

Munté subrayó que la Generalitat cumple con su obligación de enviar al Consejo a un miembro del Gobierno con rango de consejero. Fuentes del Ejecutivo aseguran que no se trata de un desplante, si bien admiten que la presencia de Romeva, que irá junto a Pere Aragonés, secretario de Economía, puede suponer cierta provocación. La agenda de Junqueras no se ha concretado más allá de esas reuniones con inversores y una entrevista mediática.

El vicepresidente ya avisó hace días de que las medidas que exige Montoro a las autonomías son “inaplicables” y ponen en riesgo el Estado del Bienestar. “Si el Ministerio quiere venir a cerrar un hospital, que lo haga. Nosotros ni podemos ni queremos”, dijo. El president Carles Puigdemont está indignado por el objetivo de déficit para 2016 —0,3%— y contactó con sus homólogos de Andalucía, Baleares, Aragón, Extremadura y Valencia para hacer un frente común tras la carta que les remitió Montoro para congelar el gasto. “No es un frente común contra nadie. Es en defensa de los ciudadanos. Expondremos nuestro criterio frente a las decisiones arbitrarias: es injusto el techo del déficit y el cálculo erróneo de los anticipos”, dijo Munté.

Junts pel Sí recalcó ayer, a través de su portavoz adjunto en el Parlament, Roger Torrent, de que el Gobierno catalán “no se puede permitir ningún ajuste presupuestario más” que afecte a los servicios sociales y vaticinó que en las cuentas para este 2016 “no habrá recortes ni modificaciones a la baja en ningún caso” en el área social. La CUP fue más allá y pidió a Junqueras que confeccione unos presupuestos “libres de Montoro” y de sus criterios de reparto del déficit. “Deben seguir unos criterios postautonómicos o prerrepublicanos”, afirmó la diputada Eulàlia Reguant. “Hay leyes absolutamente injustas que deben ser desobedecidas”, abundó en alusión a que, en su opinión, están concebidas para satisfacer a las entidades financieras y no a los derechos de los ciudadanos.

Montoro culpó la semana pasada a las Comunidades Autónomas del incumplimiento del desvío del déficit –debían ajustarse en principio al 0,7% y en este 2016 deben situarse en el 0,3%. Cataluña multiplicó por cuatro el objetivo y el ministro reprochó a Cataluña su mala gestión al afirmar: “Se dedicó todo el año pasado a convocar o no elecciones y así se trabaja muy mal”. Tras reunirse ayer con la presidenta de Baleares, la socialista Francina Armengol, el ministro recalcó que sus planes de control de déficit no significan que las comunidades autónomas deban hacer más recortes. “Estos planes los va a cumplir todo el mundo. Es la Ley, así que nadie puede decir que la aplicación de la Ley conmigo no va. No es voluntario. Es obligatorio”, defendió el ministro de Hacienda que calificó de debate periodístico el hecho de que varios presidentes autonómicos estén en contacto al oponerse al objetivo de déficit exigido.