Compromís asegura que el alcalde de Borriol sabía de quién era el terreno

El vicealcalde de Castellón, Enric Nomdedéu, ha declarado como testigo en la quinta jornada del juicio por el caso de la depuradora de Borriol y se ha ratificado en lo que considera “una operación hecha para enriquecerse a costa de los intereses del pueblo de Borriol que, además de una indecencia política tiene hechos de carácter delictivo, como así lo ha considerado la Fiscalía”.

En su testimonio, Nomdedéu ha relatado a preguntas del Ministerio Fiscal la cronología de los hechos y de cómo el grupo municipal de Compromís en Borriol recopiló la información respecto a la propiedad de los terrenos y el precio al que se expropiaron. Un relato que las defensas de Francisco Martínez y Adelino Santamaría han tratado de desmontar con un duro interrogatorio.

Ambas letradas han hurgado en las lagunas que tenía la documentación que Compromís llevó a ante el fiscal y han hecho notar que en los diversos trámites administrativos de exposición pública, debate y fiscalización del proyecto por parte de los diputados, en los que participó el propio Nomdedéu, no hubo ninguna consideración en contra del mismo por la propiedad o idoneidad de los terrenos.

En este sentido, el propio Nomdedéu en sus declaraciones a la prensa tras su testificación ha cuestionado por qué si era tan obvio que la propiedad aparecía en todo momento en los expedientes, como argumentan las defensas, no lo descubrieron antes Adelino Santamaría, alcalde de Borriol o Javier Moliner, presidente de la Diputación de Castellón.

Este es uno de los puntos de anclaje de la defensa del que fuera vicepresidente de la Diputación. Sin embargo, Nomdedéu ha manifestado que “si yo fuera el propietario de alguna de las fincas, le aseguro que lo habría sabido”, en relación a Francisco Martínez. Así mismo, el vicealcalde de Castellón considera que no es creíble que Adelino Santamaría no conociera de quien era la propiedad de los terrenos en los que se iba a construir la depuradora.

Más allá, en esta quinta sesión de juicio ha tomado relevancia la valoración del precio de las expropiaciones que fue, inicialmente, el único punto de conflicto entre los diversos partidos políticos en Borriol. Tanto el actual alcalde, Silverio Tena, de Compromís, como el anterior portavoz del PSPV, Francisco José Pastor Escrig consideraban excesivo el precio de 18,85 euros, más si cabe cuando en una servidumbre previa por el paso de un gaseoducto se pagaron 1,5 euros por metro cuadrado.

De hecho, la defensa de Francisco Martínez considera este precio incluso inferior al aportado por un arquitecto a petición suya en una prueba pericial que estipula el precio en el entorno de los 23 euros. Por su parte, la Fiscalía sospecha que hay connivencia entre los acusados para pactar ese precio porque en un primer convenio se iba a permutar los terrenos expropiados por otros con aprovechamiento urbanístico en un futuro PAI. Finalmente, el TSJ anuló el PAI, denominado Lloma-Mallols, y el fiscal estima que los acusados acordaron mantener el precio en el nuevo convenio.