La reforma que blinda la inversión del Estado vuelve al Congreso

La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valencia volverá el próximo martes al Congreso de los Diputados, donde el nuevo hemiciclo surgido de las urnas el pasado 20 de diciembre deberá pronunciarse sobre la modificación que establece una inversión estatal en esta región acorde a su peso poblacional.

El martes a las cuatro de la tarde volverá a repetirse el trámite que la norma valenciana -pendiente desde 2011- ya pasó en septiembre, cuando el pleno del Congreso aprobó, con el respaldo de toda la Cámara, salvo el voto en contra de UPyD, tramitar la modificación estatutaria.

El objeto de esta reforma es modificar la disposición adicional primera del Estatuto, que establece que la inversión del Estado en la Comunidad Valenciana, excluido el Fondo de Compensación Territorial, será equivalente al peso de su población sobre el conjunto del Estado por un periodo de siete años.

Las propuestas de reformas estatutarias no decaen con el cambio de legislatura, pero la nueva Cámara debe volver a pronunciarse sobre su tramitación. Por ello, la votación de este martes podría no ser la última ya que, si finalmente hay que disolver las Cortes Generales en mayo por falta de Gobierno, en la próxima legislatura será necesario organizar un nuevo debate de toma en consideración y empezar otra vez todo el procedimiento parlamentario.

Al debate de este punto del orden del día del próximo martes han confirmado su asistencia el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, así como los portavoces de los cinco grupos parlamentarios con representación en las Corts: Isabel Bonig (PP), Alexis Marí (Ciudadanos), Antonio Montiel (Podemos), Manolo Mata (PSPV) y Fran Ferri (Compromís).

No obstante, éstos dos últimos -los síndics del grupo socialista y de Compromís-- acudirán también en su papel de ponentes en la defensa de esta modificación estatutaria, junto al diputado del PP Jorge Bellver, como ya hicieron el 16 septiembre.

Ya ese día, Mata, Ferri y Bellver pidieron en la Cámara baja el voto favorable a esta iniciativa para acabar con la "discriminación" y el "maltrato" que sufre la Comunitat Valenciana y para lograr ser iguales que el resto de españoles.

Retrasos y aplazamientos

Las Cortes Valencianas aprobaron esta reforma el 9 de marzo de 2011, con los votos a favor de PP, PSPV y Compromís y la abstención de EUPV. De esta forma, el Parlamento autonómico dio luz verde a la modificación estatutaria cinco años después de su aprobación por parte de PP y PSPV y después de que el Tribunal Constitucional avalara las reformas estatutarias de Andalucía y Cataluña, en la que se incluían disposiciones adicionales para garantizar un volumen permanente y estable de inversiones estatales en estos territorios en función del peso de la población y el PIB.

Como todas las reformas de estatutos, la valenciana tiene que pasar por el Congreso para su aprobación definitiva, y este es el trámite que lleva pendiente desde hace dos legislaturas. En concreto, desde que entró en el Congreso en 2011, el debate de toma en consideración, ya con Gobierno del PP, se llegó a aplazar en cuatro ocasiones.

La primera fue en abril de 2011, cuando el Parlamento valenciano pidió que no se realizara por ser periodo de precampaña electoral de los comicios autonómicos y encontrarse la Cámara autonómica ya disuelta. La segunda vez que se pospuso el debate fue en abril de 2012, dado que no se habían designado los diputados valencianos encargados de la defensa de la reforma.

Posteriormente, en septiembre de 2013, el entonces presidente de las Corts, el 'popular' Juan Cotino, solicitó un nuevo aplazamiento para unir esta reforma estatutaria a la reducción del número de diputados autonómicos que proponía el PP. Por último, en julio de 2014 se pidió un nuevo aplazamiento para unir esta reforma al resto de modificaciones estatutarias.

En julio de 2015, tras el cambio en el Consell y en la Presidencia de las Cortes, el nuevo presidente de la Cámara, Enric Morera, de Compromís, cursó un escrito a su homólogo en el Congreso entonces, Jesús Posada, para que el debate sobre la reforma del Estatuto pudiera celebrarse en septiembre, como finalmente ocurrió.