El juez censura que Salud no analizase las prótesis de Traiber

El juez que instruye la causa contra la empresa Traiber por dispensar prótesis de rodilla, cadera y columna caducadas y pagar comisiones ilegales a médicos para implantarlas ha censurado en el auto judicial que los productos en mal estado no fuesen sometidos a inspecciones de calidad por parte de la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) y la Dirección General de Ordenación y Regulación Sanitaria de la Generalitat.

“Lo que queda claro es que ninguno de los dos organismos había inspeccionado nunca a Traiber y habrá que preguntarse quién tenía la obligación”, apunta el magistrado. El juez recuerda que las prótesis defectuosas “no se colocaron en un chiringuito o un sótano”, sino en una treintena de hospitales públicos y clínicas privadas de Cataluña, por lo que “habrá que investigar si los poderes públicos dejaron desamparados” a los pacientes afectados.

En total, son más de 6.000 personas de 11 comunidades autónomas, Portugal, Francia e Italia las perjudicadas por las prótesis en mal estado. El magistrado ha pedido a las instituciones reguladoras del Gobierno central y de la Generalitat que respondan “a la mayor brevedad” si inspeccionaron o no a Traiber desde su constitución hasta el 7 de noviembre de 2014, cuando la misma AEMPS cerró cautelarmente la empresa.

Apenas 24 horas después de que se hiciese público el auto judicial en el que se imputaba a 47 médicos por el cobro de comisiones ilegales desde Traiber, el Colegio de Médicos de Barcelona (COMB) salió al paso contra las acusaciones a algunos de sus colegas y reprochó al juez que se difundiesen los nombres de los facultativos imputados sin avisarles previamente y sin probar su participación en los hechos. “Esto puede poner en riesgo la confianza de los pacientes con sus médicos y, por tanto, la salud de los ciudadanos en general”, criticó.

El COMB también exigió preservar la presunción de inocencia de los médicos imputados y pidió que se aclare “lo más pronto posible si la imputación masiva es por una infracción administrativa o si se trata de una acusación por daños demostrados sobre la salud de los pacientes que se hayan implantado estas prótesis”.

El juez ve indicios suficientes para imputar a los investigados por delitos de prevaricación, malversación, alteración del precio en concursos públicos, tráfico de influencias, cohecho, omisión del deber de perseguir delitos, fraude, estafa, corrupción entre particulares, falsedad documental, contra la salud pública y blanqueo de capitales.