Un consejero de ERC defiende la recolocación del alto cargo imputado

La recolocación del exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell sigue trayendo cola en el Gobierno catalán. El consejero de Justicia, Carles Mundó, de Esquerra, defendió ayer la reubicación en la empresa pública del alto cargo, imputado por el caso 3%. Mundó aceptó la presencia de Rosell en la empresa pública pese al malestar de su propio partido. Los republicanos achacaron al Ejecutivo de Artur Mas la decisión de buscar un nuevo puesto a Rosell.

El imputado cesó de su cargo de director general de Infraestructures.cat tras ser detenido, en octubre pasado, y luego fue recolocado como responsable del proyecto de actuaciones internacionales y de investigación e innovación de la compañía, la principal adjudicataria de la Generalitat.

La decisión abrió una brecha en Junts pel Sí, ya que ERC reprochó a Convergència que hiciera la reubicación sin su consentimiento, y así lo defendió el jueves el Departamento de Vicepresidencia. Sin embargo, el republicano Mundó avaló ayer el cambio: "La decisión que se tomó en la empresa pública es la que correspondía", defendió, tras argumentar que Rosell no tendrá el poder que le permitió, supuestamente, cometer irregularidades en la contratación pública: "Se le han apartado todas las funciones directivas y, por lo tanto, ocupa solo un puesto de trabajo. No tiene capacidad de administrar recursos públicos", subrayó Mundó.

El cargo rebajado que definió el consejero de Justicia contrasta con la pomposidad del nombre, que le sitúa como "responsable de las actuaciones internacionales y de I+D" de la compañía. Sin embargo, las funciones del proyecto al que está asignado Rosell no figuran en ningún registro de Infraestructures.cat ni en el organigrama de la empresa. Su nombramiento fue acordado por el consejo de administración.

La posición de Mundó contrasta con la que defiende oficialmente Esquerra, molesta con la recolocación. El partido que lidera Oriol Junqueras sostiene que no se puede despedir a Rosell por las condiciones blindadas de su contrato, que abocarían a la Generalitat a un despido improcedente en caso de prescindir de sus servicios. Fuentes de ERC mantienen que el partido busca la dimisión de Rosell y confían en la gestión del nuevo presidente de la empresa pública, Joan Jaume, para evitar cualquier posible irregularidad en la contratación pública.

Rosell, que en el momento de su detención dirigía también la mesa de contratación de la compañía, controlaba presuntamente la modificación de las valoraciones de las ofertas técnicas. De esta manera, según los investigadores, facilitaba que las constructoras que pagaban comisiones a Convergència se impusieran a sus rivales.

Infraestructures.cat ha abierto un expediente para investigar si hubo actuaciones ilegales dentro de la empresa. Pese a estar cesado del cargo, Rosell continuó representando a la compañía tras su recolocación.