El Parlament insta a Salud a reducir las listas de espera en la atención sanitaria

El Parlament acordó ayer poner coto a las dilatadas listas de espera de la sanidad catalana. Con el apoyo de todos los grupos parlamentarios y la abstención de Junts pel Sí, el PSC ha sacado adelante una moción que revierte una de las medidas impulsadas por el ex consejero Boi Ruiz hace exactamente un año. En febrero de 2015, el entonces titular de Salud fulminó los tiempos máximos de espera garantizados por ley (seis meses) de una decena de intervenciones quirúrgicas y marcó tiempos de referencia para esas operaciones, para visitas al especialista, para pruebas diagnósticas y para atención primaria. El Parlament exige ahora anular esa orden y que esos tiempos de referencia —que son orientativos, en función del criterio clínico, pero no obligatorios— pasen a estar garantizados por ley.

Según los últimos datos de junio de 2015, cerca de 105.000 personas están en lista de espera por una operación quirúrgica y otras 112.000 aguardan para someterse a una prueba diagnóstica. "Detrás de los números hay personas que están esperando y el problema se ha de abordar seriamente", manifestó la diputada socialista, Assumpta Escarp, impulsora de la moción. El acuerdo parlamentario insta al Departamento de Salud a revertir la normativa de Boi Ruiz en menos de un mes.

De las 14 operaciones que tenían un tiempo de espera máximo de seis meses garantizado por ley, Boi Ruiz sólo dejó en garantía las intervenciones de cataratas y de prótesis de cadera y rodilla. La orden de 2015 garantizaba además una espera inferior a los tres meses para operaciones cardíacas y limitó a 45 días los retrasos en procesos oncológicos. Las demás intervenciones tuviesen un tiempo de referencia máximo de un año. Asimismo, el plazo de referencia para pruebas diagnósticas y visitas al especialista se establecía de entre uno y tres meses y la consulta al médico de cabecera en 48 horas. A falta de datos oficiales sobre el estado de los tiempos de espera en las intervenciones, Salud confirmó a EL PAÍS en diciembre que había demoras en las visitas al ambulatorio: el 30% de los centros de atención primaria (CAP) del área de Barcelona tardan más de 48 horas en dar cita.

La moción parlamentaria insta a Salud a convertir todos los tiempos de referencia en garantizados y, además, a marcar un plazo de espera máximo de 48 horas "para que toda persona atendida en los servicios de urgencias hospitalarios haya completado todo el proceso diagnóstico", de forma que dentro de ese término sea dado de alta, hospitalizado, derivado o intervenido, según sea el caso. El acuerdo del Parlament también contempla la obligación de Salud de dar una alternativa al paciente si no se cumplen los plazos indicados. "Se tendrá que proponer otro centro donde su pueda llevar a cabo dentro de este término, priorizando siempre los centros de gestión pública", reza el documento.

La moción incorpora además la necesidad de establecer mecanismos de gestión y revisión de las listas de espera para "detectar o corregir demoras excesivas". Durante el mandato de Boi Ruiz, por ejemplo, Salud registró 39.000 reclamaciones por retrasos en las listas de espera para intervenciones y pruebas diagnósticas. El Parlament acordó que los ingresos e intervenciones cancelados o las visitas desprogramadas tendrán que reprogramarse en un término máximo de un mes. "Nosotros queríamos que hubiese garantías en las listas de espera y estamos contentos por que haya salido adelante. Queremos creer que se cumplirá este compromiso y por eso pedimos que se refleje en los presupuestos", valoró Escarp.