El ‘Govern’ se da un año para poner orden a la economía colaborativa

Las plataformas deberán informar al Ejecutivo catalán sobre la actividad de los usuarios

El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget.
El consejero de Empresa y Conocimiento, Jordi Baiget.Albert Garcia

El Gobierno de la Generalitat adaptará en el plazo de un año todas las normas sectoriales a los servicios que ha originado la llamada economía colaborativa. El objetivo del paquete de reformas es regular la actividad alrededor de plataformas de alojamiento turístico, transporte o venta de bienes de segunda mano. El Consejo Ejecutivo de hoy ha dado la luz verde a esa revisión, que supondrá la creación de una comisión de todos los departamentos implicados. Según fuentes de la Generalitat, esa reforma ya tiene definidos algunos rasgos: el prestador del servicio, aunque sea particular, será considerado “agente productor” y se controlará que cumpla con sus obligaciones tributarias, mientras que las plataformas serán consideradas “agentes colaboradores” y deberán aportar la información fiscal de la actividad de sus usuarios que les sea requerida.

La Generalitat lleva desde 2014 tratando de buscar un marco regulatorio para la economía colaborativa. Lo hizo después de haberse convertido en la primera Administración europea que decidía sancionar a plataformas como Airbnb por publicitar alojamientos ilegales. De forma paralela, puso en marcha una comisión parlamentaria para abordar cómo adaptar la ley a los servicios que se prestan a través de plataformas, muchas de las cuales, además, se han instalado o directamente han nacido en Barcelona. Los trabajos de la comisión arrojaron que era mejor adaptar toda la normativa sectorial que crear una norma específica para esa nueva economía.

El Ejecutivo catalán tiene claro, de momento, que los particulares que prestan sus servicios deberán ser considerados “agentes productores”. Se considerará como tales, según el Gobierno catalán, a quienes pongan a disposición de otros ciudadanos “servicios, tiempo o recursos ociosos o infrautilizados a cambio de otros servicios o de una contraprestación económica”. Estos estarán sujetos a las obligaciones del sector. Fuentes del Ejecutivo insistieron en que no se pretende regular al sector, sino al conjunto de actividades que de él se derivan. Aun así, las plataformas serán requeridas para que colaboren con la Administración, de modo que deberán aportar la información sobre la actividad de sus usuarios que esta pida.

Para coordinar esos trabajos, la Generalitat ha creado una comisión presidida por el Departamento de Empresa y Conocimiento, que dirige Jordi Baiget, y formada por miembros de Vicepresidencia; Trabajo; Territorio y Sostenibilidad, y Gobernación y Vivienda. De momento, la regulación más desarrollada es la de alojamientos turísticos, a través de la cual la Generalitat quiere regularizar el alquiler de habitaciones de particulares, mientras que todavía debe estudiarse en profundidad la de los servicios de transporte de pasajeros.

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Sobre la firma

Lluís Pellicer

Es jefe de sección de Economía de EL PAÍS, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Ha sido corresponsal en Bruselas entre 2018 y 2021 y redactor de Economía en Barcelona, donde cubrió la crisis inmobiliaria de 2008. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, ha cursado el programa de desarrollo directivo de IESE.

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