El juez pregunta al fiscal si encarcela a Jordi Pujol hijo

La Audiencia Nacional ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si debe citar a declarar como imputado de nuevo al hijo mayor del expresidente catalán Jordi Pujol Ferrusola, e incluso imponerle medidas cautelares como el ingreso en prisión. El juez instructor del caso Pujol, José de la Mata, ha adoptado la decisión a petición de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), que ejerce la acusación popular. UPyD defendió la necesidad de imponer medidas contra el primogénito para “evitar que destruya pruebas o esconda sus bienes”.

Hasta ahora, la investigación del caso Pujol estaba dividida entre la Audiencia Nacional y un juzgado de Barcelona, que indagaba el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra a raíz de la confesión del expresidente (julio de 2014). La semana pasada, la juez se inhibió en favor de De la Mata al considerar que las dos causas “guardan una estrecha relación entre sí”. El hijo mayor está imputado en ambas y por los mismos delitos. En el procedimiento de Barcelona también lo están sus padres —el expresidente catalán Jordi Pujol y su mujer, Marta Ferrusola— y tres de sus hermanos (Marta, Mireia y Pere).

Con toda la instrucción ya en sus manos, De la Mata ha pedido a la fiscalía que se pronuncie sobre si considera necesario volver a citar a Pujol hijo para que declare, de nuevo, ante la Audiencia Nacional. En su primera declaración, explicó que cobró millones en distintas asesorías a empresarios. En Barcelona, por su parte, detalló que el dinero oculto en Andorra procedía de un legado que su abuelo, Florenci Pujol, dejó a su madre y a sus hermanos.

Conseguidor de mordidas

 Los investigadores descartan esa hipótesis y creen que el dinero procede, en realidad, del cobro de comisiones ilegales a cambio de la adjudicación de obra pública. El primogénito habría actuado como conseguidor de esas supuestas mordidas, que después repartía entre la familia. La fiscalía reprocha a los Pujol que no han aportado ningún documento que avale la realidad del legado, pero la familia alega que, precisamente por la naturaleza opaca de esos fondos —unas láminas financieras— y debido al tiempo transcurrido (Florenci murió en 1980) no disponen de papeles que lo acrediten. La investigación también atribuye al expresidente de la Generalitat la titularidad “en la sombra” de una de las cuentas en Andorra, algo que la familia niega.

 En su resolución, el juez De la Mata pide a la fiscalía que le informe sobre si debe citarle de nuevo “a fin de resolver sobre la necesidad de adopción de medidas cautelares de carácter personal”. La posición que adopte Anticorrupción no tiene por qué ser adoptada por el juez, que no obstante ha dado el paso tras una petición de UPyD en ese sentido. El pasado 19 de noviembre, el partido pidió al juez que enviara a prisión a Pujol o adoptara alguna medida cautelar contra él, como la retirada del pasaporte y la prohibición de abandonar el territorio nacional. UPyD cree que existe riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, dos de los motivos que justifican el ingreso en prisión provisional de un imputado.

Pese a que ya declaró en el juzgado de Barcelona como imputado —y que, tras la acumulación de la causa, mantiene esa condición—, el expresidente catalán podría tener que declarar ante la Audiencia Nacional. La fiscalía, por ahora, no ha realizado ninguna petición al respecto. En su primera declaración, Pujol se desmarcó del legado de su padre Florenci y aseguró que solo pretendía crear una “hucha” para que su familia tuviera el futuro asegurado.