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Junqueras agotará la vía autonómica antes de seguir con la Hacienda propia

La Generalitat pretende que la Agencia Tributaria de Cataluña funcione al máximo de lo que sus competencias permiten en un año

El ministro Cristóbal Montoro (i) recibe al consejero de la Generalitat, Oriol Junqueras.
El ministro Cristóbal Montoro (i) recibe al consejero de la Generalitat, Oriol Junqueras. EFE

El vicepresidente económico de la Generalitat, Oriol Junqueras, quiere agotar todo el espacio por recorrer con las actuales competencias autonómicas antes de dar el salto hacia la llamada Hacienda propia. Junqueras, que ha recuperado el control de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), espera controlar la recaudación, gestión y liquidación de los tributos propios y cedidos, además de realizar recaudaciones ejecutivas, que pueden pasar por embargos. El objetivo viene acompañado de un lamento: el Gobierno de Artur Mas no trabajó todo lo que los republicanos hubieran querido en la implantación de las Estructuras de Estado. En el área de Economía el vicepresidente quiere seguir también la vía de apurar las competencias autonómicas.

A pesar de que la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) gestiona solo entre el 5% y el 10% de los tributos generados en la comunidad, el organismo creado en 2007 está lejos de agotar las competencias que le da el Estatut. Fuentes del Ejecutivo catalán explican que, después de que la pasada legislatura la ATC estuviera en manos de Francesc Homs, queda mucho trabajo por hacer antes de pensar en la llamada Hacienda propia. En cuanto a estructura, la agencia tiene dos retos: avanzar en la integración con los servicios tributarios de las diputaciones y los ayuntamientos para ofrecer una ventanilla única y acelerar la contratación de personal después de que concurso tras concurso muchas de las plazas ofertadas hayan quedado desiertas.

El actual equipo de Vicepresidencia también quiere aparcar por ahora los trabajos teóricos de Joan Iglesias, que Homs puso al frente de la ATC, tras constatar el escaso avance que se produjo en los últimos años en el ámbito práctico. Y ello también supone poner menos empeño en campañas que fueron un fiasco, como la de pedir a los contribuyentes que presentaran sus declaraciones de la renta ante la Hacienda catalana en lugar de la española. Fuentes del Ejecutivo explican que esas campañas suponían emplear recursos para obtener unos resultados más que discretos.

La Generalitat ha empezado ya a asumir la recaudación ejecutiva, es decir, el cobro de deudas con la Administración catalana. Esta función, que sí desempeñan otras agencias autonómicas, hasta ahora estaba delegada a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que le cobraba 10 millones por ello. Según las fuentes consultadas, esa función no se desarrollaba por la mala imagen que suponen los embargos para una Administración autonómica.

La agencia también quiere asumir la liquidación de impuestos que tenía cedida a los registradores de la propiedad, con un coste de 25 millones. La última pata que quiere potenciar es la de la lucha contra el fraude después de que la ATC incumpliera los objetivos que tenía marcados en los últimos ejercicios, lo cual supuso un descenso del 32% en la recaudación.

La Generalitat pretende que la ATC funcione al máximo de lo que sus competencias permiten en un año, aunque la evolución de las primeras medidas genera pesimismo en cuanto a cumplir este plazo. Menos tiempo tendrá Junqueras para la segunda parte de su misión: dejar a punto la ATC para asumir todos los impuestos de un hipotético nuevo Estado. Si el Gobierno de Carles Puigdemont cumple su intención de acabar la legislatura en 18 meses —pese a las dudas que genera este plazo en el propio Ejecutivo—, la ATC difícilmente estará a punto.

CiU se comprometió a completar el despliegue de la ATC en 2013

Junqueras ya detectó la pasada legislatura, cuando ejercía de puntal del Gobierno de Artur Mas desde la oposición, que la ATC no avanzaba a la velocidad que pretendían los republicanos. CiU se había comprometido, en el acuerdo de estabilidad parlamentaria firmado en 2012 con ERC, que la Agencia Tributaria tendría desplegadas todas sus competencias autonómicas durante 2013.

Al constatar el incumplimiento del Ejecutivo, los republicanos intentaron forzar un acelerón del Gobierno en los estertores de la legislatura. En junio, poco antes de formarse Junts pel Sí, ERC logró aprobar una moción para acelerar las llamadas estructuras de Estado. Como pasa con muchos mandatos del Parlament, este se incumplió.

El vicepresidente también utiliza la vía autonómica para aliviar las tensiones de tesorería que viene sufriendo la Generalitat desde el comienzo de la crisis. Estas se producen sobre todo los meses de junio y en la recta final del año, cuando se dispararan las obligaciones de la Administración por las pagas extra a los funcionarios. El vicepresidente económico se ha reunido con los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro para abordar los pagos del FLA y de la liquidación de los recursos del sistema de financiación correspondiente a 2014.

Junqueras quería percibir los 1.400 millones de este último concepto este mismo mes, aunque Montoro de momento solo ha accedido a desbloquear 350 millones. El segundo frente urgente es el de poder convertir la deuda a corto plazo que va venciendo en préstamos a largo mediante al FLA. En ese aspecto, se han producido avances con ambos ministros, sin que se hayan concretado actuaciones.

Menos éxito está teniendo Junqueras al reclamar una rebaja de los intereses del FLA al 0%, como el año pasado, que permitiría un ahorro con el que la Generalitat podría afrontar de forma más desahogada el pago de las deudas a los funcionarios o el plan de choque al que se comprometió Junts pel Sí.

También para reducir los problemas de tesorería, Junqueras deberá buscar un calendario más flexible del FLA extraordinario, el que cubre la parte no autorizada de déficit en la que incurrió la Administración catalana el año pasado. Esos fondos se concentraron el año pasado el mes de diciembre, lo cual generó la acumulación de deudas de la Generalitat con sus proveedores y llevó al consejero Andreu Mas-Colell incluso a implorar su cobro. El equipo de Junqueras busca que estos se repartan durante el año, de forma que la Generalitat no tenga que verse con el agua al cuello a finales de año.

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